Las víctimas reclaman sus casas a los torturadores

Una pared de ladrillo rojo de cara vista, el portón de un garaje y una puerta coronada por un brillante dintel blanco forman parte de una tranquila calle de San Miguel de Tucumán, a 1.193 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Una apariencia de normalidad que contrasta con la historia de la propiedad que hay detrás del muro y la intensa batalla judicial que se libra a su alrededor, la punta del iceberg de uno de los episodios más negros de la dictadura militar argentina (1976-1983): las propiedades robadas por el Gobierno a los desaparecidos y que ahora reclaman sus herederos. Al dolor por la desaparición de los familiares los demandantes tienen que demostrar que los asesinados realmente vivían en inmuebles ahora ocupados incluso por los mismos torturadores.

Los represores robaban todo tipo de bienes y luego se los repartían como botín

"He sentido ganas de tocar el timbre, pero no me atreví", explica un hijo de represaliados

"Nunca estuve dentro de la casa. He pasado delante de ella y sentí ganas de tocar el timbre, pero no me atreví", confiesa Fernando Araldi, un fotógrafo profesional, de 30 años, que reclama la propiedad de la vivienda. La última vez que estuvo en ella tenía un año de edad y él no recuerda, aunque le han contado, que la pared de ladrillo no existía y que una pequeña valla con una puerta de madera de medio metro de alto era la que separaba la casa de la calle. La misma puerta por la que en julio salieron detenidos sus padres, Raúl Araldi y Diana Oesterheld, quien estaba embarazada. Los policías también se llevaron a Fernando. Era el 26 de julio de 1976.

A Diana, la madre, se la vio por última vez ese mismo año en el campo de detención ilegal instalado en la jefatura de policía de Tucumán; a Raúl, el padre, nunca más. Fernando, el niño, fue localizado por sus abuelos en un orfanato donde había sido abandonado, sin nombre. Al menos estaba vivo. La vivienda de los Araldi fue entregada a una mujer relacionada con uno de los policías más conocidos de Tucumán durante la dictadura, Roberto Heriberto Albornoz, alías El Tuerto, sobre quien la justicia española ha solicitado la extradición. Y allí sigue.

"No es una rareza, sino que eso era algo sistemático. Este grupo de represores también se encargaba de robar todo tipo de bienes, televisores, coches, y luego se los repartían como un botín. Es obvio que estamos ante una apropiación ilegal", subraya Juan Carlos Veliz, uno de los abogados de la familia Araldi, en una causa donde se han presentado también como parte acusadora organizaciones humanitarias particulares y hasta los descendentes de las personas que vendieron la casa a los Araldi. Sin embargo, el juez federal Jorge Parache, tras escuchar los testimonios de 11 testigos, decretó que Fernando Araldi no podía probar que en la casa vivieran los desaparecidos. Un total de 10 testigos aseguraban que sí y uno que no.

"El tema de las propiedades es muy importante, pero lo verdaderamente decisivo es que se celebren juicios orales y públicos contra quienes cometieron los delitos, entre otras cosas porque las víctimas sólo pueden recuperar lo robado a partir de la sentencia", indica el fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán Gustavo Gómez, quien ha recurrido la sentencia que deja a los Araldi sin bienes.

Gómez denuncia que hay incluso empresas que fueron robadas a sus propietarios mediante la venta fraudulenta -ya sea por coacción, o falsificación- de acciones. "El problema es que hay un gran temor en la sociedad para hablar de este tema, especialmente en Tucumán". Prueba de ello es que quien fuera gobernador militar de Tucumán durante el régimen militar, Antonio Bussi, venció en las elecciones a gobernador en 1995 y a alcalde en 2003. Bussi se encuentra actualmente detenido en las dependencias militares de El Arsenal, en la capital tucumana, procesado por homicidio, secuestro, desaparición y robo.

No es la primera causa de este tipo que llega a manos del fiscal Gómez. El 24 de julio de 2004 ordenó el allanamiento de una vivienda que había pertenecido a Rolando Coronel y a su hija Marta. "Los policías llegaron a por Marta, pero Rolando, su padre, protestó y exigió saber por qué se llevaban a su hija. Se lo llevaron a él también", relata Jorge Delgado, de la Liga Argentina de los Derechos Humanos. La vivienda fue ocupada por un miembro del Servicio de Inteligencia Confidencial, Luis Amando de Cándido, quien logró eludir a la policía cuando fueron a buscarlo, aunque en la actualidad ha sido confinado en prisión preventiva. Sin embargo, no quedan familiares que reclamen la propiedad y la casa permanece vacía a la espera de que el municipio le otorgue un destino.

"Es como si la víctima tuviera que demostrar su inocencia y el usurpador gozara de más derechos. Yo he tenido que aguantar que me digan en el juzgado: sí, eres el heredero de hecho, pero no de derecho", dice Hugo Sánchez, un técnico de ascensores, de 53 años, cuyos padres, Agustín, un dirigente sindical, y Segunda, fueron secuestrados el 4 de septiembre de 1976.

Sánchez optó por una reclamación administrativa de la que había sido su casa; es decir un simple desalojo sin consecuencias penales para los ocupantes, y aún así tardó ocho años en recuperar la vivienda. Hoy una placa y un mural realizado por vecinos, amigos y jóvenes del barrio recuerdan en la casa a la pareja secuestrada y desaparecida. "Es increíble lo que aquí ha ocurrido; son heridas que no sólo nos quedan a los individuos sino a toda la sociedad", añade.

En los barrios de San Miguel de Tucumán -en su mayoría viviendas unifamiliares de una sola planta-, muchos vecinos saben que tal o cual casa estaba habitada antes del golpe por personas que desaparecieron y luego esas casas cambiaron de dueño. "Nos enfrentamos a dos dificultades", reconoce el fiscal general Gómez. "Por un lado en Tucumán hay 700 causas abiertas por crímenes de lesa humanidad -más que en Buenos Aires-, y sólo hay dos jueces federales y dos fiscales, y sólo uno de cada se encarga de estas causas; y por otro lado está el miedo. A día de hoy son muy escasas las denuncias para la restitución de viviendas. En mi opinión son imprescindibles los juicios orales y públicos contra los responsables para que esta situación cambie", concluye el fiscal.