Vivienda endurece la legislación para frenar la especulación con los pisos tutelados

Frenar la especulación con los pisos tutelados destinados a las personas mayores de 60 años es el objetivo del decreto aprobado ayer por el Gobierno para terminar con el mal uso que han hecho de este tipo de residencias los promotores privados y algunas instituciones públicas, en especial en Álava. A pesar de ser pisos de un marcado carácter social destinados a atender a los ancianos con menores recursos, este tipo de inmuebles ha sucumbido al juego de la oferta y demanda inmobiliaria, vendiéndose en el mercado libre para otros fines diferentes a los originales.

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, presentó ayer el nuevo decreto que viene a modificar el que se hallaba en vigor y que data de marzo de 1998. Según el consejero, "la interpretación y la práctica que han hecho algunas instituciones del antiguo decreto, especialmente en Álava, no se ajustado al espíritu con el que nació. Por eso lo hemos modificado".

Esas instituciones han favorecido sin quererlo la especulación. Al considerarse como un equipamiento pueden construirse en suelo residencial, con lo que el coste para los promotores resulta mucho menor. El problema es que, en algunos casos, después han vendido esos apartamentos en el mercado como si fuesen viviendas libres. El negocio se convierte de esta forma en algo muy fructífero para los promotores, pero no cumple con el fin social al que iba destinado. Las instituciones alavesas (el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación) se han beneficiado de este asunto, aunque Madrazo eludió dar sus nombres y sólo citó su origen geográfico. "El negocio ha consistido en vender suelos públicos como si fueran privados para lograr caja y unas rentabilidades altas. O bien se han aprobado proyectos cuyo diseño y cuya aplicación práctica distan mucho de poder considerarse servicios sociales para la tercera edad porque eran utilizados por otras personas o no se garantizaban los servicios comunes básicos", señaló.

En los últimos años, ha habido una proliferación de iniciativas privadas construyendo apartamentos tutelados. En el caso de Álava, existen unos 1.600 proyectados, de los que únicamente 191 son de titularidad pública.

La nueva normativa vincula estos pisos con los servicios sociales y establece una serie de requisitos para que se les dé el visto bueno. Los inmuebles ya no formarán parte del mercado inmobiliario porque el decreto prohíbe su venta y sólo permite acceder a ellos por medio del alquiler. La norma aprobada ayer no afecta a los apartamentos que ya dispongan de las autorizaciones.

Habrá una serie de servicios básicos que serán obligatorios (alojamiento, tutela y supervisión, seguridad, mantenimiento de zonas comunes) y otros complementarios (lavandería, comida, atención sanitaria o limpieza de zonas privadas). De la gestión se encargarán entidades de servicios sociales, inscritas en el correspondiente registro del Gobierno vasco. Todos los bloques de pisos (50 por agrupación como máximo) contarán con un profesional de los servicios sociales durante ocho horas diarias como mínimo.