El director de Urbanismo agilizó el plan de El Molar en el que dijo haberse inhibido

El director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto, declaró hace unos días que sólo se había inhibido en una ocasión en relación a proyectos de su antigua empresa, Plarquin, que ahora pertenece a sus socios. Fue en el caso de la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 (suelo apto para urbanizar) de El Molar -en cuyo planeamiento había trabajado, él antes de ser director general, y luego Plarquin-, aprobadas por la Comisión de Urbanismo en junio de 2005. Sin embargo, un escrito de 2004 firmado por Porto demuestra que intervino para tramitar y agilizar el expediente.

Porto admite que desde su nombramiento, en diciembre de 2003, ha autorizado media docena de planeamientos redactados por sus socios privados en Brunete, Ciempozuelos, Moralzarzal, Moraleja de Enmedio y Villanueva de la Cañada. Su única inhibición declarada se ceñía a la revisión de las normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, cuyo plan parcial -que prevé levantar más de 4.000 viviendas en la zona- ha redactado Plarquin. La historia de este desarrollo es ilustrativa del desatasco urbanizador que suele bendecir los planeamientos de sus socios en inmobiliarias (Elclansol y Fernández y Porto).

El Gobierno regional, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó la urbanización del SAU 21 en abril de 2002. Ya con Esperanza Aguirre en el Ejecutivo, el socialista Modesto Nolla, que veía la sombra de Porto en este expediente, obtuvo la siguiente respuesta del Gobierno regional el 4 de octubre de 2005: "Se informa de que el director general de Urbanismo se ha inhibido en el expediente formulado y promovido por el Ayuntamiento de El Molar, denominado subsanación de deficiencias de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, en el ámbito del sector del suelo apto para urbanizar número 21, por presumir que en su desarrollo va a intervenir, entre otras, Fadesa, empresa para la que el director general había prestado servicios profesionales con anterioridad a su cargo público en el plan de la Montaña en Aranjuez y no haber transcurrido los dos años que establece la ley".

Omisiones de la nota

La nota omitía datos. En primer lugar, no decía que había un vínculo mucho más cercano entre Porto y dicho proyecto: él mismo y luego Plarquin, la empresa de sus socios, habían sido contratados para elaborar el planeamiento del SAU 21. Segundo elemento incierto del comunicado: Porto no se inhibió en el expediente. Sólo lo hizo en el documento de autorización y remisión a la Comisión de Urbanismo, que no firma él, sino dos de sus subordinados.

Sin embargo, el director de Urbanismo no se inhibió en las fases anteriores de su tramitación. Un escrito suscrito por él de 27 de diciembre de 2004 -reproducido arriba-, urge a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental a que emita el informe "en el menor plazo posible". Su misiva recordaba al citado departamento -inserto en la consejería de la que él depende, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- que en noviembre de 2003 dicha dirección emitió un informe en el que imponía como condición para la aprobación del SAU 21 para uso residencial la modificación de la huella sonora del aeropuerto de Barajas.

Porto le informaba de que el 28 de enero de 2004 se había aprobado la nueva huella de la ampliación del aeropuerto, y que el alcalde de El Molar le había presentado el 10 de noviembre el expediente de cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno regional en 2002. Sólo quedaba dicho informe, que resultó positivo.

Plarquin, beneficiaria del desbloqueo del veto sonoro, lo destacó en su plan: "Anexo cuarto a la memoria. Cumplimiento del decreto 78/1999 de 27 de mayo por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de Madrid". Precisamente, la inicial contratación de Porto por promotores privados para redactar el SAU 21 se bloqueó por el problema de la huella sonora. El impacto acústico de Barajas lo dejaba claro entonces un informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 31 de enero de 2002: "La simulación acústica elaborada por AENA afecta a los sectores 21 y 22". Dicho informe del Gobierno de Gallardón añadía que el SAU entraba en terrenos forestales protegidos y no quedaba garantizada la depuración de sus aguas. Por ello, suspendía su aprobación. Mientras los informes oficiales iban cambiando de sentido para dar por anuladas dichas trabas, Porto tramitaba y agilizaba desde la Administración el desbloqueo urbanístico de dicho sector, cuya redacción final recaería en Plarquin.

Los trámites fueron rápidos: el departamento de Porto da luz verde el 20 de junio de 2005 a la subsanación de las normas subsidiarias del SAU 21, y el 14 de julio las aprueba el Gobierno regional. Eso permitía ya su urbanización, y a Plarquin redactar su plan. En septiembre ya estaban los planos. Su factura rondaría los tres millones de euros.

Porto suele alegar que su papel en la tramitación de los planeamientos de sus socios privados es muy limitado y que en la Comisión de Urbanismo sólo tiene voz, y no voto. Pero su voz, según revelan las actas, es decisiva. Un botón de muestra: el pasado 27 de junio de 2006 se celebró una sesión de la Comisión de Urbanismo de Madrid, presidida por el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía. Entre los puntos del día figuraba la revisión del plan general de Brunete con ordenación pormenorizada de ocho sectores. Uno de ellos lo había redactado Plarquin.

Solicitó la palabra el alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana. Denunció que no había hallado en el expediente el requerimiento que hizo la Dirección General de Urbanismo el 15 de marzo de 2005 al Ayuntamiento de Brunete sobre el carácter sustancial o no de las modificaciones promovidas. Planteó una segunda objeción a la aprobación de dicho plan: dicha modificación urbanística tenía vivos aún recursos de reposición.

Tomar la palabra

Sin que nadie solicitara su opinión, Porto tomó la palabra para "comentar, en primer lugar, que los recursos de reposición se hacen sobre un acto de trámite y que, en cualquier caso, se presentan en sede municipal y es por tanto el Ayuntamiento quien debe responder si es correcta o no la tramitación en este sentido y, en segundo lugar, para informar de que las modificaciones que se han introducido no se pueden considerar sustanciales, toda vez que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto, viniendo a decir que para que se consideren cambios sustanciales deberá producirse un cambio de modelo, cambio que no se produce en este plan y que, por lo tanto, hace factible su aprobación".

Cascallana no dio por buena la explicación de Porto. Puntualizó que se refería al punto quinto del informe de su propio departamento, la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, donde requería el necesario informe municipal que acreditase si se habían producido o no esas modificaciones sustanciales. "Al no incorporarse" dicho informe en el expediente, el alcalde de Alcorcón anunció su voto en contra. El alcalde de Rivas (IU), Alfredo Pelegrín, secundó dicho voto en contra. Con ambos votos en contra, la Comisión de Urbanismo aprobó el expediente y lo elevó al Gobierno regional para su aprobación definitiva.