Clandestinidad en democracia

Es probable que la mañana del sábado 20 de enero algún viajero en clase turista del AVE 09667 que circulaba de Sevilla a Madrid advirtiera un fenómeno extraño: decenas de hombres que ocupaban los vagones vestían un pantalón verde oliva, además de zapatos negros, y ocultaban bajo sus jerséis una camisa igualmente verde. Se trataba de guardias civiles procedentes de varias localidades de Andalucía. Todos ellos llevaban en una bolsa el triqui (tricornio) y la chaqueta, según las instrucciones recibidas. Acudían a la concentración convocada en la Plaza Mayor por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el sindicato verde. El acto contaba con los permisos de rigor, pero todos eran conscientes de que acudir con el uniforme iba a tener repercusiones no sólo porque significaba un incumplimiento de las normas disciplinarias sino por sus efectos mediáticos. Casi todos los periódicos llevaron a su portada al día siguiente la imagen de varios miles de guardias civiles uniformados. A los altos mandos militares se les indigestó el desayuno.

En 10 años se han producido 17.000 bajas psicológicas y 438 intentos de suicidio

La sorpresa provocada el 20 de enero ha sido un éxito más en la difícil trayectoria de esta organización y es una prueba no sólo del grado de concienciación de sus afiliados sino también de su capacidad organizativa. Así, el 20-E entra en los anales de una larga lucha reivindicativa que mantiene desde hace 12 años un sindicato que no está reconocido como tal pero que cuenta con 24.700 afiliados sobre un colectivo de casi 70.000 guardias civiles. A ciertos efectos, la AUGC es un sindicato clandestino, hecho paradójico si se tiene en cuenta que todo su historial se ha desarrollado en democracia. No dispone de locales dentro de dependencias de la Guardia Civil, carece de miembros liberados, no puede negociar mejoras económicas ni convocar una huelga, pero cuenta con una ejecutiva, unos delegados regionales y una organización puramente sindical incluidas las denominaciones, desde el secretario general hasta la recién creada secretaría de la mujer.

Sin ayudas oficiales, con la única aportación económica de los 72 euros que paga anualmente cada afiliado, el sindicato verde dispone de un local, un servicio de prensa, varios canales de comunicación a través de Internet y la asistencia de 40 abogados repartidos por toda España. "Todas nuestras conquistas las hemos conseguido a golpe de sentencia", dice Alberto Moya, secretario de asuntos jurídicos.

La lucha de este sindicato se ha desarrollado en condiciones muy adversas, con una oficialidad dispuesta a reprimir todas sus acciones a golpe de Código Militar. Los expedientes, los arrestos, los desplazamientos a otras unidades, la denegación de ascensos han llovido sobre quienes se han atrevido a exigir derechos laborales en medio de un entorno militar. "Yo sé que desde que estoy en este sindicato no puedo cometer el más mínimo error en mi trabajo. No puedo llegar ni cinco minutos tarde", explica Marimar Garrido, que trabaja en criminalística y es responsable de la secretaría de la mujer. Dos de los históricos de este sindicato ya no están en la Guardia Civil. El sargento José Morata, responsable del primer foco asociativo en Valencia en 1994, fue expulsado y trabaja en un quiosco de prensa en Benicàssim (Castellón). Fernando Carrillo, líder del sindicato hasta hace tres años, está retirado y tiene una consulta como psicólogo. Ambos asistieron emocionados al 20-E.

Algunas de las denuncias de este sindicato pueden parecer insólitas en un país democrático: se han producido 17.000 bajas psicológicas en los últimos 10 años, 438 intentos de suicidio (uno cada diez días, un ratio que supera ampliamente las estadísticas del Cuerpo Nacional de Policía o las Fuerzas Armadas), 4.000 bajas por motivos psicológicos antes de la edad reglamentaria, 356 condenas por tribunales militares, más de 200 ingresos en prisiones militares y 46.900 guardias expedientados, de los cuales 32.000 han sufrido arrestos. El origen de sus reivindicaciones nace de la aplicación del Código Militar a un cuerpo que actúa como policía civil. El sindicato no exige la desmilitarización sino la aplicación de un nuevo régimen disciplinario y la regulación del derecho de asociación profesional.

Ambas demandas figuran en el programa electoral del PSOE. El 22 de enero de 2004, el entonces jefe del Grupo Socialista, Jesús Caldera, hoy ministro de Trabajo, intervino en una asamblea en Madrid para decir que "quien ha negado la reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil, ha negado el asociacionismo y no ha mejorado las condiciones salariales ni laborales de los agentes, no puede ofrecer nada".

"Nos hemos hartado de hacer ruedas de prensa con diputados y altos cargos del PSOE", explica Juan Antonio Delgado, secretario de medios de comunicación. Sin embargo, llegado el PSOE al Gobierno se produjo una decisión inesperada: nombraba director general de la Guardia Civil al general Arruche. La etapa de Arruche supuso una gran decepción. El general abortó algunos tímidos avances que se habían dado en la etapa de Valdivielso. Las buenas palabras de algunos altos cargos socialistas no han generado ni un solo avance y, a estas alturas de la legislatura, los dirigentes del sindicato verde saben que no hay tiempo material para que prospere algún proyecto. Y esa ha sido la espoleta de la convocatoria del 20 de enero.

El anuncio de expedientes parece poco arsenal para erosionar la fortaleza de un sindicato que se ha fajado en la adversidad como ninguna otra organización sindical en democracia. La imagen de los 25.000 agentes de la gendarmería francesa manifestándose en París es ahora motivo de inspiración para un sindicato desengañado y que está dispuesto a todo.