La Junta pedirá a los jueces que cierren el centro Gran Plaza si el alcalde de Roquetas no lo hace

Si el alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), no cierra el centro comercial Gran Plaza en dos meses, la Junta de Andalucía instará a los tribunales a que ordenen la clausura de esta gran superficie, cuya licencia de apertura fue invalidada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El presidente regional, Manuel Chaves, advirtió ayer a Amat de que ya "no hay ninguna excusa" para no cumplir la sentencia del alto tribunal andaluz. "Si no actúa, es posible que esté cometiendo un delito por incumplimiento de resoluciones judiciales", consideró Chaves.

"El alcalde de Roquetas está obligado a cumplir la ley y proceder al cierre y no se puede escudar en ningún otro tipo de argumento porque desde el primer momento sabía de la ilegalidad de la apertura de ese centro", afirmó ayer por la mañana Chaves en Málaga. El presidente de la Junta fue aún más lejos y añadió que "los empresarios que se ubicaron en ese centro sabían también la presunta ilegalidad y la presentación del recurso por la Junta".

El regidor roqueteño y presidente del PP almeriense respondió al presidente autonómico por la tarde. Amat declaró a Europa Press que "son los jueces, y no Manuel Chaves, quienes tienen que decidir si hay delito o no". El alcalde subrayó que "a lo mejor" el delito "lo cometió la Comisión de Comercio Interior" cuando "dijo que no había déficit comercial y luego sí había". Amat se refería a un recurso, todavía pendiente de resolución, que presentó el Consistorio contra la Junta cuando el gobierno regional no dio luz verde al Gran Plaza alegando que había suficientes comercios en esa zona de Roquetas de Mar (66.000 habitantes).

El Ayuntamiento de Roquetas concedió en septiembre de 2000 la licencia de apertura para el Gran Plaza, promovido por el empresario Tomás Olivo, actualmente imputado en la operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Ese mismo año, un juzgado de lo contencioso de Almería dejó sin efecto el permiso de apertura al declararlo nulo. Tanto el dueño del centro comercial como el Consistorio recurrieron esta sentencia. El TSJA ha desestimado ahora los recursos.

El presidente de la Diputación de Almería, José Añez, expulsado del Partido Popular y enfrentado con Gabriel Amat, se ofreció ayer como mediador ante las instituciones para "solucionar" el problema suscitado por la sentencia que obliga a cerrar el Gran Plaza. Añez tildó de "tropelía" la actuación del alcalde de Roquetas e hizo un llamamiento a todos los partidos para "intentar salvar los puestos de trabajo" y "el buen nombre de Roquetas".

El secretario provincial de UGT en Almería, José Ginel, mostró también su preocupación por la situación de los más de 3.000 trabajadores de la superficie comercial. "Quienes menos culpa tienen en esto son los trabajadores, la mayoría de ellos eventuales. No sé si existe la posibilidad de abrir una opción de sanción económica para evitar el cierre del local. Desconozco si el legal o viable esta posibilidad" reconoció el sindicalista.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, achacó la situación del centro comercial Gran Plaza a la "pasividad" de las administraciones para hacer cumplir la Ley en materia urbanística. Tanto la Cámara de Comercio de Almería como la Asociación de Empresarios de la Provincia de Almería (Asempal) rehusaron pronunciarse sobre la situación creada.

Comerciantes del Poniente (COPO) que, junto con la propia Junta de Andalucía, interpuso el recurso ante el TSJA, anunció a través de su abogado que será el consejo de administración quien decida si instará al cumplimiento de la sentencia. Por su parte, la candidata a la alcaldía por IU en Roquetas de Mar (Almería), Encarna Moreno, pidió "la inhabilitación del alcalde" y subrayó que "familiares directos suyos fueron los que vendieron los terrenos al empresario Tomás Olivo".