Justicia abrirá el registro de antecedentes a la Administración
La reforma acelerará trámites como la regularización de extranjeros
El anteproyecto de reforma del Código Penal presentado por el Gobierno el pasado viernes prevé permitir consultas de las Administraciones públicas al registro de penados y rebeldes al que hasta ahora sólo tenían acceso los jueces. La modificación, según fuentes de Justicia, trata de evitar dilaciones en casos como la regularización de extranjeros en los que el ciudadano debe demostrar que carece de antecedentes.
| Texto íntegro de la reforma |
El texto de la reforma prevé la modificación del apartado cuarto del artículo 136 del Código Penal para obligar al registro central de Penados y Rebeldes -donde se contienen los antecedentes penales- a informar a las Administraciones públicas ante las que se tramiten procedimientos "en el que sea preceptivo, conforme a su normativa reguladora, que el interesado carezca en todo o en parte de antecedentes penales" para acceder a un derecho o adquirir una condición determinada.
El artículo prohíbe, en todo caso, informar de los antecedentes ya cancelados por el paso de seis meses para los delitos leves, dos años para las penas que no excedan de dos años de prisión y cinco para las que lo hagan.
La modificación, según fuentes del Ministerio de Justicia, intenta evitar dilaciones y colas en algunos procesos administrativos bastante comunes, como la solicitud del permiso de trabajo y residencia por parte de ciudadanos extranjeros que quieran legalizar su situación en España. Para esos casos, el interesado debe demostrar que carece de antecedentes.
Con la reforma prevista por el Gobierno, ese trámite lo hará directamente la Administración, evitando que el propio ciudadano tenga que solicitar en el registro su certificado. La información solicitada por la Administración ante la que se haya presentado la petición sólo explicará si el ciudadano en cuestión tiene antecedentes penales, pero no los concretos delitos que cometió ni su gravedad, según fuentes de Justicia, que aseguran que el precepto "no restringe derechos fundamentales".
Evitar que se comentan fraudes en la presentación de los certificados de antecedentes e informar de ellos cuando sea necesario a las autoridades de países de la Unión Europea y de otros con los que España haya firmado convenios en materia de cooperación judicial, son otros dos objetivos de la reforma.
El precepto propuesto por el Ejecutivo también permite el acceso al registro a la fiscalía en las mismas condiciones que a los jueces y magistrados. El texto actual establece que las inscripciones de los antecedentes no son públicas y obliga a librar certificaciones sobre los delitos cometidos estén o no cancelados a los juzgados y tribunales que lo pidan.
