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lunes, 31 de octubre de 2005

El agente que vigiló a Tamayo realizó para la Complutense servicios de contraespionaje

El juez tiene las facturas de la universidad que acreditan los pagos por la colaboración

José Antonio E., agente privado de seguridad procesado por uso fraudulento de un carné falsificado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que ha salido de la cárcel hace varios meses tras pagar una fianza de 90.000 euros, era colaborador habitual de la Universidad Complutense de Madrid, que le encargaba trabajos de contraespionaje pagados con dinero público. José Antonio E. ha declarado al juez que vigiló, siguió y protegió al ex parlamentario regional Eduardo Tamayo tras decidir éste, junto a la ex parlamentaria María Teresa Sáez, dejar al Grupo Socialista el 10 de junio de 2003 sin la mayoría necesaria para conquistar el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Tamayo y Sáez no acudieron al pleno de constitución de la Asamblea de la Comunidad de Madrid tras las elecciones de mayo de 2003, con lo que el PSOE no pudo imponer a su candidato, Rafael Simancas, para presidir ese órgano -le faltaban dos votos y se quedaba en minoría- y empezó a temer que perdería el Gobierno de la Comunidad. Posteriormente, Tamayo y Sáez votaron en contra del PSOE. Aquella situación forzó unas elecciones anticipadas, en las que el PP recuperó su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, lo que permitió gobernar a su candidata, Esperanza Aguirre.

El agente privado de seguridad ha declarado que Dionisio Ramos, gerente en aquella época de la Universidad Complutense de Madrid, sabe mucho acerca de quién le encargó ese trabajo de vigilancia y protección de Tamayo. El encargo le llegó a través de un guardia civil al que identifica como Ángel y del que asegura trabajaba para al Centro Nacional de Inteligencia y para la Universidad Complutense de Madrid.

Dionisio Ramos formó parte del primer Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid y tiene fuertes vínculos con algunos diputados del PP con responsabilidades en la Asamblea de Madrid como Cristina Cifuentes, que también trabajó en la Universidad Complutense como directora de un colegio mayor. Ramos fue secretario general técnico de la Consejería de Educación con Gustavo Villapalos como consejero. En el cargo duró sólo unos meses debido a importantes desavenencias con el consejero, que había sido rector de la Complutense.

Entre los trabajos de espionaje que realizó José Antonio E., según la investigación judicial, el agente privado de seguridad acudió hace varios años al Ayuntamiento de Majadahonda, cuando el alcalde era Ricardo Romero de Tejada, entonces secretario general del PP.

Pinchazos telefónicos

José Antonio E. buscó, y supuestamente encontró, micrófonos ocultos y pinchazos telefónicos. De una parte de esos trabajos de contraespionaje -José Antonio E. era experto en electrónica- y de la adquisición de aparatos para captar conversaciones telefónicas habría quedado constancia oficial en las facturas de que dispone la Universidad Complutense. El juez reclamó esas facturas y los nuevos dirigentes de la universidad las enviaron tras una complicada búsqueda.

También existe en el juzgado de instrucción la prueba del seguimiento que se hizo a Tamayo tras su decisión de plantar al PSOE y abrir una nueva posibilidad para que el PP mantuviese el poder en la Comunidad de Madrid. Una grabación, encontrada en el domicilio de José Antonio E. tras un registro de la Guardia Civil, recoge imágenes de Eduardo Tamayo en el hotel Los Vascos, donde se refugió tras su espantada de la Asamblea de Madrid.

La habitación del hotel Los Vascos donde se hospedó Tamayo fue reservada por un constructor, Francisco Bravo, que un día antes había visitado el despacho de Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid. Bravo se afilió al PP de Villaviciosa de Odón durante el proceso congresual del partido en esa localidad. El PSOE ha denunciado varias operaciones urbanísticas en municipios de Madrid gobernados por el PP que han beneficiado al constructor Francisco Bravo.

Eduardo Tamayo, tránsfuga del PSOE de Madrid que impidió la investidura de Rafael Simancas. / ULY MARTÍN

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