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miércoles, 17 de octubre de 2007

El fiscal pide 7 años y medio por cinco muertes en un geriátrico de Massamagrell

Las víctimas estaban en la enfermería encerradas bajo llave y una de ellas atada

El 28 de junio de 2006 un incendio acabó con la vida de cinco enfermos internados en la enfermería de la residencia San Lorenzo de Brindis, en Massamagrell. Las víctimas estaban sin vigilancia, encerradas bajo llave, una de ellas atada con correas a la cama. El incendio se produjo por una anomalía eléctrica en el cable del compresor del colchón sobre el que estaba la persona atada por las muñecas y los tobillos. La investigación ha concluido y el fiscal solicita siete años y seis meses de prisión a cada imputado: el dueño de la residencia, su hijo, el director, y el médico.

El fiscal acusa por homicidio imprudente y fija en 120.000 euros las indemnizaciones

La responsabilidad civil directa corresponde a las aseguradoras Ocaso y Agrupación Mutual Aseguradora. La subsidiaria, siempre según el escrito de acusación del fiscal, a la sociedad Residencial Mas Grell, S.L., mercantil propiedad de uno de los acusados y dedicada a la explotación de centros residenciales, vacacionales y de tercera edad.

La fiscalía dirige su acusación contra Alberto Martínez Beneyto, propietario de la residencia y de la mercantil Residencial Mas Grell, S.L., Alberto Martínez Moreno, hijo del propietario "con categoría de administrativo ejerciendo de facto las funciones de director cuando su padre no estaba; Juan Felipe García Navarro, director de la residencia; y José Vicente Alfonso Aquilino, médico del centro".

Según consta en el escrito del fiscal, "los acusados habían tomado el acuerdo de que cuando los enfermos se encontraran en la enfermería de la residencia y no estuviera con ellos ninguna persona, se debía cerrar con llave la puerta que une la enfermería con el pasillo".

El 28 de junio de 2006 había cinco internos en la enfermería: Vicente Juan San Feliu tenía 50 años, padecía una parálisis cerebral que le obligaba a estar permanentemente en cama, no tenía movilidad. Martina González Charandier, de 55 años, padecía una enfermedad llamada Corea de Huntington con deterioro intelectual e imposibilidad de moverse. En otra cama, estaba Manuel Porta López, de 65 años. Tenía diagnosticada una oligofrenia epiléptica que también le restaba movilidad. Alberto Martínez, padre del dueño de la residencia, ocupaba otra de las camas de la enfermería. Tenía 82 años. Y el quinto interno en esa dependencia era David Hernández Maravillas, de 30 años. Padecía un trastorno de la personalidad y un retraso mental leve. David, según relata el fiscal, había tenido aquel día una tarde violenta y "había sido sedado por el médico y atado a la cama con correas ajustadas a las muñecas de sus brazos y tobillos de sus piernas". A las 19.20, David, aún estando sujeto, consiguió, moviéndose, "desplazar la cama y coger el cable eléctrico que alimentaba el compresor de aire a presión que se encontraba funcionando conectado al colchón antiescaras colocado en la cama y, ante alguna anomalía eléctrica, se desencadenó un sobrecalentamiento por resistencia que provocó la ignición del aislante del cableado que, al estar entre las sábanas y el colchón, produjo el incendio en la enfermería". Murieron abrasados. No tuvieron escapatoria. La entonces consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, negó en el lugar de los hechos que los enfermos estuvieran encerrados bajo llave. La investigación de bomberos y policías demostró lo contrario. Pero la autonomía de la Residencia y del médico en las decisiones respecto a la adecuada atención a los pacientes exime a la Administración de responsabilidad. El fiscal recoge en su escrito: "En el momento de producirse el incendio, los enfermos se encontraban en la enfermería sin vigilancia alguna y con la puerta de la misma cerrada con llave. Todos los acusados eran sabedores de que cuando se dejaba a los enfermos en la enfermería con la puerta cerrada no se encontraban vigilados por ninguna persona".

Para el ministerio fiscal, los hechos son constitutivos de cinco delitos de homicidio imprudente, le pide a los cuatro imputados un año y seis meses de cárcel por cada uno de ellos, un total de siete años y seis meses, y una indemnización solidaria y conjunta de 120.000 euros a los herederos de David Hernández, de Juan San Feliu y de Manuel Porta. Los familiares de las otras dos víctimas no reclaman. Para todos los casos, la responsabilidad civil directa corresponde a las compañías Ocaso S.L. y Agrupación Mutual Aseguradora, y la responsabilidad civil subsidiaria de la sociedad Residencial Mas Grell S.L.

Nueve muertos y cinco heridos

La residencia de Massamagrell evidenció que muchos centros calificados como geriátricos albergan a enfermos mentales, que faltan inspectores y que se han sucedido irregularidades por faltas de medidas de seguridad. De hecho, la propia San Lorenzo de Brindis tenía sólo licencia para acoger ancianos y estaba tramitando el permiso para poder albergar a discapacitados psíquicos. La tuvo provisionalmente de la mano de Alicia de Miguel al día siguiente del incendio. Y, antes, tuvo que adecuar sus dependencias a las exigencias de seguridad en casos de emergencias para personas con escasa o nula movilidad. Aún así, una decisión de la dirección del centro de acuerdo con el médico hizo que el día del incendio no sirvieran de nada.

En San Lorenzo de Brindis murieron cinco internos, pero en los últimos dos años, la cifra alcanza los nueve. El 13 de septiembre de 2005 falleció una mujer de 91 años en una residencia de ancianos de Carlet. La muerte se produjo al incendiarse su habitación por causas que aún se desconocen. Su compañera de cuarto, de 87 años, sufrió quemaduras de segundo grado en el 3% de su cuerpo.

El 28 de junio 2006 tuvo lugar el siniestro más dramático: las cinco víctimas del incendio de Massamagrell.

El 5 de mayo de ese mismo año, cinco personas de entre 70 y 80 años ingresaron en el hospital de Requena tras sufrir una leve intoxicación al declararse un incendio en la residencia de mayores Los viñedos de Utiel.

El 26 de octubre de 2006, la treintena de mayores que se alojaban en la residencia La Saleta de la urbanización Campo Olivar (Godella) fueron alojados en el porche del edificio tras detectarse un conato de incendio al final de la tarde. Resultó una falsa alarma por un error en el sistema de detección.

Un incendio provocó la alarma y el desasosiego entre el centenar de ancianos acogidos en la residencia El Verger, el pasado 21 de febrero. Según informó la Consejería de Bienestar Social, el fuego se declaró al filo de las 20.30 en la sala de actividades del geriátrico. Y, el pasado 30 de mayo un incendio en la Residencia Reyes Católicos de Utiel causaba la muerte de tres ancianos: un hombre de 71 años y dos mujeres, una de 84 años y otra de 100 años. Un juzgado de Requena ultima la investigación sobre lo ocurrido.

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