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miércoles, 9 de abril de 2008

440 vacantes en residencias públicas con 17.000 ancianos en lista de espera

La Comunidad deriva a los solicitantes a los centros de mayores privados

Las cifras no casan. Hay 17.000 mayores en lista de espera para conseguir entrar en una residencia pública o privada con plazas concertadas. Y casi medio millar de esas codiciadas camas permanecen vacantes desde hace meses en centros públicos.

Según el recuento realizado con ayuda de trabajadores y comités de empresa en cinco de las 25 residencias públicas, hay 440 camas que no se ocupan. Mientras, según los sindicatos, esperan unos 17.000 mayores. La Comunidad se niega a dar datos de plazas vacantes y de personas que demandan una, pese a ser solicitados por este periódico.

EL PAÍS comprobó que hay más de 70 plazas inutilizadas de las 617 de la residencia pública González Bueno, en Tres Cantos, la de mayor capacidad de la región. Y trabajadores de la residencia cercana Nuestra Señora del Carmen denunciaron que tienen más de 150 vacantes en su centro, con 525 plazas. En la Gran Residencia, en Carabanchel, con 360 plazas, los empleados aseguran que hay 90 camas libres en un ala remodelada. Son tres ejemplos, pero se trata de las tres residencias más grandes de Madrid. Los sindicatos aseguran que lo mismo ocurre en la residencia Arganda del Rey, con casi 100 vacantes, y en la Francisco Vitoria, en Alcalá de Henares, con 35. Todas ellas públicas.

La Consejería de Asuntos Sociales niega la mayor: "No hay vacantes". Un portavoz se limitó a decir que "no existe cómputo de lista de espera". Pero el Servicio de Bienestar Social, que dirige Carlos Pérez, tiene una Subdirección de Coordinación y Regulación de la Demanda, en la Dirección General del Mayor, que se dedica a eso. UGT y CC OO achacan el descuadre y la falta de contratación de personal a una estrategia de privatización de la Comunidad.Paloma vivía hasta hace unos días, como esas otras 17.000 familias de la lista de espera, la desesperación de quien necesita que atiendan a un familiar, en este caso a su madre, impedida. Pero su caso es aún más sangrante. Ella es auxiliar de enfermería y trabaja en la residencia González Bueno, donde sabe que hay más de 70 plazas vacantes. Tras solicitar una para su madre, se ha encontrado con que Asuntos Sociales la envía a una residencia privada: GERIASA, en Brunete, con 260 plazas. "No la pienso dejar ir allí porque conozco cómo funcionan las empresas privadas dando este servicio", dice Paloma, que es una auxiliar interina y que ha recorrido ya varias residencias. "Pero, ¿cómo es posible?", se pregunta.

La consejería, que dirige Gador Ongil, sigue sin responder y sin dar explicaciones ante este tipo de situaciones. Según los sindicatos, no se trata de un caso aislado. "Están derivando a la privada a los solicitantes de las plazas".

"No contratan a nadie"

Según los responsables sindicales de Asuntos Sociales, donde ya empiezan a sonar tambores de huelga, están confluyendo varios factores: "Por un lado, existe una tendencia hacia la privatización del servicio desde que en 1996 dejaran de construirse residencias nuevas y todas las plazas se conciertan con privadas". Según los datos que aparecen en el programa de Atención a Personas Mayores de los presupuestos Generales de la Comunidad para 2008, para esta legislatura sólo tienen previsto mantener 2.170 plazas "en residencias propias", y 13.082 privadas y subvencionadas. Madrid cuenta con 20.689 camas para mayores en residencias, un tercio de ellas (8.745) públicas.

"La impresión general, aparte de la nefasta gestión, es que quieren privatizar este servicio", dicen las mismas fuentes. "Y nos están estrangulando a base de falta de personal: no contratan a nadie, no cubren las bajas ni las suplencias y la gente se va o se pide bajas constantemente porque no puede con el trabajo", explican.

Paloma lo avala con su ejemplo: "Estamos cinco para 48 ancianos que requieren todo tipo de cuidados, de noche sólo dos, y en fin de semana tres". "Por eso hay esa huida de auxiliares a los hospitales y esas carencias en las residencias", explican los sindicatos. Desde la Consejería el planteamiento es: "Si están tan mal nuestras residencias, ¿por qué la gente se mata por entrar?".

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