El alcalde de O Pino logró en seis horas seis informes para el polígono

La cronología de las decisiones adoptadas por el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, el 21 de junio de 2007 servirá al juzgado de Arzúa para determinar si el regidor del PP infringió la ley o, simplemente, aceleró los trámites para agilizar el polígono industrial que la inmobiliaria Fadesa promueve en este ayuntamiento cercano a Santiago.

Taboada llamó desbroce a la tala masiva que Fadesa realizó sin licencia

En el mismo juicio la promotora admitió haber talado cientos de árboles

Dando por buena la versión del regidor, a primera hora de ese jueves -el mismo día en que expiraba el plazo de exposición al público del proyecto de urbanización-, el servicio de Correos entregó en el registro municipal tres alegaciones distintas de particulares contra el parque industrial. Y a partir de ese momento, según las diligencias previas instruidas por el juez, el Ayuntamiento de O Pino, con problemas de personal y escasez de técnicos funcionarios, se convirtió en un modelo de eficacia administrativa poco frecuente en la gestión municipal.

En apenas seis horas, entre las nueve y las tres de la tarde, el gobierno de O Pino requirió al equipo redactor del plan, la consultora Singla Ingeniería SL, con domicilio en A Coruña, un informe que esta empresa remitió, según el alcalde, a lo largo de la mañana. Al mismo tiempo, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento elaboró otro dictamen por escrito que avaló la viabilidad del polígono. Y la Secretaría Municipal emitió tres veredictos más, todos favorables al proyecto de Fadesa. Como los anteriores, un sexto informe externo encargado al bufete Roibás Vázquez abogados, también con fecha 21 de junio, desestimó las alegaciones vecinales.

Con toda esa documentación en su poder, el visto bueno del equipo redactor del planeamiento y los avales de la secretaría municipal y el arquitecto contratado por el ayuntamiento, el alcalde de O Pino acordó esa mañana la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del polígono industrial. Y fue minutos después, según el propio regidor, cuando éste recibió una orden de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura que anuló el permiso -que este mismo organismo había dictado meses antes-, imprescindible para convalidar el plan parcial del polígono. La resolución de la Xunta, que Taboada dijo haber recibido después de estampar su firma en el proyecto de urbanización -lo contrario implicaría un delito de prevaricación- reclamaba una prospección arqueológica para comprobar si el espacio delimitado para las naves industriales invade la traza original del Camino de Santiago.

Hasta que los técnicos de Patrimonio determinen la ubicación exacta de la ruta, las obras quedaron finalmente suspendidas en una parcela de 400.000 metros (del millón que ocupará el polígono industrial), tras aceptar parcialmente la consellería un recurso presentado por el ayuntamiento. Con el permiso municipal en vigor, las máquinas trabajaron desde entonces en los otros 600.000 metros cuadrados hasta que, a principios de abril, otra orden de Medio Ambiente decretó la paralización de los trabajos, tras una denuncia del Seprona que reveló desvíos en cauces de arroyos como consecuencia de las obras. A la espera de los recursos presentados por el gobierno local contra la Xunta, el proyecto permanece estancado.

Pero el acondicionamiento de las parcelas de O Pino había comenzado mucho antes incluso de que la obra contase con la preceptiva licencia municipal. Entre enero y junio de 2007, Fadesa acometió la tala indiscriminada de cientos de árboles sin permiso del ayuntamiento.

La deforestación de cerca de un millón de metros cuadrados la explicaron ante el juez el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, y el representante de Fadesa en el noroeste de España, José Antonio Suárez Fernández. Cada uno a su manera. En su declaración como imputado, el regidor alegó que la inmobiliaria no había hecho una corta masiva, sino "labores de desbroce en el marco de un convenio con Medio Rural para evitar incendios, dada la cercanía del aeropuerto".

En su comparecencia también como imputado en el juzgado de Arzúa, el directivo de Fadesa sí admitió la tala de masas arbóreas, encargada a una subcontrata y que, según el directivo, "no tuvo relación alguna" con la prevención de fuegos. El representante de la constructora reconoció además que Fadesa no pidió permiso al Ayuntamiento, tal y como obliga la ley del suelo, y que pese a ello, nadie del gobierno local le pidió paralizar las obras.