El PP lleva el Consejo Audiovisual Catalán al Constitucional

El PP presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley del Consejo Audiovisual Catalán (CAC). Argumenta que 50 de sus artículos contravienen la Constitución española. Basa su recurso en tres ejes: vulnera, según los populares, la libertad de expresión e información que garantiza la Constitución; relega el papel del castellano como lengua oficial en toda España, e invade competencias exclusivas del Estado.

El recurso afirma que la ley del CAC "invade espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil catalana y española". Según el PP, "el legislador territorial asume jurisdicción sobre todo tipo de actividades; otorga poderes desproporcionados al Gobierno y al Consejo Audiovisual de la Generalitat; ocupa competencias reservadas al Estado, y se arroga la capacidad de definición de conceptos (veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales) de un modo exclusivo y excluyente, todo lo cual resulta contrario a la Constitución española".

El PP divide en tres bloques la supuesta vulneración de la Constitución que tendría la ley del CAC. El primero es "la infracción de derechos fundamentales" como "la libertad de información y las libertades de opinión y expresión". Eso ocurre, según el recurso, porque "la clausura y el cese de actividades de un medio de comunicación, tal como están reguladas en esta ley, comporta el sacrificio del bien jurídico 'libertad de comunicación' sin razón ni justificación alguna". El segundo es el supuesto "arrinconamiento progresivo de la lengua castellana para otorgar un desmedido protagonismo a la lengua catalana y aranesa más allá de todo límite razonable". El tercer bloque detalla una serie de competencias que asume la Generalitat cuando, constitucionalmente, son exclusivas del Estado.

Los artículos de la Constitución que, según el PP, son vulnerados por la ley del CAC son los siguientes: El artículo 3, al promover que "normalmente" se use el catalán y "relegar" el castellano, que es la lengua oficial de toda España. El artículo 14, que define la igualdad de los españoles ante la ley, al favorecer para las adjudicaciones a los productores con residencia en Cataluña. El artículo 20, sobre libertad de información y expresión porque el CAC se atribuye definir lo que es información veraz y lo que no lo es. El artículo 25, sobre la legalidad y la proporcionalidad de las sanciones, pues se arroga de cierre definitivo o temporal de una emisora por cuestiones que afectan a la libertad de expresión o información. El artículo 81, que reserva al Estado la facultad de elaborar leyes orgánicas. El artículo 139, que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de España. Y distintos apartados del 149, que es el que define cuáles son las competencias exclusivas del Estado.