Villepin descarta la dimisión y promete librar "hasta el fin" la batalla del empleo

El primer ministro francés, Dominique de Villepin, retiró ayer su amenaza de dimisión y anunció que librará su batalla contra el desempleo "hasta el final", pero admitió, por primera vez, que "todas las propuestas" son discutibles en la negociación sobre el polémico contrato de primer empleo (CPE), lo que incluye su retirada, tal y como piden los sindicatos y las organizaciones estudiantiles. La jornada de ayer, sin embargo, vivió una intensificación de las acciones de protesta de grupos de estudiantes que paralizaron las estaciones de tren de decenas de ciudades en todo el país.

Los líderes de las asociaciones estudiantiles fueron recibidos ayer en el Senado por el equipo negociador, formado por cuatro diputados del partido gubernamental, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), y dos ministros del Gobierno. A la salida, Bruno Juillard, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), llamó a los universitarios a "intensificar la movilización".

Karl Stoeckel, líder de la Unión Nacional de Liceos (UNL), que representa a los estudiantes de instituto, les instó, asimismo, "a continuar con la movilización por medio de acciones múltiples y mantener la presión" sobre el Gobierno. Según Julliard, sus interlocutores no habían mostrado "ningún signo" de que estén dispuestos a derogar el CPE.

La consigna no era necesaria, pues las acciones ya se habían intensificado de madrugada, cuando un centenar de jóvenes bloquearon la entrada de las instalaciones de Airbus, en Blagnac, impidiendo la entrada de las grandes piezas del A-380 que llegan por carretera. Una acción que repitieron a primeras horas de la mañana. También los accesos al aeropuerto de Orly, en París, estuvieron bloqueados durante más de dos horas.

A media tarde se supo que el presidente, Jacques Chirac, había convocado en el palacio del Elíseo al Consejo de Seguridad, formado por el primer ministro y una decena de miembros del Gobierno, aunque no trascendió lo tratado.

La mayoría de las acciones por sorpresa de estos grupos tuvieron como objetivo los transportes públicos, más concretamente las estaciones ferroviarias. En París, las vías férreas de las estaciones de Saint Lazare y del Norte fueron ocupadas varias veces durante la jornada, al igual que en Toulouse -donde hubo dos heridos cuando las fuerzas del orden cargaron contra los estudiantes- y Caen.

Las entradas a las ciudades fueron el objetivo en Limoges, Chambery, Grenoble, Rennes, Quimper, Nantes y Estrasburgo. La Conferencia de Rectores hizo un llamamiento para que se reanuden las clases. Según su vicepresidente, Yannick Vallée, "todavía es posible salir de la crisis", pero conforme pasa el tiempo disminuye la posibilidad de que los alumnos puedan aprobar el curso. Ayer había 51 universidades bloqueadas y unos 300 institutos.

El primer ministro, Dominique de Villepin, sin embargo, no parecía ayer muy preocupado por la rebelión de los estudiantes cuando protagonizó su conferencia de prensa mensual en su residencia del palacio de Matignon, la novena desde que accedió a la jefatura del Gobierno, en una sala completamente abarrotada. Su elíptico amago de dimisión pronunciado el miércoles, cuando aseguró que asumiría "todas las consecuencias de la crisis", se transformó ayer en una igualmente opaca rectificación. "El presidente me confió una misión, la de librar la batalla por el empleo, y la libraré hasta el final", dijo.

Villepin regateó como pudo la pregunta sobre cómo ha sido apartado de la escena en la búsqueda de una salida a la crisis, encargada a los líderes parlamentarios de la UMP y, por defecto, a su presidente, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, una de las ausencias clamorosas ayer. "Nos levantamos cada mañana contemplando cómo sale cada día un nuevo conejo de la chistera", dijo, y admitió, eso sí, que tal vez se precipitó al aprobar el CPE, porque quería obtener "resultados rápidos", pero por primera vez aceptó implícitamente que este contrato para menores de 26 años, que permite el despido durante los primeros 24 meses, podría simplemente ser derogado. "Hay que examinar, sin ningún condicionamiento a priori y sin tabúes, todas las propuestas que están sobre la mesa en el diálogo con los agentes sociales", dijo.