La insurrección se adueña de Oaxaca

Las oficinas de la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Oaxaca están precintadas con un letrero donde se lee "Clausurado hasta la salida de U. R. O. [iniciales de Ulises Ruiz Ortiz, gobernador del Estado]". En una situación similar están la sede de la Casa de Gobierno, de la Secretaría de Finanzas y todas las del poder Ejecutivo de este Estado mexicano, el nuevo edificio del poder Legislativo y el del Tribunal Superior de Justicia. La práctica totalidad de las dependencias del Gobierno estatal en la ciudad de Oaxaca, de 600.000 habitantes, están cerradas al público. Las barricadas impiden o dificultan el libre tránsito, la Policía ha sido acuartelada y el centro histórico del capital del Estado está tomado por la autodenominada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y los maestros en huelga desde el mes de mayo, que han dejado sin clase a 1,3 millones de escolares, de este Estado de tres millones de habitantes, situado a unos 400 kilómetros de Ciudad de México.

Los brigadistas hacen de policías y jueces y detienen, interrogan y ordenan castigos

Lo que empezó hace más de tres meses como un conflicto laboral sin mayor trascendencia ha degenerado en una protesta insurreccional, cuyos líderes exigen la salida del gobernador Ruiz (del PRI, Partido Revolucionario Institucional) para dar paso a un "gobierno popular".

En las dependencias de la Unidad de Protección Civil, un grupo de la Brigada Móvil de la APPO llegó con el siguiente mensaje para los trabajadores: "Tienen vacaciones a partir de hoy. Estas oficinas pertenecen ahora a la APPO". Los integrantes de dicha brigada recorren la ciudad para declarar "clausuradas" oficinas gubernamentales y desalojar a los funcionarios. Los brigadistas se atribuyen prerrogativas de policías y jueces, y han llegado a detener a supuestos violadores de la ley, interrogar y ordenar castigos, para entregar posteriormente los "capturados" a la Cruz Roja. La gravedad de algunos incidentes protagonizados por este grupo, con uso de violencia y escarnio contra las víctimas, obligó a los líderes de la APPO a suspender desde el viernes pasado las acciones de la Brigada Móvil.

Heliodoro Díaz Escárraga, secretario general del Gobierno, niega que haya parálisis en las funciones administrativas del Ejecutivo, "que operan en la mayor parte del Estado", y prefiere hablar de "una complejidad en la ciudad de Oaxaca". Parte de esta complejidad es que el número dos del Gobierno reciba a EL PAÍS avanzada la noche en un discreto hotel de la ciudad, que el gobernador se desplace en la semiclandestinidad, que haya enviado a su familia lejos de Oaxaca porque en ningún lugar de la ciudad puede sentirse completamente seguro, o que los diputados sesionen en casas particulares. La cabeza del gobernador es el objetivo irrenunciable de la insurrección oaxaqueña.

Nadie lo admite públicamente en las filas de la revuelta oaxaqueña, pero no es difícil percibir un paralelismo entre la radicalización de la protesta social en uno de los Estados más olvidados por el poder central, y la escalada de la tensión del derrotado candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México para ponerle las cosas difíciles al presidente electo, Felipe Calderón. "La APPO es independiente de los partidos políticos y de cualquier estructura del Estado", dice Florentino López, 22 años, estudiante de Derecho y portavoz de la organización. "No tenemos ningún vínculo con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni con López Obrador", añade.

Pero en los discursos de unos y otros, las similitudes asoman en varios frentes. López Obrador ha convocado para el próximo 16 de septiembre una Convención Nacional Democrática "para lograr una transformación de todas las instituciones de la República". El portavoz de la APPO afirma, por su parte, que luchan "por una nueva Constitución y la reforma integral del Estado". "Proponemos una Asamblea Nacional de los Pueblos de México que luche por una Asamblea Constituyente para resolver todos los rezagos históricos de nuestro país", añade.

En Oaxaca, algunos líderes de la revuelta sienten que ha llegado la hora del ejercicio de la soberanía popular. "La APPO empieza a funcionar como gobierno, porque en los hechos hay un vacío de poder", señala Florentino López en un rincón del campamento revolucionario en que se ha convertido la plaza del Zócalo oaxaqueño.

La idea que está sobre la mesa de la APPO es difundir una proclama el próximo 16 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias, que declare proscrito el Gobierno de Ulises Ruiz y anuncie el ejercicio del poder desde el centro histórico, de manera que los dirigentes de la APPO se instalarían en el Palacio de Gobierno, hoy convertido en museo.

Las cosas han llegado tan lejos en Oaxaca en buena parte porque el Gobierno estatal, empecinado en la arrogancia, y el federal, más preocupado de las elecciones presidenciales, no han asumido su responsabilidad. El columnista Raymundo Riva Palacio escribía recientemente en el diario El Universal que "Oaxaca sigue siendo el principal problema político de México, pudriéndose cada día más por la negligencia de quienes deben buscar una solución".

No cabe duda de que el conflicto de Oaxaca tiene raíces profundas y de que buena parte de las reclamaciones de quienes protestan son de toda justicia. Oaxaca está en el furgón de cola de México, a pesar de ser cuna de destacados personajes de la historia del país, como Benito Juárez, Porfirio Díaz y José Vasconcelos. "De nada nos ha servido", dice Ismael Sanmartín, director de Noticias, el diario de mayor difusión. Las principales fuentes de ingreso del Estado, donde la industria brilla por su ausencia, son el turismo y las remesas que envían los miles de emigrantes oaxaqueños desde EE UU. "Los jóvenes se van al vecino del norte o a la marihuana. El narcotráfico ha crecido de manera alarmante en algunos puntos del Estado", subraya Sanmartín. Noticias es el único diario abiertamente opositor al Gobierno estatal, aunque en el pasado no era así. Su postura crítica le costó el asalto y toma de sus instalaciones y diversas agresiones por grupos armados organizados desde los círculos del poder, según denuncias de los responsables del diario y de diversas organizaciones humanitarias.

El actor original del conflicto en Oaxaca, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (SNTE), agrupa a unos 70.000 maestros y depende del comité ejecutivo nacional de una organización sindical gigantesca -la más poderosa de América Latina-, que históricamente ha actuado como una corporación del PRI, con más de un millón de afiliados. Hasta 1980, cuando se desligó de la dirección nacional del SNTE, y la sección 22 entró en una nueva fase de mayor autonomía y democracia. Año tras año, al llegar mayo, los maestros oaxaqueños realizan paros, marchas y otras movilizaciones. Piden mejoras salariales y de condiciones laborales y empiezan a negociar con el Gobierno del Estado y de la federación. Después de algunas semanas de acampar en el Zócalo, solía llegar el acuerdo.

El pasado mayo empezó como siempre. Los maestros presentaron su lista de reclamaciones, entre las que destacaba el cambio de zona a la que pertenecen, a fin de obtener mayores ingresos. El Gobierno estatal respondió que el asunto era competencia de la federación, pero su titular, Ulises Ruiz, pronto dio muestras de que esta vez no seguiría el mismo camino de sus antecesores. Llegó a la gobernación de Oaxaca con la voluntad de poner fin a los plantones y marchas callejeras, y sacó la policía a la calle como ningún otro gobernador había hecho.

Abogado defensor de ganaderos y terratenientes en los años ochenta frente a las organizaciones campesinas que tomaban tierras, Ruiz asumió el cargo cuestionado, porque su opositor, Gabino Cué, de la coalición Por el Bien de Todos (encabezada por el Partido de la Revolución Democrática, PRD), perdió las elecciones de 2004 por escaso margen e impugnó los comicios. Ruiz fue diputado federal y senador, y un importante operador político de Roberto Madrazo, derrotado candidato a la Presidencia por el PRI.

Después de varias sesiones de negociación sin resultado, el 22 de mayo los maestros ocuparon el centro histórico de Oaxaca y levantaron un campamento en el Zócalo. El 14 de junio el Gobierno ordenó el desalojo de los maestros en un operativo policial tan mal planificado como violento. Tres horas después los maestros recuperaron sus posiciones y los policías se batieron en retirada, con un balance de un centenar de heridos y 11 detenidos.

La ola de solidaridad popular con los maestros catapultó un nuevo movimiento que integró a diversas organizaciones sociales bajo las siglas APPO. Su lema de presentación era "Va a caer". La APPO radicalizó el movimiento de protesta, que ya no se limita a reivindicaciones laborales. Al grito de "Fuera Ulises", empiezan las tomas de edificios oficiales, y la quema de coches y autobuses. Los operativos parapoliciales nocturnos de amedrentamiento causaron un muerto, y como respuesta, el 22 de agosto empezaron las barricadas para impedir el paso de un llamado convoy de la muerte.

La revuelta de Oaxaca ha cambiado completamente el panorama político del Estado, que el 2 de julio dejó de ser un bastión tradicional del PRI. Andrés Manuel López Obrador ganó ampliamente la elección presidencial y su partido, el PRD, obtuvo 9 de los 11 diputados federales y los dos senadores en disputa. El efecto AMLO y el voto de castigo al PRI hizo estragos.

Entre la intransigencia de un gobernador acusado de déspota, tirano y de haberse enriquecido ilegalmente, y un movimiento de protesta que mantiene la ciudad patas arriba, "está el pueblo-pueblo, que lleva la peor parte de esta lucha", dice el padre Wilfredo Mayren Peláez, que integró la malograda comisión de intermediación. El futuro del conflicto se dirime estos días en las negociaciones entre representantes de los maestros y movimientos sociales y el Gobierno federal.