Un técnico se desdice del informe que avaló construir más chalés en Vitoria
Los funcionarios no respaldan las decisiones en dos urbanizaciones
Uno de los dos técnicos municipales que avalaron el informe por el que se autorizó la construcción de siete chalés en una parcela donde sólo había superficie para seis reconoció ayer, ante la comisión que investiga irregularidades urbanísticas, en Vitoria que "no lo volvería a firmar". El jefe de Servicio de Zona Rural sólo se responsabiliza del párrafo redactado por él mismo, pero no del resto del documento.
El otro firmante de la autorización, el arquitecto adscrito al Servicio de Régimen Jurídico de Edificaciones, que había realizado dos informes negativos previos, declaró ayer que en éstos se había confundido.
La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Vitoria para esclarecer presuntas irregularidades en dos urbanizaciones de la ciudad cerró ayer las entrevistas a funcionarios vinculados con los casos. Y lo hizo con sendas declaraciones que revelan procedimientos irregulares: tanto en la concesión de licencia de construcción para siete chalés en una parcela del barrio de Ali que en principio sólo podía acoger seis, como en el aumento en 54.000 euros de cada una de las 24 viviendas bioclimáticas de precio tasado que se levantaron en Ibaiondo.
En el caso de Ali, la comisión preguntó a los autores del último informe, que avalaba la concesión de la licencia de edificación otorgada por el director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santamaría. Ese documento se incluyó en el expediente tras la denuncia que realizó el concejal de EA, Antxón Belakortu, de posibles irregularidades, ya que existían varios informes negativos previos.
Uno de los firmantes del informe aprobatorio fue el Jefe de Servicio de Zona Rural, que compareció ayer a puerta cerrada, como el resto de los convocados. Según algunos de los miembros de la comisión, este técnico declaró que no volvería a firmar ese documento. Asumió como propio un párrafo, pero no se hizo responsable del resto, que justifica la construcción de siete casas. "Firmó en la confianza de que sus compañeros obraban con rectitud, sin leerlo, dada la urgencia con la que se lo pidieron", explicó uno de los miembros de la comisión. "Por eso, ahora se retracta".
El otro firmante, el arquitecto del Servicio de Régimen Jurídico, considera que se equivocó en sus dos primeros informes negativos, realizados con datos del Departamento de Urbanismo. En cambio, se ratificó en el informe aprobatorio, basado en los planos de la empresa promotora. Cuando lo firmó, año y medio después de que el director de Urbanismo concediera la licencia, las viviendas ya estaban construidas.
En cuanto a los chalés de Ibaiondo, el arquitecto de la Oficina de Paisaje Urbano declaró que no se puede justificar el sobreprecio por su condición de bioclimático. "Ha venido a decir que, si se hubieran atendido sus recomendaciones, la construcción habría sido menos costosa", señaló uno de los miembros de la comisión. El sobreprecio de 54.000 euros por casa autorizado por el Ayuntamiento se basó en el supuesto coste adicional de los elementos bioclimáticos.
Sólo "ruido", según el alcalde
La comisión de investigación encara la recta final, después de que sus miembros hayan escuchado a los funcionarios vinculados con los dos casos. Las primeras conclusiones descubren el divorcio entre los trabajadores y los responsables políticos de ese departamento, el concejal Jorge Ibarrondo y el director Antón Sáenz de Santamaría. "Va quedando claro que en Ali se tomaron decisiones en contra de los técnicos, y que en Ibaiondo no se cuenta con datos objetivos que respalden el sobreprecio que se impuso de espaldas al pleno municipal", resume uno de los miembros de la comisión.
Después de seis sesiones, quedan otras cuatro, hasta el próximo 2 de marzo. Se cumple el calendario que estableció el presidente de la comisión, el concejal Unai Grajales, del PNV, con el fin de que la comisión no se solapara con la campaña de las municipales. Restan por comparecer el síndico de Vitoria; el director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santamaría; el concejal de ese área, el popular, Jorge Ibarrondo, y el alcalde Alfonso Alonso.
El alcalde calificó ayer de "ruido preelectoral" la comisión de investigación, que, según dijo, se "esfumará" como todas las demás que ha intentado la oposición. Los demás partidos consideran muy preocupantes los hechos descubiertos. "Cada comparecencia acerca un poco más a los juzgados al concejal de Urbanismo", señalaron fuentes del grupo socialista. "Se pone de manifiesto el doble circuito que hay en el Ayuntamiento: por un lado, la ventanilla para los ciudadanos y, por otro, el despacho del concejal, para los elegidos". Se ha conseguido el enfrentamiento entre los trabajadores del departamento, apuntaron concejales del PNV.
