Atutxa repite en el juicio que no desobedeció ni despreció al Supremo

El ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa (PNV), juzgado desde ayer junto a Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB) por no disolver el grupo heredero de Batasuna como ordenó el Tribunal Supremo, negó haber "incurrido en desobediencia" o haber "despreciado" al alto tribunal. Los tres acusados se mantuvieron firmes al decir que intentaron cumplir la orden de disolución de Sozialista Abertzaleak (SA), pero fue "imposible" hacerlo por causas ajenas a ellos.

En la primera sesión del juicio todo discurrió sobre el guión previsto, hasta que tomó la palabra la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia vasco, María Ángeles Montes, para interrogar a los acusados. Hasta ese momento, pasadas las 11.30, las instantáneas habían sido las esperadas: un apoyo efusivo en la calle a los tres acusados, que acudieron arropados por las direcciones de sus partidos hasta la escalinata de la entrada del Palacio de Justicia. Todos ellos con el mismo discurso: la vista oral es un "juicio político", un "vodevil político judicial" o, como afirmó el lehendakari Ibarretxe, "la cola del cometa del pensamiento único que lideró el PP".

Junto a esas declaraciones y muestras de afecto, ya en la sala de vistas, las habituales cuestiones previas de la defensa. Todas ellas rechazadas por el tribunal, al considerar que no había ningún motivo para suspender la vista, como había solicitado el abogado defensor. La secretaria leyó entonces los escritos de las partes, en los que, sobre el papel, sólo aparece como acusación el sindicato Manos Limpias, que pide una multa e inhabilitación especial durante dos años por desobediencia. Su letrado, Jaime Alonso García, no pudo ni abrir la boca. Los acusados se negaron, "por dignidad", a contestar a las preguntas de un "sindicato ultraderechista".

La fiscalía, que durante toda la instrucción actuó como punta de lanza de la acusación, menciona en su escrito las "graves dificultades que concurrían para cumplir" la orden del Supremo. Y añade que los acusados no pudieron llevar "a buen término" la disolución porque la Junta de Portavoces rechazó, el 6 de mayo de 2003, una Resolución General de Presidencia, apoyada el día anterior en la Mesa por Atutxa, Knörr, Bilbao y el representante del PSE-EE que la propuso, Manuel Huertas. Justo la "vía de consenso" mencionada ayer por los acusados para cumplir la orden del Supremo y disolver SA.

Pero la fiscal sorprendió con un interrogatorio que, en algunos momentos, más parecía querer resaltar el comportamiento supuestamente desobediente de los acusados que la imposibilidad a la que se refirieron ayer los tres políticos de satisfacer al Supremo. Atutxa habló de "calvario" desde el 20 de mayo de 2003 para referirse al enfrentamiento con el Supremo por no poder cumplir sus órdenes sin vulnerar la autonomía parlamentaria y el Reglamento de la Cámara. Un texto que, según los acusados, no prevé la fórmula para disolver un grupo. Montes llegó a preguntar a Atutxa si se habían puesto de acuerdo previamente con los representantes de sus partidos en la Junta para eludir su responsabilidad. Atutxa lo negó.

Los tres políticos acusados invocaron con profusión el informe redactado por el ex fiscal general del Estado Jesús Cardenal, en noviembre de 2002, dentro del procedimiento seguido por el juez Baltasar Garzón por el que se suspendió la actividad de Batasuna. Ese texto fija que partido y grupo parlamentario son "realidades diferentes" y subraya la autonomía de la Cámara para organizarse internamente. "Hicimos lo que decía ese informe", aseguró Atutxa, aunque Montes le recordó que Cardenal recomendaba la modificación del Reglamento, algo que los acusados no promovieron desde la Mesa.