La Xunta pide autorización judicial para inspeccionar una finca de la familia Franco

La Xunta de Galicia, que preside el socialista Emilio Pérez Touriño, solicitó ayer a un juzgado coruñés autorización para realizar una inspección del Pazo de Meirás, la propiedad de la familia Franco que fue donada al caudillo, en plena Guerra Civil, por instituciones y empresarios franquistas en nombre del "pueblo de A Coruña". El Gobierno autónomo decidió dar este paso después de que, el 30 de agosto, los herederos del dictador negasen a un equipo de la Consejería de Cultura el acceso al interior del singular castillo, del siglo XIX.

Por otra parte, el grupo de IU-ICV en el Congreso ha presentado una proposición no de ley instando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a recuperar para el patrimonio público español los bienes "expropiados" por el dictador.

Los herederos afrontan una multa de 60.000 euros por impedir el paso a los técnicos

La negativa de los Franco a dejar entrar a los técnicos de la Xunta al Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, les ha acarreado ya la apertura de un expediente sancionador, toda vez que el pazo figura registrado como Patrimonio Cultural de Galicia. El Gobierno gallego alega que la inspección es imprescindible para "evaluar el estado de conservación y mantenimiento del pazo así como para investigar y estudiar si reúne las condiciones y características necesarias para declararlo Bien de Interés Cultural", una figura jurídica de mayor valor.

Hace más de un año que la Consejería inició la preparación de esa declaración. La propia hija del dictador, Carmen Franco Polo, aceptó por escrito, el pasado 19 de enero, la solicitud de la Xunta. "Tendré mucho gusto", afirmó en esa misiva, "en facilitar el acceso al pazo a la Dirección General de Patrimonio a los efectos de comprobar su estado de conservación, que procuré que fuese el correcto". Pero los descendientes de Franco fueron aplazando la inspección y, al final, la impidieron cuando hace diez días se presentaron ante las puertas del pazo una arquitecta, un arqueólogo y una historiadora del arte enviados por Cultura.

Un abogado de la familia les cerró el paso y les informó de que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Xunta. La resolución del conflicto depende ahora de un juez. Los herederos claman por la inviolabilidad del domicilio, mientras la Xunta subraya que sólo pretende "efectuar una inspección de carácter técnico, salvaguardando el derecho a la intimidad de los propietarios". La visita al interior del pazo y sus jardines, un dominio de más de seis hectáreas, "se realizará de la forma menos restrictiva y gravosa posible, limitándose los técnicos al estrictamente indispensable".

De ello depende que se pueda declarar el pazo bien de interés cultural (BIC), lo que obligaría a abrirlo al público cuatro días al mes e impondría rigurosas medidas de conservación. Los Franco -que se enfrentan a una multa de hasta 60.000 euros por impedir el acceso de los técnicos- tendrían, a cambio, derecho a subvenciones públicas para mantener la propiedad si ésta es declarada BIC.

Por otra parte, el grupo de IU-ICV ha presentado una proposición no de ley "sobre la expropiación del patrimonio del Estado que pasó a titularidad privada durante la dictadura", e insta al Gobierno a devolver a esos bienes su carácter público. "Parte del Patrimonio del Estado ha pasado a formar parte del patrimonio particular de esta familia [los Franco], pudiéndose producir, de facto, una apropiación indebida de bienes públicos", sostiene la proposición. Por eso, IU-ICV quiere que el Ejecutivo "aborde todo tipo de actuaciones administrativas" con el fin de recuperar "todas y cada una de las propiedades patrimoniales que hubiera recibido el anterior jefe del Estado durante la Dictadura Franquista, con independencia de que hoy se encuentren en manos de sus herederos o que hayan sido enajenados por anteriores Gobiernos predemocráticos o sus familiares y que, por tanto, sean propiedad privada en general".