Solidaridad europea
La Unión Europea ha mostrado todo su apoyo al Gobierno español en el reto que tiene ante sí de poner término "a la última organización terrorista de Europa". Los Veinticinco compartieron las esperanzas de Zapatero de que éste sea "el principio del fin" de ETA, según la declaración leída ayer al término del Consejo Europeo por su actual presidente, el austriaco Wolfgang Schlüssel. Al introducir la noticia en la reunión de Bruselas como "la esperanza de España y la esperanza de Europa", quien llevó la voz cantante fue Jacques Chirac, presidente de una Francia esencial para llevar a buen puerto este proceso.
La solidaridad política con España ha marcado esta cumbre dividida en torno a la insolidaridad energética y a unas ampulosas declaraciones de principio, a las que acompañan escasos planes para actuar sobre la realidad. Es difícil que ocurra algo diferente cuando se trata de coordinar los intereses nacionales de 25 países. En este caso, las declaraciones enfáticas insisten en el lugar común de que los mercados de gas y electricidad deben quedar liberalizados en 2007, según las normas establecidas por Bruselas; y que las interconexiones energéticas deben aumentar para asegurar la integración progresiva de un mercado europeo que hoy se desea, pero de cuya configuración se tienen muy escasas ideas. La realidad es que los mercados nacionales están fuertemente protegidos por las redes propias de transporte, que no existe una política de abastecimiento común que justifique la apertura de los mercados eléctricos nacionales y que la posibilidad de cerrar un gran acuerdo con Rusia para asegurar el suministro de gas está por ahora en el aire.
Los problemas reales de ese gran mercado unido de la energía fueron cuidadosamente evitados en la reunión de Bruselas. Sostuvo la canciller alemana Angela Merkel que deben existir grandes empresas energéticas que actúen como "campeones europeos". Naturalmente está pensando en "sus" empresas, como E.ON, sin ir más lejos. Pero el modelo de "grandes campeones" europeos sólo es admisible bajo ciertas condiciones: que se acepte la creación de un regulador europeo -rechazado por Merkel- para arbitrar los problemas de competencia en ese mercado; que se articule una política común de abastecimiento energético, que de momento ni siquiera es capaz de alcanzar un acuerdo sobre una reserva estratégica común; que en los casos de aislamiento extremo -como España, que apenas cuenta con conexiones para importar el 3% de la electricidad que consume- se redoblen las inversiones y las facilidades políticas para reforzar la red. Esos requisitos no se cumplen hoy. Así que la visión de la canciller alemana equivale, en el mejor de los casos, a poner el carro antes que los bueyes y, en el peor, a un interés rigurosamente nacional.
