Pacheco culpa a la alcaldesa y a la Junta de la amenaza de las empresas

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez, Pedro Pacheco (PSA), culpó ayer a la Junta de Andalucía y a la propia alcaldesa de los problemas que sufren dos empresas de telecomunicaciones con más de mil trabajadores que han llegado a plantear su traslado de Jerez por la permanente bronca política de la ciudad. Pacheco, que es además el responsable del Urbanismo municipal, dijo que una de esas empresas se encuentra instalada en una "ubicación alegal".

El líder andalucista negó ayer que las continuas discrepancias entre los socios del Gobierno local (PSOE-PSA) sean la causa de la amenaza de abandono de la actividad de las dos firmas empresariales, tal y como denunció ayer en EL PAÍS el secretario local de CC.OO. José Manuel Trillo, pero, a continuación, no dudó en responsabilizar de la delicada situación a la administración de andaluza y a su socia en el Gobierno, la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, del PSOE.

Así, y lejos de asumir la denuncia de los sindicatos mayoritarios, desde donde han acusado a Pedro Pacheco y a la alcaldesa de "ahuyentar" a una larga lista de empresas por "la inestabilidad y la desconfianza" que están generando por sus continuos enfrentamiento públicos, el lider del PSA optó por afirmar que el dirigente sindical José Manuel Trillo "se ha equivocado un poquito" porque "las dos empresas de servicios mencionadas están cabreadas con Jerez porque las ayudas que les ofreció la Junta de Andalucía no se han cumplido".

El edil fue más allá y recordó que una de las firmas en cuestión "sigue instalada en una ubicación alegal", porque el edificio en el que opera aún no tiene la calificación urbanística pertinente que debe conceder la Gerencia Municipal de Urbanismo, que él mismo gestiona y que la regidora socialista preside, y a la que responsabilizó de dicha situación.

Más de un año después de su llegada a Jerez, la empresa sigue en esa ubicación provisional, sin posibilidad de crecer por falta de espacio, sin disponer de unos terrenos alternativos y, tal y como se encargó de subrayar Pacheco, "de manera alegal".

Mientras el edil se niega a acatar las críticas de los sindicatos, Manuel Trillo se reafirmó ayer en sus declaraciones. "Los políticos pueden decir lo que sea, pero la situación de Jerez es la que es y no hay vuelta de hoja", protestó ayer el sindicalista, quien insistió en que "sí hay problemas políticos que están afectando al tejido empresarial". Para Trillo, "lo que tienen que hacer los máximos responsables del Ayuntamiento es sentarse, limar sus diferencias y dar solución a estos problemas, que sí están existiendo, aunque los nieguen". "Estas dos empresas han llegado a plantear su marcha y sí hay responsabilidad política en este asunto", espetó.

Además, el secretario local de Comisiones Obreras puso ayer un nuevo ejemplo. "La finca Alcadia, que emplea a 21 discapacitados, no ha cerrado por la intervención del consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ya que el Ayuntamiento sigue sin pagar lo que adeuda a esta empresa". "Esto también hay que decirlo", añadió Trillo.

Por último, subrayó que la advertencia a los dos partidos del Gobierno local (PSOE y PSA) no sólo ha sido lanzada desde los sindicatos, ya que el propio Consejo Económico y Social de Jerez (CES), integrado por empresarios, expertos, agentes sociales y el propio Ayuntamiento, ha emitido un informe en el que se recoge que "hasta que no haya estabilidad política en Jerez no es factible la inversión".

Por otro lado, el secretario del PSOE en Cádiz, Francisco González Cabaña, dijo ayer que se ha decidido, con respecto al pacto de Gobierno de Jerez de la Frontera entre PSOE y PSA, que la interlocución se lleva a cabo a nivel local, por lo que indicó que no hay motivo para una reunión de la Comisión de Seguimiento.