La ley del Patrimonio Histórico declara la guerra a las antenas

La colocación de antenas, rótulos publicitarios, mobiliario urbano, torres de energía y de telecomunicaciones en los entornos de los monumentos deberá contar con el permiso de la Consejería de Cultura de la Junta. Esta es la principal novedad en materia de protección contemplada en el proyecto de ley de Patrimonio Histórico que ayer aprobó el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento.

La nueva ley sustituirá a la ahora vigente de 1991 y se adapta a la ley de Ordenación Urbanística de la comunidad de 2002. En su tramitación han trabajado, además de Cultura, otras cuatro consejerías (Obras Públicas, Medio Ambiente, Innovación y Economía y Hacienda).

La norma declara la guerra a las instalaciones que afean los bienes de interés cultural de la comunidad, de manera que, por primera vez, la colocación de antenas, paneles solares o carteles publicitarios deberá contar con la autorización de la Consejería de Cultura.

La consejera Rosa Torres destacó que la "contaminación visual" por estas instalaciones afecta especialmente a los entornos de los castillos y torres vigías. La ley de Patrimonio obligará a los ayuntamientos con inmuebles protegidos a incluir en sus ordenanzas municipales medidas para evitar el impacto visual negativo.

En cuanto a los parques eólicos, el proyecto no hace una mención expresa, aunque Torres aseguró que Cultura emitirá informes con carácter preceptivo.

El texto aprobado por el Gobierno unifica en un sólo catálogo las figuras de proyección existentes, tanto las estatales (Bienes de Interés Cultural y Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español) como las dos autonómicas (Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de Catalogación Específica), las cuales también se unifican en una sola categoría.

También se crea una nueva categoría denominada de Zona Patrimonial que protegerá lugares por su valor paisajístico y ambiental. Torres explicó que la ley alude a lo que denominó como "el patrimonio intangible" con relación al flamenco y el patrimonio industrial.

La ley también prevé la creación de un cuerpo de inspectores y se elevan hasta un millón de euros (ahora es de 600.000 euros) las sanciones por casos de infracciones muy graves que podría ser más si esa cantidad resulta inferior al beneficio obtenido por el infractor.

Respecto a las actividades arqueológicas, se incluye la obligación, contemplada ahora en normas inferiores, de que las excavaciones previas a la construcción de edificios alcance el mismo nivel del subsuelo al que llegue la obra. Para evitar los expolios, el carácter de dominio público afectará a todos los bienes arqueológicos, incluidos los encontrados antes de la entrada en vigor de la ley. El uso de aparatos para buscar restos requerirá autorización.

A preguntas de los periodistas, Torres valoró la actuación de la Iglesia católica en la conservación de edificios protegidos, aunque le "gustaría que el esfuerzo fuera mayor". La Junta financia con 25 millones la rehabilitación de edificios barrocos propiedad de la Iglesia muy deteriorados.