De "presa política" a inspectora médica
Isabel García Marcos retoma su puesto de funcionaria, del que fue suspendida por no ir a trabajar
Isabel García Marcos, la ex teniente de alcalde de Marbella a la que la historia recordará por la frase "si no cobramos, no hago papeles para nadie", recogida en escuchas policiales, se reincorporó el pasado miércoles a su puesto de inspectora médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Tras pasar 165 días en prisión preventiva -ella se calificaría, en otra declaración para la posteridad, como "presa política"- y pagar 60.000 euros por salir en libertad bajo fianza, la ex edil reactivó el expediente iniciado a principios de año para terminar la excedencia especial de que disfrutaba como cargo público. Todo apunta a que no hubo necesidad de comisiones.
La petición de García Marcos ya había sido resuelta favorablemente la primavera pasada. Sin embargo, la resolución quedó entonces sin efecto, ya que la ex concejal, acusada de cohecho, alteración de precios en concurso y subasta pública y fraude, estaba compartiendo celda en Alhaurín de la Torre con la ex alcaldesa Marisol Yagüe, por orden del juez instructor del caso Malaya contra la corrupción en Marbella, Miguel Ángel Torres.
Los trabajadores temen el "descrédito" del SAS con la reincorporación de la ex edil marbellí
"Esta señora no cumple con sus deberes y se aprovecha de todos sus derechos"
Entre la salida de prisión de García Marcos -realizada el pasado 13 de septiembre en loor de empleados de la prensa rosa- y la reincorporación, más bien discreta, a las oficinas del SAS en Málaga han mediado dos semanas. Su entrada en la Delegación el miércoles 27, a las 8.20 y vestida con vaqueros, chaqueta y bolso negros, fue presenciada únicamente por dos periodistas. Sin embargo, cuando salió a las 15.05, le aguardaban una decena de fotógrafos y cámaras de televisión. Se montó en un Smart a juego con su ropa que le estaba esperando con el motor en marcha en un lateral del edificio de la calle Córdoba y desapareció.
En medio de esos dos hitos temporales transcurrió la primera jornada laboral de la política presa más famosa de España, que cobrará aproximadamente 1.800 euros mensuales. Aunque la orden de incorporación de García Marcos a su antiguo puesto no especificaba un destino concreto dentro de la inspección médica, los responsables de este servicio, con una plantilla de diez médicos, decidieron colocarla en un puesto alejado de la vista del público. "El SAS perdería credibilidad si un usuario fuera atendido por una persona que ha estado cinco meses presa acusada de participar en una de las mayores tramas de corrupción de España", aseguran fuentes de la Consejería de Salud de la Junta.
Tras llegar al despacho y reunirse con sus jefes, García Marcos recibió su primera tarea: ponerse al día en la normativa en materia de inspección médica, que ha cambiado mucho desde que dejó el servicio en 1997. Ese año, la ex teniente de alcalde fue suspendida de empleo y sueldo por dos años por seguir cobrando su sueldo a pesar de no acudir al trabajo, absorbida como estaba por las tareas políticas en Marbella. Esta suspensión, ratificada en 1999 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, está recurrida ante el Supremo. Para su reincorporación, solicitada el pasado día 22, García Marcos entregó el auto de libertad firmado por el juez Torres. Además, antes de dar luz verde a su reingreso, la Junta de Andalucía "se ha informado de su situación".
El reencuentro con los antiguos compañeros fue correcto, aunque sin efusiones. A muchos funcionarios les molesta que el regreso de García Marcos suponga un "descrédito" para el SAS. "Hay que respetar la presunción de inocencia, pero nos parece muy mal que se reincorpore", decía una empleada de Salud. "Se ha incorporado a una plaza que es suya por oposición, pero la institución se desprestigia", se quejaba otro funcionario.
José Ramírez, secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras en Málaga, señala que "el SAS tiene que cumplir la ley y es normal que se reincorpore porque no hay una sentencia firme". Sin embargo, a renglón seguido añade: "Otra cosa es que el sentido común hace ver que esta señora no cumple con sus deberes y se aprovecha de todos sus derechos".
En cualquier caso, Isabel García Marcos es una mujer dura. Ramírez, que trató con García Marcos, entre 1987 y 1990, años en que la ex edil expulsada del PSOE fue secretaria provincial del SAS y gerente del hospital de Antequera, la recuerda como una "temible" negociadora. "Era muy dura y muy hábil, entre los sindicalistas la llamábamos la Thatcher", afirma, en referencia a la ex primera ministra conservadora del Reino Unido, Margaret Thatcher, apodada la dama de hierro.
El jueves, segundo día de trabajo de García Marcos en su particular regreso al pasado, fue parecido al miércoles, aunque desde las 7.30 dos cámaras de televisión esperaban su llegada en cada puerta de la Delegación. Sin embargo, el viernes, ya nadie hacía guardia ante la puerta de su centro de trabajo.
"Al final, sumará dos trienios"
Responsables políticos y sindicales han acogido la reincorporación a su trabajo de Isabel García Marcos con una metafórica pinza en las narices. La consejera de Salud, María Jesús Montero, aseguró que su departamento "comparte el malestar que siente toda la ciudadanía", pero explicó que, ante la ausencia de una resolución judicial de inhabilitación, "era de obligado cumplimiento admitir su incorporación si solicitaba su vuelta al servicio activo". Los mismos argumentos de imperativo legal adujo el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Marcos: "Es una señora que recurre a la ley cuando le conviene, pero la Junta está obligada a cumplir la ley".
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga Ángel Sánchez Blanco avala estas tesis. "No se puede neutralizar su derecho a la reincorporación. Rige la presunción de inocencia aunque, dados los indicios de delito, es difícil que la gente con sentido común lo pueda asimilar". Sánchez Blanco señala que "no existe la figura de la inhabilitación preventiva" y la salida del problema pasa por "la sensatez de sus jefes de no ponerla en un puesto de cara al público". Para este jurista, la lentitud de los procedimientos judiciales -sobre todo con las estrategias dilatorias de los abogados defensores- pueda acabar generando que si García Marcos es finalmente inhabilitada "se irá habiendo acumulado dos trienios".
Otra pata del debate, para Sánchez Blanco, es si una persona sobre la que pesa una posible condena de cárcel es idónea para juzgar situaciones de bajas laborales de las que dependen familias enteras. "Al Estado le puede acabar costando dinero", asegura.
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