El Tribunal de Cuentas fiscaliza la gestión económica de Marbella entre 2002 y 2004

El Tribunal de Cuentas ha comenzado el trabajo de campo para elaborar el Informe Fiscalizador del Ayuntamiento de Marbella y sus nueve sociedades municipales entre 2002 y 2004. Un equipo de inspectores recopila estas semanas toda la información sobre la gestión económica del consistorio durante estos tres años, para posteriormente enviar a las Cortes el tercer Informe Fiscalizador sobre la gestión del consistorio, que según el órgano consultor propició determinadas "anomalías y abusos" desde 1991. El informe estará listo a finales del presente año.

"Se conocen las sociedades a la perfección y saben lo que buscan". El vocal de Economía y Hacienda de Marbella, Carlos Rubio, colabora con el equipo de tres inspectores del Tribunal de Cuentas que han solicitado del actual equipo gestor las listas de proveedores y pagos realizados por el Ayuntamiento y sus sociedades de 2002 a 2004.

La Comisión Mixta de las Cortes aprobó el pasado 21 de junio encomendar al Tribunal de Cuentas elaborar este tercer Informe de Fiscalización, cuyo trabajo comenzó la semana pasada. En su resolución 16861, la Comisión expresaba "su más profunda condena al equipo de gobierno durante el periodo analizado por las deficiencias, irregularidades e incumplimientos de las normas legales". El equipo de fiscalización, cuya supervisión depende del consejero encargado de las corporaciones locales, Ramón Álvarez, prevé que a finales de año esté listo el informe preliminar, ante el que los gestores podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

El Tribunal de Cuentas fiscaliza en la actualidad la gestión de casi 30 ayuntamientos en todo el país, entre ellos los de Marbella y el Puerto de Santa María, en Andalucía. Pero además, el órgano fiscalizador nacional lleva a cabo una fiscalización horizontal sobre "la gestión y control de los recursos integrantes del suelo" en todas las capitales de provincia y ciudades con un gran desarrollo urbanístico, como Marbella.

Sin fondos

La herencia del caos en esta gestión económica de la etapa gilista ha provocado que el Ayuntamiento se mantenga al borde de la quiebra. "No sé cómo el presidente Chaves puso la fecha de julio... ¿cómo llegaremos hasta entonces? La inyección económica es del todo imprescindible", se preguntó Carlos Rubio, quien afirmó que el Ayuntamiento no dispone de fondos suficientes para abonar la Seguridad Social de los trabajadores municipales a finales de mayo, después del primer pago tras más de quince años el pasado mes de abril.

Por otro lado, la exposición pública de la colección de cuadros del supuesto cerebro de la red de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, por parte del Ayuntamiento, supondría un uso "fraudulento" de dichas obras, según estima la defensa de Roca. El juez Miguel Ángel Torres estudia la petición del consistorio para que le nombre nuevo depositario de las obras intervenidas, en sustitución del Museo de Bellas Artes de Málaga. "Si el juez lo autoriza, no veo qué fraude se puede dar", contestó el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes.

El órgano de gobierno marbellí solicitó por escrito el pasado martes al juez Torres convertirse en el nuevo depositario de la colección de Juan Antonio Roca, en el caso de que las obras sean valiosas. Un equipo de expertos tasadores de la Consejería de Cultura comenzará a peritar los cuadros para determinar si se trata de copias, como declaró Roca, u obras originales de pintores como Guillermo Pérez Villalta o Serrano.

La defensa de Roca estima que el juez no autorizará la petición de la gestora y calificó la posibilidad de "locura jurídica": "No tiene ninguna base jurídica, y no cabe la posibilidad de que unas obras que son propiedad de una persona se expongan sin el consentimiento del propietario. El Ayuntamiento no puede rentabilizar por la vía de la exposición, sea gratuita o no, unas obras que no son de su propiedad", añadió la misma fuente de la defensa de Roca.

Por otro lado, las defensas de los imputados en el caso Malaya han presentado un recurso de alzada ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la falta competencia del juez Miguel Ángel Torres, ya que éste se encuentra en comisión de servicio. Las defensas presentaron un único escrito en el que se alega "falta de jurisdicción" del juez, argumento ya planteado con anterioridad por el abogado Javier Gómez de Liaño, que representa a la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, en estas diligencias, aún declaradas secretas.