Vitoria rechaza irregularidades en el cobro del IAE a bancos y empresas

El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, y su concejal de Hacienda, Javier Maroto, calificaron ayer de falsa la acusación de un funcionario del propio consistorio, que les ha denunciado ante la fiscalía Anticorrupción por no cobrar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a 18 bancos y alguna empresa. Anticorrupción no vio materia para intervenir y trasladó la causa a la fiscalía alavesa, que la envió a un juzgado de instrucción de Vitoria, que analiza ahora los hechos. Los impagos ascienden a 2,4 millones, según el denunciante.

El inspector de tributos Antonio Cuerda denunció el pasado 20 de septiembre a Alonso y a su concejal de Hacienda por un presunto delito de prevaricación al entender que han dejado que prescriban deudas por el IAE originadas de 1998 a 2001, según adelanta la revista Dato Económico. La denuncia fue presentada ante la fiscalía Anticorrupción, que seis días después dió traslado del expediente a la Fiscalía de la Audiencia de Vitoria "pues los hechos a los que se refiere por su naturaleza y alcance resultan ajenos" a sus competencias.

La causa está ahora en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, cuya titular, Beatriz Román, ha solicitado todos los expedientes y actas sancionadoras, además de una explicación al Ayuntamiento. Antes de decidir si abre un proceso o archiva la denuncia, la juez ha solicitado al alcalde que ofrezca la versión del consistorio. Alonso mantuvo ayer en su explicación la misma tesis que ofrecieron tanto el director de Hacienda, Iñaki Diez Unzueta, como el concejal Maroto.

El Ayuntamiento recibió la competencia de la inspección en IAE a través de un convenio con la Diputación en 2001.

Recursos de los bancos

Maroto explicó que, en consecuencia, no son válidas las inspecciones anteriores. Las inspecciones, en todo caso, no se centraban en el IAE troncal que afecta a los bancos por su tipo de negocio, sino a un epígrafe concreto, el 842, referido al asesoramiento fiscal que prestan los bancos para cumplimentar las declaraciones de la Renta de sus clientes, un criterio por el que el consistorio considera que debe cobrar a las entidades de crédito.

El Ayuntamiento asegura que las inspecciones posteriores al año en que recibió la competencia siguen en los juzgados porque las entidades financieras las recurrieron. Todavía no existe una decisión judicial, "pero en cualquier caso ninguna de ellas ha prescrito como para hablar de trato de favor", sostuvo Maroto.

Iñaki Díez Unzueta aseguró que "todos los contribuyentes pagan lo que deben pagar sin excepción". Ni las 18 entidades financieras ni la empresa citada en la denuncia, Michelin, "han tenido ningún trato de favor y nunca han dejado de pagar los recibos que debían", subrayó.

El Impuesto de Actividades Económicas echó a andar en 1992, y en 1997 los ayuntamientos comenzaron a solicitar las competencias sobre su inspección, ya que hasta ese momento sólo podían recaudarlo. Esta competencia les llegó en 2001.