El galeón 'Sussex' libra la última batalla

El 19 de febrero de 1694, una violenta tempestad atrapó al navío británico Sussex mientras navegaba por aguas del estrecho de Gibraltar rumbo a Italia, adonde se dirigía con la misión de entregar al duque de Saboya oro y plata en cantidad suficiente para convencerle de que se mantuviese en el bando inglés en la guerra en marcha entre Inglaterra y Francia. Pese a la potencia del barco -que llevaba unos 500 hombres y 80 cañones-, o quizá a causa de ella, el almirante sir Francis Wheeler no pudo evitar el naufragio. El Sussex se hundió en algún punto del Estrecho, y con él, su tesoro. Toneladas de oro y plata. Ésta es la historia o, al menos, la versión comúnmente aceptada por los expertos.

El buque se hundió en un viaje a Italia mientras llevaba oro y plata para que el duque de Saboya apoyase a Inglaterra en su guerra contra Francia

El Ministerio de Exteriores español exigió el jueves a la empresa estadounidense encargada del rescate del tesoro que suspenda de inmediato las operaciones

El Reino Unido, dueño de los restos del 'Sussex', ha pactado dejar parte de lo que se halle a la empresa contratada, despertando las críticas de los arqueólogos

Ahora, más de tres siglos después, las aguas que cubren el Sussex siguen agitadas. El Odyssey, barco de la compañía estadounidense Odyssey Marine Explorer -empresa puntera en el negocio del rescate de pecios-, está trabajando en aguas del Estrecho por encargo del Ministerio de Defensa británico y parece haber localizado los restos del navío. Su actividad, desde hace unas semanas, es objeto de una encendida polémica entre arqueólogos, políticos y abogados. El pasado jueves, cuando se cerraba este reportaje, el Ministerio de Asuntos Exteriores instaba al Odyssey a suspender de forma inmediata sus trabajos.

Al contrario de lo que sería lógico imaginar, el punto polémico no es la propiedad del presunto tesoro. "El Sussex era un barco de guerra de bandera británica. De acuerdo con la posición mantenida internacionalmente por España, los restos de los buques hundidos pertenecen al Estado de su bandera", explica José Luis Goñi, abogado de Odyssey. Este punto está fuera de cuestión, como confirma Mariano Aznar, profesor de derecho internacional público de la Universidad de Valencia y experto en la materia. Si hay un tesoro, es del Reino Unido.

"Lo que ocurre es que, si el pecio está en aguas españolas, quienes trabajen en el rescate deben respetar las normas y las condiciones impuestas por la legislación española", explica Aznar. Aunque Odyssey no ha comunicado -por razones obvias- las coordenadas exactas en donde se encontraría el barco, su zona habitual de operaciones y el haber pedido permiso al Gobierno español para trabajar inducen a pensar que se encuentre en aguas españolas.

Permiso y condiciones

El Ministerio de Cultura, primero, y luego el de Exteriores concedieron ese permiso, pero con la condición de que la investigación se realizara según la ley y que un experto español estuviese a bordo durante los trabajos. La nota del jueves señalaba que el Odyssey "está incumpliendo las condiciones establecidas". Por ello se pedía la suspensión de actividades.

El punto crítico es que la Junta de Andalucía considera que sus competencias en materia arqueológica se ejercen también en el mar y opina que el Odyssey no cumple el reglamento autonómico en la materia. Por tanto, se negó a enviar un técnico a bordo. Pese a ello, el Odyssey siguió adelante con su actividad, lo que ha motivado también una denuncia de la Guardia Civil ante la autoridad judicial competente.

"Desde nuestro punto de vista, Andalucía carece de competencias en la materia", sostiene Goñi, abogado de la empresa del Odyssey. "En primer lugar, porque es una cuestión en el marco de las relaciones internacionales del Estado español y además porque la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía ni confiere ni puede conferir competencias sobre el mar, sino sólo sobre el territorio andaluz. Andalucía no tiene mar territorial. Se trata de mar territorial español".

La opinión, sin embargo, no es compartida por Aznar, quien señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica que las comunidades ejercen también sus competencias en el mar. Por otra parte, añade, "el propio Consejo de Ministros reconoció en septiembre de 2001 que 'las competencias para otorgar las autorizaciones correspondían a la Junta de Andalucía' y que sólo la relevancia internacional del asunto justificaba de forma excepcional el ejercicio de la competencia desde Madrid". Pero, concluye Aznar, si resulta que el Sussex está en aguas claramente españolas, no hay motivo para mantener de pie la excepción de las relaciones internacionales. En cualquier caso, el Gobierno consideró expresamente en su nota que la normativa andaluza es aplicable.

Goñi -que, al no tener el pasado jueves conocimiento detallado de la nota de Exteriores, prefirió no comentarla- sostiene que "el Odyssey se está ateniendo escrupulosamente al beneplácito otorgado por el Gobierno el verano pasado". Rosa Torres, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, señala, sin embargo, que "hasta ahora Odyssey sólo ha pedido el permiso. Eso no es suficiente: también es necesario que presente una relación detallada sobre el proyecto y en primer lugar sobre la identificación del pecio, ya que todavía no está del todo claro si se trata del Sussex. Es nuestro deber exigir eso". La presentación de ese proyecto se configura así como la clave para desbloquear el asunto.

Un contrato criticado

La polémica, sin embargo, tiene también otra vertiente. La comunidad científica está levantando más de una voz crítica en referencia al contrato que une el Gobierno británico con Odyssey. El pacto prevé que la compañía estadounidense -que cotiza en la Bolsa de Nueva York- se quede con parte del material eventualmente rescatado. "Estamos extremadamente descontentos con el proyecto", afirma en una conversación telefónica desde Inglaterra Mike Heyworth, director del Council for British Archaeology.

"Ya expresamos hace años nuestra preocupación, porque consideramos que la operación va en contra de los principios de la arqueología", afirma. Uno de ellos, establecido por el convenio sobre patrimonio arqueológico subacuático de la Unesco, es la no comercialización de los bienes. El Reino Unido no ha firmado la carta, pero sí se comprometió a respetar sus principios clave.

El contenido exacto del contrato no se ha publicado -"y eso es algo que no nos gusta: si los bienes de los que se trata son públicos, debería serlo también el contrato", dice Heyworth-, pero fuentes oficiales de la Embajada británica en Madrid confirman que está previsto que parte del material rescatado se quedará en manos de la compañía estadounidense.

"El Gobierno del Reino Unido se quedará con una parte y entregará unas muestras representativas a museos británicos. Sus responsables ya han expresado al Ejecutivo que no están interesados en recibir más que muestras", especifican las mismas fuentes. La parte restante "se quedará en manos de Odyssey en depósito; la empresa podrá exhibirla con fines educativos o venderla, pero sólo a museos y en cualquier caso informando detalladamente sobre las transferencias, para que la colección no se disperse", asegura la portavoz.

Además, aunque en la embajada subrayen que desde su punto de vista prima el interés científico, las dificultades de una operación de rescate, en una zona de fuertes corrientes como el Estrecho y a profundidades que deberían alcanzar al menos los 700 metros, levantan dudas. Heyworth apunta a que "aunque consta que la operación está siendo oportunamente supervisada por arqueólogos, es dudoso que, dadas esas condiciones, se pueda actuar de forma sensible". Lo mismo dice Xavier Nieto, director del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña: "No niego que sea posible, pero me parece difícil que en esas condiciones se pueda garantizar un tratamiento científico adecuado del material. Y la carta de la Unesco establece que el material tiene que quedarse in situ si no hay garantías de correcta extracción".

Las aguas alrededor del Sussex siguen revueltas.