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lunes, 10 de diciembre de 2007
La trama de los sobornos en la capital

Concejales y cargos ordenaron acelerar expedientes de licencias en Madrid

La base de datos de la Concejalía de Medio Ambiente recoge recomendaciones por escrito para dar "prioridad" y "adelantar" más de 100 permisos

La Operación Guateque, el mayor caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, sigue bajo secreto sumarial. EL PAÍS ha tenido acceso a la base de datos de la concejalía de la que partieron las principales irregularidades para agilizar licencias de bares, restaurantes y salas de fiesta

Numerosas recomendaciones de altos cargos y concejales a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid para agilizar determinados expedientes figuran recogidas por escrito en la documentación -más de 3.390 historiales administrativos- sobre la que ha puesto una lupa la investigación judicial del caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en la capital en toda su historia democrática.

EL PAÍS ha tenido acceso a una documentación que permite analizar pormenorizadamente los expedientes tramitados, en la Concejalía de Medio Ambiente, cuartel general desde el que se organizaron la mayoría de las irregularidades destapadas por la investigación policial y judicial. Fuentes cercanas a Medio Ambiente señalan: "Había hosteleros que se hacían tan pesados que se les adelantaba el expediente para no oírlos más. Pero, en otros casos, se les daba prioridad porque llegaban instrucciones de arriba, sin más", admiten.

En el Departamento de Medio Ambiente se produjo entre 2005 y 2007 -periodo que comprende la documentación a la que ha tenido acceso este periódico- un goteo de llamadas y avisos de varios concejales y altos cargos municipales pidiendo que se diese "prioridad" o se "adelantasen" expedientes de bares, restaurantes y salas de fiestas. Así lo revelan anotaciones hechas por los propios funcionarios de Medio Ambiente en la base de datos de los 3.390 expedientes que tramitó este departamento entre el 1 de enero de 2005 y el pasado 13 de noviembre. "Prioridad director general"; "prioridad concejal de Tetuán"; "se adelanta por escrito del concejal..."; "prioridad gerente JM [junta municipal] Salamanca"... Al menos en 131 expedientes analizados figura ese tipo de recomendaciones, y en al menos 11 casos son los concejales los que supuestamente dan la orden de priorizar o adelantar un expediente. En la mayoría de los casos, el técnico encargado de la tramitación de la licencia es Victoriano Ceballos, un funcionario al que colocó a dedo el PSOE -es cuñado de un ex concejal socialista- y que está encarcelado como supuesto cabecilla de la trama.

La base de datos no acredita que las órdenes de los superiores sean fruto de intereses ilícitos, matizan fuentes cercanas a Medio Ambiente. "Pero lo cierto es que llamaban o pasaban notas: una veces justificadas; y otras, no", señalan.

Las diligencias que instruye el juez de Madrid Santiago Torres sobre la trama de corrupción continúan secretas. El juez investiga, de momento, 187 expedientes. Básicamente, se ha centrado, por ahora, en aquellos que son mencionados por los implicados de la Operación Guateque en las conversaciones telefónicas que les interceptó la Guardia Civil.

Pero no es descartable, al hilo de las decenas de denuncias de empresarios hosteleros que han empezado a llegar a su juzgado, que Torres solicite todas las licencias del periodo investigado: desde enero de 2005 hasta el pasado noviembre.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, indicó al estallar este escándalo que, con los datos que había en la causa en ese momento, no cabía hablar de "conexiones políticas". Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, incluido el PP, que gobierna el municipio, han aprobado la creación de una comisión de investigación que depure responsabilidades sobre lo ocurrido. Casi todos los encausados están presos porque sus nombres son mencionados en conversaciones en las que se oye a funcionarios -principalmente, al supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos Fernández- hablar del cobro de comisiones a cambio de acelerar o retrasar informes medioambientales, necesarios para lograr una licencia.

Un análisis de los 3.390 expedientes revela cómo algunas licencias se tramitaban en cuestión de semanas y otros tardaban más de un año. Con una precisión: adelantar un expediente supone una alteración en los turnos y saltarse otros más antiguos.

"Yo soy Medio Ambiente"

Este periódico ha constatado, de entre las 3.390 licencias tramitadas en los últimos dos años, que lo que se indica en la base de datos es falso en al menos tres casos. Tres hosteleros consultados al azar han reconocido que pagaron comisiones a Victoriano Ceballos. Uno le dio 2.000 euros; otro, 6.000, y el tercero, 2.500. No han querido facilitar sus nombres. Se observa que sus expedientes han sido aprobados sin pegas pese a que ellos admiten que sus negocios no cumplen la "estricta normativa para nuevos locales".Coinciden, además, en que sus expedientes, a partir del momento en que pagaron a Ceballos, se resolvieron con gran celeridad. En uno de los casos, el hostelero tardó apenas una semana en obtener la luz verde medioambiental; en los otros, algo más de un mes. Lo habitual es que se tarde más de un año.Los funcionarios de Medio Ambiente, entre ellos los tres encarcelados, se repartían las áreas: locales de hostelería y salas de fiesta, demoliciones de edificios... Lo concerniente a restauración lo tramitaba Ceballos, que figura en casi todas las licencias relacionadas con esta actividad. "Yo soy Medio Ambiente", era la frase preferida de Ceballos cuando algún hostelero le planteaba problemas medioambientales para abrir su establecimiento. Ceballos era un especialista en resolver licencias. Veía el local, comprobaba que no reunía los requisitos y comentaba: "No cumples esto, ni esto ni esto. Pero, tranquilo, se puede resolver. Cuesta 3.000 euros". No decía que el dinero fuese para él: insinuaba que era para otro funcionario. De la noche a la mañana solventaba problemas que constituían verdaderos quebraderos de cabeza para otros. Por ejemplo, la posibilidad de colocar más mesas de las permitidas fuera del local. Si el Ayuntamiento sólo permitía 20 mesas, él conseguía un papel oficial autorizando el doble o el triple.A estos hosteleros le asombra la tranquilidad con que un funcionario les pedía dinero. Es más, daba sin rubor tarjetas con su correo electrónico, fax y teléfonos en los que localizarle en su puesto de trabajo: el departamento de evaluaciones ambientales del Ayuntamiento.

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