La Audiencia Nacional sentencia la legalidad del acuerdo de Arcachon
Dice que el Gobierno español actuó conforme a derecho al prorrogarlo
El Gobierno central actuó conforme a derecho cuando prorrogó en 2003 el acuerdo de Arcachon, que permite el intercambio con Francia de cuotas de anchoa en el Golfo de Vizcaya por otras de merluza, rape, gallo y bacalao, según una sentencia dictada por la Audiencia Nacional. El tribunal desestima así el recurso interpuesto por las cofradías de pescadores de Guipúzcoa y Vizcaya y da la razón al Ministerio de Agricultura y Pesca.
La resolución recuerda que los ministerios español y francés de Agricultura y Pesca firmaron un acuerdo en 1992 por el que España cedía al país vecino todos los años 6.000 toneladas de anchoa, cantidad ampliada posteriormente a 9.000 toneladas, a cambio de pequeñas cuotas de pesca de otras especies.
Transcurridos diez años de vigencia de dicho tratado -conocido como Acuerdo de Arcachon por haberse firmado en la localidad francesa de la zona Atlántica-, el Gobierno español decidió prorrogarlo en marzo de 2003, en vista de que los representantes del sector de ambos países no se ponían de acuerdo. El titular de Agricultura y Pesca era entonces Miguel Arias Cañete, del PP.
Capacidad del Estado
Las cofradías de pescadores de Guipúzcoa y Vizcaya, con el respaldo del Gobierno vasco, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra este pacto, cuyas condiciones calificaron de "humillantes", al tiempo que aseguraron que iba en contra de los intereses de los pescadores de bajura del Cantábrico español. De hecho, los arrantzales siempre han argumentado que gracias a este acuerdo los pescadores franceses han podido desarrollar una flota de la anchoa de la que carecían, con la que les han hecho la competencia.
La resolución dictada ahora por la Audiencia Nacional, y que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, señala que es perfectamente posible que la Administración española cediera cuota de sus posibilidades de pesca y que ello está amparado por los reglamentos comunitarios. Y rechaza que haya habido una expropiación forzosa de derechos de las cofradías, ya que no existe un derecho "patrimonializable" cuyos titulares sean las asociaciones de pescadores.
El actual Ministerio de Agricultura y Pesca, en manos del PSOE, se mostró satisfecho por la sentencia, porque reconoce la capacidad del Estado para llevar a cabo los citados intercambios de pesca por el bien general, según apuntaron fuentes ministeriales. En cualquier caso, apuntaron que, en la medida en que la pesca de la anchoa está cerrada por la escasez de la especie, el acuerdo de Arcachon no tiene en estos momentos efectos prácticos.
