El tripartito plantea ahora que el Parlamento apruebe una ley de dependencia propia

Los partidos del Gobierno (el PNV, EA y EB) propugnan que el Parlamento apruebe una ley de dependencia vasca, acogiéndose a la competencia exclusiva que en materia de asistencia social le confiere el Estatuto. El planteamiento del tripartito se produce en plena discusión del anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Trabajo, recientemente descalificado por el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo. Para el Ejecutivo, dicho anteproyecto presenta lagunas, como la cobertura asistencial que recaerá en las comunidades autónomas y la financiación de los servicios.

Amparándose en la capacidad que el Estatuto otorga a la comunidad autónoma para regular y planificar las políticas sociales, el tripartito pretende en estos momentos iniciar los trámites para elaborar una ley de dependencia de ámbito autonómico. Así figura en la enmienda de totalidad que han presentado conjuntamente el PNV, EA y EB a una proposición no de ley formulada por el PP sobre la protección y atención a las personas dependientes. El segundo de los tres puntos de la enmienda recoge explícitamente la pretensión del tripartito: "El Parlamento vasco respalda la aprobación de una ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que garantice unos derechos básicos" para este colectivo.

Esta iniciativa, que será debatida próximamente en un pleno de la Cámara, irrumpe cuando dl Gobierno socialista está a punto de aprobar el proyecto de ley de Dependencia, para que entre en vigor a comienzos de 2007. Su aplicación no ha convencido plenamente al Departamento vasco de Asuntos Sociales y a las tres diputaciones, que encuentran muchas lagunas en el contenido de la futura ley.

El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo establece el derecho de todos los ciudadanos a recibir asistencia, al margen de sus recursos económicos. Las ayudas se concederán en función del grado de incapacidad de los beneficiarios y la financiación se realizará a partes iguales entre las administraciones central y autonómicas y con una aportación de los usuarios.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, anunció en una visita reciente a Euskadi que se necesitarán 200 millones de euros anuales para atender a las 50.000 personas dependientes que en esta comunidad carecen de atención en la actualidad -1.125.000 en España-. Según sus cálculos, se podrán crear 15.000 puestos de trabajo en virtud de la retribución económica que la nueva ley fija para los cuidadores. Caldera dijo, además, que Euskadi está por debajo de la media nacional en atención a dependientes.

Indefinición

El Gobierno de Ibarretxe considera que la ley de Dependencia socialista, tal y como está concebida ahora mismo, representa una "invasión competencial", según ha manifestado el consejero Madrazo. A su juicio, no está claro cómo se articulará las fórmulas para financiar la nueva cartera de servicios para atender a los incapacitados. Las diputaciones consideran que el cálculo de posibles beneficiarios se ha quedado "corto" en el caso del País Vasco. Critican el "alto grado de indefinición" del proyecto y que aún se desconozcan los baremos que se emplearán para determinar los niveles de dependencia.

El tripartito, por su parte, reclama que el texto legal garantice "la equidad, cohesión social y la solidaridad interterritorialidad" a través de una financiación "suficiente y sostenible" con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Piden que se clarifique el nivel de atención que prestarán las comunidades con fondos de la Administración general. La futura ley, sostienen el PNV, EA y EB, debe establecer explícitamente que la protección incluirá a las personas que ahora son atendidas por los servicios sociales. También plantean que la aportación financiera del Estado se calcule "teniendo en cuenta las diferencias en el nivel de vida y el coste de los servicios de atención en cada comunidad".

Por su parte, la catedrática de Sociología María Teresa Bazo, autora de varios estudios sobre la atención a dependientes, sostiene que, en una sociedad que envejece "en mejores condiciones", se está produciendo una notable aumento de la demanda asistencial. Por eso, ante la ley de Dependencia se pregunta si finalmente va a ser "una mera declaraciones de principios", si se acercará "lo más posible" a las necesidades que presentan las personas dependientes y en qué medida va a asegurar que "todos los ciudadanos van a tener los mismos derechos".