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El Gobierno y el PSE apuntalan su pacto presupuestario con otra ley fundamental

Los socialistas respaldan al final la norma de Aportaciones a cambio de financiación local

El Gobierno logró ayer sacar adelante en la Cámara con el respaldo del PSE la Ley de Aportaciones, que distribuirá los recursos entre Ejecutivo y diputaciones hasta 2011. El PP y EHAK votaron en contra. Esta votación es la reválida, a dos meses de las elecciones, del acuerdo presupuestario firmado por el Gobierno y los socialistas en diciembre. El PSE comprometió su apoyo a esta ley a cambio de más financiación para los ayuntamientos, que verán crecer sus recursos más de 60 millones. La ley rebaja del 70,44% al 70,04% los ingresos del Gobierno por los tributos concertados.

Aunque el PSE amagó en febrero pasado con cuestionar su apoyo a la ley que ayer se votó, nunca hubo peligro de que la sangre llegase al río. "No vamos a entorpecer la aprobación, e incluso daremos el voto favorable si la vicelehendakari o los portavoces del tripartito responden positivamente a las cuestiones planteadas en nuestras alegaciones", anunció Miguel Buen desde su primera intervención. La ley habría pasado en todo caso, porque lo más que llegaron a barajar los socialistas fue la abstención.

El mes pasado, el PSE había dejado ver cierto recelo al pedir garantías previas para la estabilidad financiera de los ayuntamientos, para su presencia en el Consejo Vasco de Finanzas y para el envío a la Cámara del proyecto de ley Municipal, que debía haber llegado a ella en diciembre pasado.

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, ha enviado después un anteproyecto de ley Municipal a Eudel que incluye la entrada de los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas con tres representantes y sólo voz o voz y voto, según les conciernan directamente o no los asuntos que se traten.

Ello bastó para que los socialistas se diesen ayer por satisfechos, aunque Buen advirtió a la vicelehendakari de que a su partido le chirría "el concepto centralista de la ley cuando dice que los ayuntamientos son entes sujetos a las diputaciones". "Esto se carga de facto la autonomía de los municipios garantizada por la Constitución", dijo, aunque dio por hecho que el Ejecutivo está a favor de ella y le pidió que lo demuestre cuando lleve el proyecto de ley Municipal a la Cámara. "No puede existir dependencia institucional entre municipios y diputaciones, porque son independientes y tienen competencias específicas. Sus relaciones sólo pueden ser de colaboración". Del mismo modo que se materializó el previsible apoyo socialista se dejó ver la clara desconfianza del PP. Éste ya se vislumbró en la abstención de la Diputación alavesa cuando se debatió el acuerdo en el Consejo vasco de Finanzas, pese a que su responsable, Ramón Rabanera, reconoció que el acuerdo alcanzado en el mismo daría "estabilidad" y no quiso dejar los 26 millones adicionales que suponía para Álava.

Pese a ello, el popular Antón Damborenea sostuvo ayer que las diputaciones salen perdiendo, en particular la alavesa, que tendrá menos dinero aunque recaude más. "Se la manda eternamente al Fondo de Solidaridad", afirmó, ironizando con la casualidad de que se trate de "la única Diputación que no gobierna el tripartito".

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Damborenea negó también que la ley mejore la financiación municipal, porque la fía a la buena voluntad de las instituciones forales. También EHAK mantuvo su oposición y pidió la devolución de la ley bajo el argumento de que no potencia la autonomía local. "Aumenta el poder del Gobierno vasco y la dependencia de los entes forales y municipales", dijo su portavoz, Itziar Basterrika.

El texto presenta como principal novedad una ligera modificación del coeficiente vertical, que establece el reparto de recursos recaudados por los tributos concertados entre el Gobierno y las diputaciones. El Ejecutivo recibía hasta ahora el 70,44% de todo lo recaudado y con la nueva ley pasará a disponer del 70,04%.

Otra novedad del proyecto es el aumento del Fondo de Solidaridad, que pasa del 0,75% al 1% del total de recursos tributarios y la creación de un nuevo ajuste a la recaudación del IVA que se redistribuirá en función de los coeficientes horizontales.

El consejero Javier Balza (sentado) habla durante el pleno con el parlamentario del PNV José Antonio Rubalkaba.
El consejero Javier Balza (sentado) habla durante el pleno con el parlamentario del PNV José Antonio Rubalkaba.PRADIP J. PHANSE

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