Cataluña es la autonomía que ha recibido menor inversión estatal 'per cápita' en 14 años

La primera gran prueba de fuego del nuevo Estatuto llegará este otoño, con la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007. De acuerdo con el texto estatutario, la inversión estatal debería igualarse al peso de la actividad económica de Cataluña en el conjunto de la economía española (18,8%). El cumplimiento de esta disposición rompería con la tendencia que han seguido las inversiones en infraestructuras de los últimos tres lustros. Cataluña es la comunidad donde la inversión estatal per cápita (2.057 euros) fue más baja entre 1991 y 2004, y es la única de régimen común (del que están fuera Euskadi y Navarra) en que la inversión estatal nunca ha superado el peso relativo de la economía catalana en España.

El Estado prima el reequilibrio territorial sobre la eficiencia en el reparto del dinero

Conclusiones tan contundentes como éstas se desprenden de un trabajo de investigación realizado por Esther Sánchez, técnica de la Dirección General de Programación Económica, y publicado en la revista que edita el Departamento de Economía y Finanzas, Nota de Economia.

El trabajo cubre el periodo comprendido entre los años 1991 y 2004 y ahonda en cómo se reparte entre las diferentes comunidades autónomas la inversión ya liquidada por el Estado según los distintos tipos de infraestructuras. Parte de la constatación de que el impulso de infraestructuras de transporte como las carreteras, los ferrocarriles, los puertos y los aeropuertos, son un factor estratégico que tiene su impacto sobre el desarrollo de una economía. Los datos han sido extraídos del Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los 14 años analizados, el Estado invirtió en la comunidad catalana un total de 12.865 millones de euros, cifra que cae a 10.408 millones si de ella se excluyen las obras vinculadas al nuevo tren de alta velocidad (AVE). Esta cuantía equivale al 11,9% de todas las inversiones territorializadas del Estado. El producto interior bruto (PIB) de Cataluña pesa el 18,8% del PIB español y su población equivale al 15,5% del total.

Podría argumentarse que esta inversión por debajo del PIB y la población es compartida por todas las comunidades ricas de España. Pero, a tenor de las cifras del estudio, la conclusión no está tan clara. Al comparar unas comunidades con otras [véase gráfico], se concluye que todas las comunidades autónomas de régimen común han recibido inversión estatal por encima de su peso en el PIB español algunos años. Es el caso, por ejemplo, de Baleares, la Comunidad de Madrid o La Rioja. O que incluso ha sido así todos o casi todos los años, como les ha ocurrido a Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla- La Mancha y Castilla y León. Cataluña es la única autonomía donde nunca ha ocurrido.

La distribución de los recursos realizada por los distintos gobiernos del PSOE y del PP sugiere, a primera vista, que se ha querido inyectar más dinero en las comunidades menos desarrolladas para intentar así equilibrar los niveles de renta per cápita, en paralelo a la conocida política de ayudas comunitarias con ese mismo fin, de la mano de los fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. El trabajo de Sánchez subraya que este criterio ha pasado por delante del criterio de eficiencia, y plantea algunas excepciones llamativas.

Una comunidad con una renta relativamente elevada como es Aragón ha recibido dinero por encima del peso de su actividad económica y de su población en 13 de los 14 años analizados. Por el contrario, comunidades como, por ejemplo, la valenciana, con una renta per cápita por debajo de la media, sólo se ha beneficiado de esa situación en tres años. De ahí que existan grandes diferencias.

Cuando se relaciona el volumen de inversión del Estado con la renta y la población de cada comunidad a lo largo de todo el periodo analizado, se distinguen tres grandes grupos de autonomías.

Un primer grupo sería el de las comunidades que han disfrutado de una inversión de más del 20% por encima de la media estatal (por habitante y en porcentaje sobre el PIB), que son Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha; un segundo grupo, hasta el 5% por encima o por debajo de la media estatal (en inversión per cápita), donde figuran Galicia, Andalucía, Murcia, La Rioja y Madrid, y finalmente, un tercer grupo que se sitúa en más del 20% por debajo de la media estatal. Es en este grupo de cola donde se clasifica Cataluña. La acompaña Baleares, pero también Canarias y la Comunidad Valenciana.

Si se mide la inversión por habitante, las disparidades también son grandes: van de los 6.311 euros per cápita que percibió Aragón a los 2.057 euros que llegaron a Cataluña en los 14 años analizados. De nuevo, la comunidad catalana se queda en la cola, cuando la media estatal es de 2.676 euros por habitante.

Cataluña sólo se equipara a la media estatal en inversiones cuando se analizan, ya con más detalle, los recursos destinados al ferrocarril. Este tipo de infraestructura ha sido el que ha registrado una mayor tendencia global al alza, gracias al impulso que han supuesto las obras del AVE, y en contraposición a la tendencia inversa, a la baja, que registran las carreteras. Este vuelco en las prioridades inversoras del Estado se dio sobre todo a partir de 2001.

También escalan las inversiones destinadas a desarrollar las infraestructuras aeroportuarias, pero con un reparto desequilibrado en favor de Barajas. A este aeropuerto se destinó el 54,5% de todos los recursos vertidos en este tipo de equipamientos entre 1991 y 2004. El nuevo aeropuerto de Madrid costará más de 6.200 millones de euros. Cataluña -sumando los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus- se ha llevado el 14,2% del total de inversión. En euros por habitante, estos porcentajes se tradujeron para la Comunidad de Madrid en 1.228 euros, mientras que en el caso de Cataluña, por el mismo concepto cada ciudadano percibió, a larga distancia, 267 euros.