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Tribuna:

Mayo de 1937

En mayo de 1937 las calles de Barcelona se tiñeron de sangre y tragedia. Se saldaron allí, en apenas cuatro días, del 3 al 7 de ese mes, algunos de los principales conflictos que arrastraba la República desde el comienzo de la Guerra Civil, agravados por la constante cosecha de fracasos militares y por la desunión política en el Gobierno, en el frente y en la retaguardia. El POUM fue liquidado, Francisco Largo Caballero, presidente del Gobierno hasta ese momento, se quedó sin apoyos y los anarcosindicalistas vieron cómo se aceleraba la pérdida de su poder político y armado. Desplazado Largo, Juan Negrín iba a ser el hombre de la República hasta el final de la guerra.

Barcelona proporcionó el escenario idóneo para esa confrontación. Era una ciudad alejada del frente, símbolo de la revolución de la CNT. Tenía características políticas muy peculiares: un Gobierno autónomo con notable influencia de los republicanos de izquierda, un poderoso movimiento anarquista, un partido comunista que controlaba a la UGT y un minúsculo partido revolucionario marxista, el POUM, enemistado a muerte con los comunistas. En su economía pesaba mucho la producción industrial, por cuyo control se había desatado una encarnizada pugna entre el sindicalismo revolucionario, la UGT y la Generalitat. Contaba asimismo con una alta densidad de población, con decenas de miles de refugiados.

Tampoco faltaban armas, abundantes armas, que lucían las diversas fuerzas de policía, los militantes de las diferentes organizaciones políticas, los ex milicianos que las habían llevado desde el frente. Estaban también los provocadores, de uno u otro signo, españoles y extranjeros, metidos por todas partes, desde la policía al POUM, que no habían creado por sí solos esa situación explosiva pero eran los primeros en tener la cerilla preparada para hacerla estallar. Atmósfera caliente, en fin, la de aquella Barcelona de la guerra, mucho más caliente que la de otras ciudades de la retaguardia republicana.

Los primeros intercambios de disparos se oyeron el 3 de mayo. El dirigente de Esquerra Artemi Aiguader, consejero de Seguridad de la Generalitat, ordenó ese día a Eusebio Rodríguez Salas, recién nombrado comisario general de Orden Público, que ocupara el edificio de la Telefónica en la plaza de Cataluña, en poder de la CNT desde julio de 1936. Allí llegaron tres camionetas de fuerzas de asalto. Sitiaron el edificio y fueron recibidos a tiros por algunos militantes de la CNT que se encontraban dentro. Corrió la voz de que se había iniciado un ataque armado contra la CNT, contra uno de los símbolos del poder conquistado unos meses antes en la lucha contra los militares sublevados. Acudieron anarquistas armados en ayuda de los sitiados. Las barricadas volvían a la ciudad. Detrás de ellas, y frente a las fuerzas de seguridad, socialistas y comunistas, se encontraban antiguos milicianos que se habían negado a incorporarse al nuevo ejército, jóvenes libertarios, anarquistas de la FAI y militantes del POUM.

Largo Caballero convocó urgentemente al Gobierno, que residía entonces en Valencia. Se acordó enviar una delegación con dos de los ministros anarquistas, García Oliver y Federica Montseny, y con algunos dirigentes de la CNT y de la UGT. Como las palabras no iban a bastar, salieron para Barcelona cerca de cinco mil guardias. Todos los intentos de negociación resultaron infructuosos y los sangrientos combates continuaron durante los días 5 y 6. En la tarde del 7, la normalidad, según George Orwell, testigo de aquellos hechos, "era casi absoluta". Los guardias de asalto llegados desde Valencia, ayudados por militantes del PSUC, ocuparon la ciudad y acabaron con las últimas resistencias. Se dio por oficial la cifra de cuatrocientos muertos y mil heridos.

Restablecida la "normalidad", quedaba por resolver una más que probable crisis de Gobierno que venía anunciándose desde la caída de Málaga en febrero, una pérdida importante para la República que incitó a los comunistas a criticar abiertamente la dirección militar de la que Largo Caballero era su principal responsable político. Largo Caballero, decían los comunistas, no era el hombre apropiado para poner unidad en el campo republicano ni orden en la retaguardia, y tampoco para ganar la guerra. Ésa era también, en mayo de 1937, la opinión de los republicanos y de los socialistas de Indalecio Prieto.

Manuel Azaña decidió encargar al socialista Juan Negrín la formación del nuevo Gobierno, del que fueron excluidos la CNT y la UGT. A Negrín no lo nombraron los comunistas, como han repetido muchos, tratando de mostrar que, tras haber entregado el oro a Moscú, era un vendido al comunismo y a la Internacional. Lo nombró Azaña, que era, como presidente de la República, quien tenía esa potestad y lo hizo porque consideraba que Negrín, hombre culto y nada revolucionario, era la persona idónea para acabar con la indisciplina y el "desbarajuste" en la retaguardia, para restablecer la autoridad del poder de la República en Cataluña y para forzar la paz con ayuda del exterior. Porque Azaña creía, y lo creyó prácticamente desde el principio, que la República no podría ganar la guerra y que la única salida posible era una mediación internacional.

El otro asunto pendiente que dejó mayo de 1937, qué hacer con el POUM, se resolvió de forma rápida y expeditiva. Se acusó a la 29 División de abandonar el frente, acusación que los comunistas venían haciendo desde febrero de 1937, y el 16 de junio se detuvo a su jefe militar, José Rovira. La 29 División fue disuelta y reorganizada y los militantes del POUM acabaron perseguidos y torturados. Peor le fue a Andreu Nin, raptado, "desaparecido" y asesinado.

Andreu Nin, antiestalinista y antiguo secretario de León Trotski en Moscú, había sido consejero de Justicia de la Generalitat hasta mediados de diciembre de 1936, cuando el POUM, acosado ya por el creciente PSUC, fue separado del Gobierno catalán y arrinconado políticamente. El 16 de junio de 1937, a la vez que se declaraba ilegal al POUM, Andreu Nin, su secretario político, fue detenido en Barcelona por un grupo de policías que lo trasladaron a Madrid y después a la prisión de Alcalá de Henares. Pese a estar vigilado por miembros de la Brigada Especial de la Dirección General de Seguridad, fue secuestrado el 21 y asesinado, en fecha todavía desconocida, por agentes de los servicios secretos soviéticos en España, dirigidos por el general de la NKVD, Alexander Orlov. Su cadáver nunca apareció. Además de Nin, también fueron secuestrados y desaparecieron otros trotskistas extranjeros como los periodistas Kurt Landau y Mark Rein y José Robles Pazos, amigo del novelista John Dos Passos.

Esa violencia política en la retaguardia, que se saldó con varios asesinatos políticos, más los centenares de muertos que dejaron las luchas en las calles de Barcelona en mayo de 1937, era la mejor prueba de que la República tenía un grave problema en su desunión interna, un verdadero obstáculo para ganar la guerra. La perdieron los republicanos, finalmente, por el desequilibrio de las fuerzas materiales de los dos bandos, por la política de no intervención de las potencias democráticas, por la intervención de la Alemania nazi y de la Italia fascista, porque Franco tenía a las tropas mejor preparadas del ejército español. Pero también, por el fraccionamiento político y las disputas que siempre acompañaron a la República. Las grietas, como se comprobó en mayo de 1937, eran profundas, un abismo de desconfianza y división muy difícil de salvar.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de mayo de 2007