Rebajas Aguirre

La ministra de Sanidad echa humo, está muy quemada con las correcciones que la incombustible presidenta de la Comunidad de Madrid ha realizado sobre la ley antitabaco, más pendiente, comentan sus críticos, de los intereses del sector hostelero que de la salud de los ciudadanos. La salud en la Comunidad madrileña ha sido y sigue siendo una materia especialmente polémica y escurridiza, desde las listas de espera, flexibles y fluctuantes, que se acortan o se alargan según el color de la óptica con que se miren, a las sedaciones, presuntamente irregulares, de enfermos terminales en el hospital Severo Ochoa que son la peor pesadilla de facultativos libres de toda sospecha que no sea la de haber aliviado los padecimientos de algunos enfermos en sus últimos días. Pesadilla de médicos y obsesión morbosa que tendría que hacerse mirar el consejero Lamela, responsable de la Sanidad autonómica y firme valedor del derecho al dolor ajeno, tan enraizado en los valores cristianos como el parto doloroso o la mortificación piadosa como camino de salvación.

Las modificaciones a la baja de la celosa ley antihumos, introducidas de refilón por el Gobierno de Aguirre, no cuadran desde luego en el marco de la legalidad nacional o internacional sobre la materia, aunque, en este caso, represente un alivio para los fumadores, empedernidos y empecatados, desalojados de sus últimos cuarteles de invierno y obligados a perpetrar su hábito a la intemperie, en la puta calle, en estos meses de fríos y de lluvias. Peor lo tienen los fumadores ingleses a los que la Seguridad Social, al más puro estilo SS, piensa desahuciar de sus quirófanos y consultas si persisten en su actitud inhaladora, aunque su enfermedad pulmonar no hay sido causada tanto por la nicotina como por la obligatoria exposición a las bajas temperaturas callejeras en sus momentos de asueto y fumeteo.

El calendario electoral fuerza a la presidenta madrileña y a su equipo de gobierno a tomar decisiones audaces y controvertidas, siempre en su irreductible línea de combate: todo lo que hagan y digan los socialistas está mal hecho y mal dicho, aunque nosotros hubiéramos hecho lo mismo en circunstancias similares, maniqueísmo en estado puro, si los de Zapatero son los malos, todo lo que de ellos provenga será malo, y como nosotros somos los buenos todo lo que proclamemos será excelente. En el tema de la ley del tabaco, los beneficiarios de la bondad gubernativa no son los ciudadanos, fumadores o no fumadores, sino los empresarios, cuanto más grandes, mejor, del sector hostelero. Al pequeño empresario, propietario de un local de menos de cien metros cuadrados, que ha podido elegir entre permitir o no permitir que se fume en su establecimiento, no le afectan las rebajas de Aguirre, o tal vez le perjudiquen, pues los fumadores de los centros de trabajo cercanos que entraban en su bar en una pausa del horario laboral, apurados y pitillo en ristre como si fueran a mojarlo en el café, ya pueden fumar en las cafeterías de empresa, que es de lo que se trataba entre otras cosas.

En su cruzada por la enseñanza privada, la sanidad privada, el transporte privado y las obras públicas privatizadas, Esperanza Aguirre sabe dónde están y quiénes son sus mejores aliados y sus peores enemigos; de estos últimos se ocupa en el fértil campo de la salud el consejero Lamela, cazador de brujas y perseguidor de espectros que de momento ha conseguido que muchos profesionales de la sanidad pública hayan vuelto a fumar. Entre cortinas de humo y juegos de sombras, contradicciones y maniobras las rebajas Aguirre son tema de fútil conversación entre electores fumadores y electores no fumadores. Los hay que defienden que se pueda fumar en las bodas pero no en los bautizos, ni en las comuniones, y no faltan los partidarios furibundos de una solución radical, a la británica, expulsar a los fumadores reincidentes de la sanidad pública y enviarlos a las tinieblas exteriores donde será el llanto y el crujir de bronquios, o a una sociedad médica privada donde la que cruje y llora es la cartera. Tal vez deberían instituir un carné de identidad por puntos que los ciudadanos irían perdiendo por cometer diversas infracciones: fumar en zonas prohibidas, hacer botellón, beber alcohol en la vía pública o cruzarla sin semáforo ni paso de cebra, no reciclar el vidrio o decir en alto palabras malsonantes.