Rigor, transparencia y eficacia en la cooperación

La ética, transparencia y buenas prácticas son imprescindibles en la cooperación al desarrollo. Primero, porque hay que ser extremadamente escrupulosos con todo aquello que tiene que ver con el dinero público, y segundo, lo que es si cabe más importante, porque en el mundo todavía existen 1.200 millones de personas que pasan hambre y porque es un deber moral de todos contribuir a la consecución de un planeta más igualitario y justo.

Este Gobierno es el primer interesado en la nitidez en las acciones de cooperación, tanto públicas como de las organizaciones no gubernamentales, una transparencia que ayuda a garantizar la mayor eficacia de la ayuda, que, junto al aumento de fondos, debe ser perseguida. Y es que no sólo es importante el incremento presupuestario, sino también saber si la ayuda ha llegado a quien queríamos que llegara y si los proyectos cumplen los objetivos. En resumen, conocer si contribuimos a un verdadero desarrollo y progreso de los pueblos. Por todo ello, la Administración es también la primera que tiene la obligación de redoblar los mecanismos de evaluación.

Estos mecanismos permiten detectar y corregir una hipotética conducta irregular

Desde el inicio de esta legislatura, el Gobierno está empeñado en colocar la lucha contra la pobreza en la prioridad de la agenda política. También en mejorar la coordinación de los agentes de la cooperación y en ahondar en la eficacia de la ayuda y por tanto en la transparencia de la gestión de lo público. Es conveniente recordar que la Ley de Cooperación Internacional, aprobada en 1998 con el apoyo de todos los grupos del Parlamento, establece que el Estado fomentará las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Para garantizar el buen empleo de los recursos entregados y, lo que es igual de importante, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, la cooperación española se ha dotado de un nuevo marco regulatorio muy riguroso, al amparo de la Ley General de Subvenciones. Básicamente consiste en el análisis exhaustivo de los proyectos que las ONGD presentan a subvención, asegurando que reúnen los requisitos de calidad técnica, que se complementan con otras acciones de la cooperación y que son viables. Una vez concedida la subvención, decisión adoptada por un órgano colegiado de la AECI, presidido por su secretario general, en el que también participan representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, todos los proyectos en ejecución quedan sometidos a un estricto control de seguimiento, técnico y económico.

Además de esto, las subvenciones a las ONGD quedan sujetas al control de la Intervención General de la Administración del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, y, por supuesto, al del Tribunal de Cuentas.

Aun con todo esto, el Gobierno quiso ir aún más lejos y en 2005 aprobó un proceso de calificación de ONGD sin precedentes con el objeto de garantizar que las organizaciones que quisieran construir una alianza para trabajar conjuntamente con la Administración pudieran hacerlo. Las organizaciones candidatas a esta colaboración y financiación plurianual deben cumplir con 79 criterios, que incluyen cuestiones como la presentación de la auditoría de sus cuentas, la democracia en su funcionamiento, su relación con las organizaciones locales, cumplir con los pagos a la Seguridad Social o la de la contratación a los cooperantes de acuerdo a la normativa vigente, (información disponible en la web de la AECI).

Todos estos mecanismos puestos en marcha por la Administración permiten detectar y, en su caso, corregir una hipotética conducta irregular. Si se produjera alguna anomalía en el uso de los fondos públicos o la ONG no cumpliera los objetivos previamente planificados, la AECI actuaría inmediatamente pidiendo, por ejemplo, la devolución de la subvención.

Es de justicia señalar que quienes entendieron primero la necesidad de establecer estos mecanismos de control y transparencia fueron las propias ONGD, tan interesadas como la Administración en mantener el buen nombre de un sector que hace una labor encomiable y que complementa la actividad de las distintas administraciones públicas en la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano. No es casual que el propio sector se haya dotado de un Código de Conducta y que realice un esfuerzo permanente en favor de la transparencia y la eficacia de su labor, con independencia de que se someta o no a análisis adicionales, sin duda valiosos, pero no los únicos.

Son 1.100 las ONGD registradas en la Administración Central -a las que hay que añadir las que lo están sólo en las comunidades autónomas-. Sería erróneo, además de injusto, que se vean perjudicadas por las recientes noticias sobre la investigación abierta a miembros de dos de ellas. La Justicia debe depurar responsabilidades porque ahí ganaremos todos. Los controles funcionan, y funcionan bien. No hay que bajar la guardia, y así lo estamos haciendo, porque, como señalé, el rigor y la transparencia en la lucha contra la pobreza son exigencias si cabe más importantes que en otros ámbitos.

No quiero acabar sin recordar que mientras escribo estas líneas, antes y después, cientos de cooperantes españoles en zonas como Sudán, Colombia, Sierra Leona o Indonesia llegan donde en muchos casos no hay otras instituciones, tejiendo oportunidades y administrando la solidaridad de un pueblo como el nuestro, cada día más exigente. Acercar a la sociedad esa realidad, darla a conocer, es también apostar por la transparencia.

Leire Pajín Iraola es secretaria de Estado de Cooperación Internacional.