El fiscal abre la muralla

La policía la ha llamado Operación Muralla por la fortaleza romana que durante dos milenios ha cobijado a la ciudad de Lugo. Una denominación en clave cargada de posibilidades metafóricas. Porque la espectacular redada dirigida por el fiscal de Lugo contra funcionarios de alto rango de la Diputación ha sido como abrir un boquete en otra clase de muralla que ya parecía una parte de más del paisaje de Lugo: la estructura de poder creada por Francisco Cacharro Pardo, presidente del organismo provincial desde hace 23 años y el único senador que mantiene su escaño desde 1979.

Los hechos son sorprendentemente sencillos, porque sus protagonistas ni siquiera se molestaron en procurarse muchas tapaderas. Los datos más relevantes se podían encontrar en el registro mercantil y en el seguimiento de las adjudicaciones de la Diputación, que suministraron a los grupos opositores al PP los datos para las denuncias públicas emprendidas hace una década sin que hubiese la menor reacción ni se interrumpiesen las prácticas.

Nadie actuó hasta que, hace 10 días, el escándalo erupcionó de forma atronadora: el fiscal jefe de Lugo, Jesús María Izaguirre, ordenó la detención de 10 personas y, rodeado de policías, se presentó en la sede de la Diputación para registrar cajones y archivos.

La presunta trama corrupta se sostenía sobre una empresa fundada por dos altos funcionarios de la Diputación de Lugo, el anterior y el actual jefe del servicio de Vías y Obras, y de la que fueron administradoras sus respectivas esposas. Esa firma, Senén Prieto Ingeniería, SL, empezó a copar, a mediados de los años noventa, directamente o a través de empleados suyos, la inmensa mayoría de los contratos para realizar proyectos técnicos del organismo provincial.

Ya en marzo de 1996, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) hizo la primera denuncia pública. "No había más que ver el listado de adjudicaciones", explica Xosé Antón Bao, el actual portavoz nacionalista en la Diputación. "Alrededor del 80% o el 90% de los proyectos de los planes de obras eran adjudicados a Senén Prieto o a personas directamente vinculadas. Eran estudios que podían haber hecho los técnicos de la Diputación, pero que se encargaban a esa consultoría externa. Y todo quedaba en familia: las mismas personas adjudicaban el proyecto, lo elaboraban, lo supervisaban y certificaban finalmente la obra".

Ni Cacharro actuó entonces ni la práctica se interrumpió. Sólo los beneficiarios tomaron algunas precauciones y cambiaron los nombres de su consejo de administración. En 2004 volvió a la carga el socialista Manuel Martínez. Durante el ejercicio anterior, según los datos del PSdeG, el grupo vinculado a los cargos funcionariales de la Diputación había facturado proyectos por valor de más de 600.000 euros.

"Las adjudicaciones", apunta Martínez, "se hacían mediante un mecanismo fraudulento. Como se trataba de muchas obras de pequeña cuantía, se adjudicaban por el procedimiento directo, que sólo exige pedir ofertas a tres empresas. Técnicos de Senén Prieto presentaban las tres, normalmente con un presupuesto idéntico".

Poco después de las denuncias socialistas, un dirigente del BNG, el actual consejero de Industria de la Xunta, Fernando Blanco, acudía al fiscal para entregarle documentación sobre la trama. Socialistas y nacionalistas enfatizaban que, desde las primeras denuncias, la red se había extendido a numerosos municipios gobernados por el PP, que también encargaban la redacción de sus proyectos al grupo vinculado a los cargos de la Diputación.

Cacharro no ha podido negar los hechos y su defensa se reduce a un pertinaz ataque al fiscal Izaguirre por lo aparatoso de su actuación. Pero sea cual sea el desenlace de la investigación judicial, sus rivales políticos y muchos de sus compañeros de partido coinciden en que el más veterano barón del PP gallego tiene los días contados.

El feudo personal de Cacharro se había vuelto un problema para su propio partido, que desde la retirada de Manuel Fraga ya estaba buscándole un sustituto.