"Un plan entretejido desde el poder para minimizar la etnia maya"

El auto del juez Santiago Pedraz relata cómo entre enero de 1980 y septiembre de 1981, cuando era presidente Fernando Romeo Lucas García, y en otro periodo más amplio hasta 1986, en el que gobernaron Guatemala Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía, desde las estructuras gubernamentales "se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines".

"Esa violencia", según el auto, "se materializó en plurales asesinatos, torturas, violaciones de mujeres..., haciendo del terror un modus vivendi. No sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad, y el que las atrocidades no cayeran en el olvido".

Las mencionadas actuaciones criminales "iban dirigidas a amedrentar no sólo a la población maya, sino a las personas que les prestaban su ayuda, como forma de castigo y como anuncio o aviso de lo que podía ocurrir a quienes preservaran en su comportamiento humanitario y digno del mayor reconocimiento".

La resolución del juez Santiago Pedraz señala que "en el desarrollo de dicha actuación criminal, orquestada desde instancias gubernamentales", a los siete imputados se les puede achacar la instigación o comisión intelectual de una serie de hechos entre los que figura el asalto a la Embajada de España, el 31 de enero de 1980, en el que fallecieron 35 personas, o los asesinatos de cinco sacerdotes españoles, entre 1980 y 1981.