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La Junta rechaza personarse en los juicios por las agresiones a docentes, pero les pagará un abogado

Los sindicatos aprueban el borrador sobre el apoyo jurídico a los profesores

La Junta de Andalucía dio ayer un paso adelante y otro atrás en el cumplimiento de las medidas que demandan los sindicatos para luchar contra la violencia en las aulas. Por la mañana, el gobierno andaluz se comprometió con los grupos sindicales a pagar la asistencia jurídica a los profesores víctimas de una agresión en el centro educativo. Poco después, el Parlamento andaluz rechazó, con los votos del PSOE, instar a la Consejería de Educación a que se persone como acusación particular en este tipo de casos, de los que en lo que va de curso la Junta contabiliza diez.

El borrador de la orden con la que Educación pretende regular la asistencia jurídica gratuita a los docentes agredidos fue presentado ayer a los sindicatos en una reunión de la mesa sectorial celebrada para abordar éste, entre otros temas. El texto recoge el compromiso de la Junta de prestar asistencia jurídica a los profesores de todos los niveles educativos, salvo el universitario. Esta asistencia incluye, según el borrador, asesoramiento en derecho, representación y defensa en caso de juicio. El texto dispone tres formas de articular la defensa: a través de un letrado del servicio jurídico de la Consejería de Presidencia; mediante un abogado contratado por Educación; o a través del letrado elegido por el docente.

La medida se refiere específicamente a los casos en los que los agresores sean personas "externas" al centro educativo: "Suelen ser familiares, sobre todo", explica Carlos Gómez Oliver, director general de Recursos Humanos de la Junta. Para las situaciones en las que los alumnos agredan en clase al profesor, la normativa establece una serie de derechos y deberes que determinan sanciones o expulsiones para los estudiantes. Gómez Oliver se mostró contento por la respuesta de los sindicatos que, aseguró, "sólo hicieron propuestas técnicas al borrador".

Los grupos sindicales apoyaron de forma unánime esta decisión, si bien, con respecto al veto del PSOE en el Parlamento a la proposición no de Ley presentada por el PP para que la Junta se persone como acusación particular en caso de agresiones a docentes, anunciaron que seguirán trabajando para que se apruebe la medida. Con respecto al apoyo jurídico, medida pionera en el ámbito escolar en España, el responsable de Educación de Comisiones Obreras, José Blanco, reconoció que los profesores agredidos se sentían "indefensos" y que a partir de ahora "dispondrán de recursos para defenderse".

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