El Consejo Insular de Mallorca prohíbe nuevos planes urbanísticos en Andratx

En el municipio mallorquín de Andratx se vive una situación de emergencia y excepcionalidad urbanística. Desde el 27 de noviembre, cuando estalló el escándalo de corrupción, se detuvo al alcalde, al celador de obras y al ex jefe de urbanismo, y fueron imputados dos arquitectos y un letrado municipal, el bloqueo de la Administración local es más que evidente. Por eso, el Consejo Insular de Mallorca, que controla las competencias urbanísticas en la isla, decidió ayer por unanimidad suspender el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, lo que impide conceder licencias para nuevos proyectos urbanísticos.

La Fiscalía Anticorrupción se incautó de la mayor parte de los archivos documentales sobre obras y cerca de un centenar de licencias y certificados de construcciones para respaldar su acusación sobre los delitos cometidos por el ex alcalde y el celador municipal de obras. Durante semanas, el Área de Urbanismo ha estado sellada por orden judicial y no se han tramitado licencias.

El juez instructor examina más de 1.000 expedientes de obras de los últimos siete años para sustentar los casos apuntados en el sumario. Los notarios, registradores y el colegio de arquitectos cooperan en la revisión de la trayectoria urbanística de este famoso municipio turístico.

La máxima autoridad en urbanismo, la Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca decidió ayer por unanimidad la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana de Andratx y abrir una puerta para que el Ayuntamiento decida, en dos días, la suspensión de licencias y trámites de grandes obras. Una y otra instancia, la insular y la local, asumen el riesgo de colapso, pero consideran prioritario dictar medidas excepcionales para evitar desmanes. Esta decisión está pendiente de ser refrendada por el pleno del Consell insular.

La suspensión del plan no afecta a los permisos para acometer obras menores de reforma y rehabilitación. La suspensión de licencias es una medida cautelar que se puede alargar por un periodo máximo de dos años y que no altera los proyectos que ya están en marcha o que tienen concedida autorización. El presidente de la Comisión de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, explicó que la decisión tomada ayer tardará unos tres meses en entrar en vigor, pues el Ayuntamiento de Andratx tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones y, posteriormente, será sometida a revisión.

Asunción de competencias

Vicens ha asegurado que "sería más fácil y más coherente" que fuera el Ayuntamiento de Andratx el que aprobara la suspensión de licencias, "ya que esta institución podría hacerlo en 24 horas y se evitaría que se concedieran algunas licencias por silencio administrativo". El Ayuntamiento pidió de nuevo ayer que sea el Consell de Mallorca el que asuma todas las competencias urbanísticas del municipio porque el Área de Urbanismo del municipio "no tiene margen de maniobra".

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, tiene la facultad para decidir en dos días la moratoria de licencias. En el caso de que no asumiera esta responsabilidad, el Consell debería emprender un trámite más lento, con consulta al Consejo Consultivo y exposición pública.

El PP de Mallorca calificó anoche de "emergencia" y de "caos jurídico" la situación por la que atraviesa Andratx y su Ayuntamiento, y reclamó al Consell insular que asuma de inmediato todas las competencias urbanísticas.

Andratx se ha convertido en un paradigma del urbanismo salvaje. Este municipio de gran interés turístico y residencial mantiene unas normas urbanísticas muy poco exigentes y que datan de 1976. La supuesta corrupción que los fiscales y el juez examinan ahora apunta a una presunta connivencia del alcalde y responsable de Urbanismo -a la vez constructor y promotor- con empresarios locales.