La retirada de cargos contra dos presos deja en el aire los tribunales de Guantánamo

Con una sola palabra -ilegal-, el simulacro de justicia puesto en práctica por la Administración de Bush en Guantánamo puede quedar en suspenso de forma indefinida. Lo que no significa que ni un solo preso vaya a ser liberado. Dos magistrados declararon el lunes no tener jurisdicción para juzgar a dos acusados de crímenes de guerra que estaban considerados como "combatientes enemigos" cuando bajo la Ley de Comisiones Militares que rige en Guantánamo desde 2006 deben ser catalogados como "combatientes enemigos ilegales".

Creía el presidente que su triunfo en el Congreso en octubre de 2006 le daba carta blanca para encausar a los 385 prisioneros confinados en la base naval en territorio de Cuba. Bush se dotó de la llamada Ley de Comisiones Militares, que autorizaba al Gobierno a establecer "el uso de comisiones militares para juzgar a combatientes enemigos ilegales comprometidos en actividades hostiles a EE UU".

Bush se vio forzado a un vaivén de negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca y tuvo que intervenir en el embrollo de Guantánamo después de que el Supremo en junio de 2006 fallase contra los tribunales establecidos por el Pentágono por considerar que violaban la Constitución y el derecho internacional.

Y así se llegó a la polémica ley de 2006, aquella que levantó ampollas en todo el mundo al apañar que los "enemigos ilícitos" no podían acogerse a los principios de protección de la Convención de Ginebra y podrían ser juzgados por tribunales militares, aunque fueran civiles.

El caos desatado ayer entre magistrados y abogados militares en Guantánamo tiene que ver con la sección 948 de esa ley, que trata sobre la jurisdicción que los tribunales militares estadounidenses tienen sobre estos combatientes ilícitos. En la ley se dice que "las comisiones militares bajo este capítulo no tendrán jurisdicción alguna sobre enemigos combatientes lícitos".

Con la Ley de Comisiones Militares, el camino para juzgar por crímenes de guerra a los arrestados en Guantánamo estaba franco. Pero una cuestión semántica es ahora la que asesta un nuevo revés a la Administración de Bush a la hora de juzgar a sus presos fantasmas. Prácticamente la totalidad de quienes ocupan las celdas de Guantánamo fueron con anterioridad catalogados como "combatientes enemigos" (en la definición está implícito el término "lícito") en el momento de ser trasladados a la base. Lo que los jueces argumentaron el lunes a la hora de desestimar los cargos contra los acusados fue que "el subsecretario de Defensa publicó una orden que definía a los enemigos combatientes como 'individuos que fueran parte o apoyaran a los talibanes o a Al Qaeda". Sin lugar a dudas, según los dos jueces que desestimaron los cargos, estos requisitos se pueden aplicar a los dos acusados: Salim Ahmed Hamdan, considerado el chófer de Osama Bin Laden, y Omar Khadr, detenido a los 15 años en Afganistán tras matar a un sargento norteamericano cuando luchaba con los talibanes.

Las definiciones pueden parecer algo meramente lingüístico. No lo son. Hay muchas diferencias. Como que los combatientes considerados "lícitos" pueden obtener la protección de la convención de Ginebra y no pueden ser retenidos indefinidamente. Otra gran diferencia está en quién juzga a los detenidos. Según la ley de 2006, los tribunales militares juzgan a los combatientes "ilícitos" y las cortes marciales, en las que se aplica la Convención de Ginebra, a los "lícitos".