Cinco patronos de la Fundación Balenciaga dimiten en plena crisis
El ministerio y el Ayuntamiento de Getaria designan nuevos apoderados
En plena crisis de la Fundación Balenciaga, con acusaciones cruzadas sobre prendas desaparecidas o regaladas bajo mano, su patronato, que presiden los Reyes, se reunió ayer en Madrid. Ni el Ministerio de Cultura, principal patrono institucional, ni los responsables de la propia fundación quisieron dar la menor información oficial. La cita arrancó a mediodía en el Museo del Traje de la capital y muchos miembros del patronato delegaron su voto.
El patronato de la fundación se reúne en Madrid con total hermetismo
"Lo ideal es empezar de nuevo", afirma uno de los dimisionarios
En la reunión presentaron su dimisión cinco patronos individuales: Juan Ignacio Uria, Federico Oria, Mari Cruz Galatas,Javier Letamendia y Luis Chillida. Todos ellos habían puesto ya sus cargos a disposición de la institución el pasado 18 de febrero y sus dimisiones se materializaron ayer.
"Lo lógico es que el Ministerio de Cultura, que es quien estaba aportando la financiación, decida en estos momentos cómo seguir adelante con el proyecto", señaló Chillida a EL PAÍS. "Lo ideal es empezar de nuevo con el proyecto y, si después quieren que volvamos, yo encantado de apoyar. En este momento lo importante es que se hagan una serie de cambios para que siga adelante de la mejor manera posible. Yo he depositado toda mi confianza en el ministerio", añadió.
El departamento que encabeza César Antonio Molina guardó silencio total bajo el argumento de que la fundación es privada y que su participación en ella es la de un miembro más. El ministerio y el Ayuntamiento de Getaria son los únicos patronos institucionales. Ambas instituciones nombraron también dos nuevos apoderados en la institución, según pudo saber este periódico. Aurora Sotelo es la representante ministerial.
Tampoco Sonsoles Díaz de Rivera, vicepresidenta de la fundación y presidenta en funciones en ausencia del presidente, el modisto Hubert de Givenchy, accedió a informar sobre la reunión: "No voy a hacer ninguna declaración. Se hará cuando haya un nuevo patronato".
El hermetismo más absoluto y la confusión derivada rodean en estos momentos cualquier extremo relativo a la situación de la fundación, afectada por la investigación en marcha en la Fiscalía de San Sebastián sobre las supuestas irregularidades de su anterior secretario general, el ex alcalde de Getaria por el PNV Mariano Camio.
Su sustituto, Mariano Cabrera, dimitió también el 18 de febrero de modo irrevocable de su cargo y de su condición de patrono. Cabrera fue el encargado de presentar la denuncia contra Camio y ha mantenido discrepancias después con el nuevo equipo ministerial. Su único compromiso desde entonces es colaborar con la Ertzaintza y con la fiscalía, señaló ayer.
El ministerio retiene la subvención de 1,4 millones correspondiente a 2007 hasta que la fiscalía se pronuncie. También ha considerado insuficiente la información remitida por el equipo que tomó el relevo a la marcha de Camio. Esa posición del ministerio ha terminado por sumir a la fundación en una situación económica insostenible, hasta el punto de que algunas personas se hicieron cargo de comprar tóner para las impresoras o sufragar los gastos de viajes de trabajo.
En la plantilla de la fundación permanecen en estos momentos sólo tres de las siete personas contratadas. Las otras cuatro tienen sus contratos suspendidos por un expediente de regulación temporal de seis meses. Entre estos últimos se halla la conservadora y firmante del informe sobre la desaparición de prendas de la fundación, Miren Arzalluz.
Las "salvedades" en las cuentas de la sociedad
La consejera de Cultura, Miren Azkarate, señaló ayer que la sociedad Berroeta Aldamar, integrada por el Gobierno vasco, la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Getaria, aprobó sus cuentas de 2006 "con un montón de salvedades". La sociedad es la encargada de la construcción del Museo Balenciaga y su gerente era Mariano Camio, investigado por la Fiscalía de San Sebastián por presuntas irregularidades.
La consejera realizó esa declaración en una entrevista en el programa de ETB Pásalo. En ella indicó que, tras descubrirse las irregularidades en marzo de 2007, "se adoptaron las primeras medidas cautelares", aunque no precisó si entre ellas se incluía la dimisión de Camio.
Azkarate añadió que la sociedad Berroeta Aldamar pagó a las empresas adjudicatarias de "distintos lotes" de las obras, porque era "de justicia que cobrasen lo que les correspondía por el trabajo que ya habían realizado".
La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, denunciante inicial del caso en el Parlamento, solicitó ayer que el Gobierno envíe a la Cámara las cuentas de la sociedad Berroeta Aldamar correspondientes a 2006. El Ejecutivo, la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Getaria tienen un informe externo sobre la gestión de esa sociedad, que el PP ha pedido también en el Parlamento, sin que el Ejecutivo lo haya enviado desde diciembre. Azkarate se ampara en la salvaguarda de la investigación de la fiscalía para retenerlo.
La consejera insistió ayer en la conveniencia de guardar "discreción" y dar a la fiscalía donostiarra "tiempo para analizar" la documentación que se le ha hecho llegar. Azkarate censuró la actitud del PP por "airear" informes que obran en poder del fiscal, en referencia al que el miércoles dio a conocer parcialmente el parlamentario popular Borja Sémper sobre la desaparición de fondos del Gobierno cedidos a la fundación. Azkarate se mostró confiada en que la cuestión se aclare antes del próximo noviembre, cuando vence la cesión.
También reprochó al PP que el Ministerio de Cultura adquiriese, cuando lo dirigía Pilar del Castillo, una colección de Balenciaga y no la destinase a la fundación, siendo patrono de ella, sino al Museo del Traje de Madrid.
