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Un juez confirma las irregularidades en una de las edificaciones denunciadas en Basauri

La sentencia anula la licencia de 20 viviendas que superaban la edificabilidad permitida

Un juez ha concluido que en la edificación de 20 viviendas que permanecen inacabadas en la céntrica plaza Arizgoiti de Basauri se han cometido graves irregularidades. En este caso, fue el propio Ayuntamiento de la localidad vizcaína el que inició el proceso. En junio de 2005, la Alcaldía denunció los hechos ante la Fiscalía y paralizó la obra, acusando al arquitecto municipal. Poco antes, había puesto en conocimiento del ministerio fiscal irregularidades en otras 35 viviendas levantadas en la zona de Kanda Landaburu, que se encontraban ya ocupadas por sus propietarios.

El Ayuntamiento culpó de todas estas anomalías al arquitecto jefe de los servicios municipales, Fernando Garaizar, a quien hace un mes el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao imputó en un auto por un presunto delito contra la ordenación del territorio en la promoción de ambos edificios residenciales.

Los vecinos que en 2003 dieron la primera señal para la compra de las 20 viviendas en litigio reclaman la reanudación de las obras para poner fin a la situación en que se han visto atrapados. PSE-EE, PP y EA consideran que, si hubo irregularidades, fue porque la concejal delegada de Urbanismo no las evitó en su momento y, junto a EB, piden al alcalde -el peneuvista Rafael Ibargüen, que no vuelve a optar al cargo- una solución para los compradores, que no tienen culpa alguna de su situación. La constructora Azkuenaga Bustinza S.L., por su parte, ha anunciado ya que recurrirá la sentencia del tribunal de lo contencioso, al igual que posiblemente lo hará también el abogado del arquitecto acusado.

El dictamen judicial respalda uno por uno los argumentos técnicos sobre la situación irregular de este bloque defendidos por la Alcaldía, dado que considera "acreditadas" las conclusiones de una auditoría externa encargada por el Ayuntamiento sobre estas viviendas. El estudio, elaborado por el profesor de arquitectura de la UPV Alberto Zulueta, determina que en la construcción de las casas de Arizgoiti se utilizó el estudio de detalle para aumentar la edificabilidad del solar en un 6,22% (hasta los 1.137 metros), cuando para ello se debería haber modificado el plan general. Además, hubo un exceso de edificabilidad geométrica de un 38,03% (hasta los 3.675 metros cuadrados) y la edificabilidad bajo rasante se elevó en un 97,96%. También apunta que la construcción hizo desaparecer un pequeño patio recogido en el plan general y tampoco respetó la disposición inicial del edificio.

La iniciativa de revisar los expedientes de las viviendas de Arizgoiti y Kanda Landaburu, partió de la concejal delegada de Urbanismo, Jasone Valle (PNV), que comenzó a sospechar de la actuación. La primera edificación auditada fue la de Kanda Landaburu. Entre otras infracciones, el profesor Alberto Zulueta advertía de que se había hinchado la edificabilidad desde los 3.600 metros cuadrados previstos en el plan general hasta los 6.937,06 metros cuadrados señalados finalmente en el estudio de detalle.

Restablecer la legalidad

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En sendos informes emitidos meses después, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi anuló el estudio de detalle de ambos bloques, pero más tarde avaló sus respectivos estudios de reparcelación. La inseguridad jurídica del edificio de Arizgoiti ha aumentado aún más tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso, que anula la licencia de obras que en su día concedió el Ayuntamiento a la promotora.

Valle reconoce que la posibilidad de llegar a un acuerdo con las familias que compraron esas 20 viviendas es más complicada tras el fallo judicial. Sin embargo, apunta que el consistorio podría buscar una solución para estos residentes siempre que se restableciera la legalidad y el daño causado al patrimonio municipal. En cualquier caso, no se arrepiente de haber paralizado estas obras. "¿Cómo no iba a hacerlo, si es algo que lo exige la ley?", indica. La delegada de Urbanismo pide mayor responsabilidad al resto de los partidos que le culpan de no haber impedido que se edificara mal en Basauri: "Hasta hace poco, decían que las irregularidades no eran para tanto y, ahora que hay sentencia, arremeten contra mí".

Desde el PSE-EE, su secretario general en Basauri, Iñaki Egaña, recuerda que los permisos de obra ahora anulados por el juez fueron otorgadas por el alcalde y la delegada de Urbanismo, que cinco años después decidieron recurrirlos. El representante de EB, Arturo Muñoz, añade que la licencia de construcción fue concedida a la promotora tras un proceso en el que el Consistorio dio su visto bueno a una docena de documentos y trámites administrativos. Al igual que el edil de EA, Muñoz aboga por modificar el plan general para que sus propietarios puedan mudarse cuanto antes a estos pisos.

El arquitecto y los políticos

Jesús Muñiz, abogado del arquitecto imputado, reitera la inocencia de su cliente y recalca que, de haber irregularidades en la construcción, éstas resultarían "subsanable", porque serían atribuibles a diferencias de interpretación de los planes urbanísticos.

El letrado subraya que todos los informes firmados por su cliente fueron también avalados por juristas, técnicos municipales y políticos, y pide que sea investigado el patrimonio del acusado para determinar que no se ha lucrado con estas actuaciones. "Si las irregularidades han sido tan graves y tan evidentes, no sé por qué nadie las ha visto antes", espeta. En todo caso, advierte de que las anomalías graves en una construcción conducen de manera irrevocable al derribo del inmueble, según el reglamento de disciplina urbanística.

La sentencia ha hecho cundir aún más el desánimo entre los compradores de los pisos, que en su mayor parte tuvieron que vender su casa anterior para hacer frente a la nueva hipoteca y ahora se ven en la calle. Algunos han vuelto a vivir con sus padres, mientras que otros residen en pisos prestados y hay quien ve agotarse su sueldo en el pago del alquiler actual y del crédito puente. Todos ellos abogan porque se modifique el plan general para regularizar la situación del inmueble.

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