Cumbre iberoamericana: debatir sin prejuicios el futuro

En la organización futura de las cumbres hay un hecho nuevo que podemos saludar como una bendición: Enrique Iglesias, después de una larga trayectoria política, con su experiencia acumulada y con el conocimiento más preciso y lúcido de la región, se ha hecho cargo de la recién estrenada secretaría. La conoce como una realidad viva y diversa, llena de potencialidades por explorar para enfrentar los desafíos del desarrollo en la globalización. Si tiene el respaldo que necesita puede contribuir a definir objetivos comunes, aclarar propuestas y crear una nueva dinámica para todos y en beneficio de todos.

Desde la primera que celebramos en Guadalajara (México), allá por el año 1991, hasta la de este año en Salamanca, se han generalizado los sistemas democráticos. Sin embargo, la dificultad para encontrar procesos de crecimiento sostenido con una redistribución más justa del ingreso, muestra la cara negativa del proceso. Naturalmente hay excepciones a la regla en ambos casos, pero la regla cuenta para comprender la percepción que los ciudadanos tienen de este periodo histórico en la región.

Se habla de "fracaso de la democracia" para dar respuesta al desafío del desarrollo económico y social, aunque no fracasa la democracia sino la política. La democracia no garantiza de por sí el buen gobierno, pero permite que cambiemos los gobiernos que no nos satisfacen en su desempeño. A largo plazo siempre produce efectos positivos, porque los políticos sometidos al escrutinio de los ciudadanos tienden a mejorar sus prestaciones.

Se han intentado reformas económicas liberalizadoras y privatizadoras, en sucesivas oleadas a lo largo de los 90, con aciertos y fracasos. También se han vivido oleadas de inestabilidad política, por fortuna sin el acompañamiento dramático de las involuciones golpistas, aunque con consecuencias muy severas sociales y económicas.

En el trasfondo de la inestabilidad y de las convulsiones sociales podemos ver cómo la riqueza ha crecido escasamente, casi en los mismos términos que la población, pero la distribución del excedente de ese crecimiento es peor que antaño. Éste es el elemento básico de la frustración ciudadana que ve alejarse en el horizonte, periodo tras periodo, las expectativas de mejora de sus condiciones de vida y que coloca a la región en cabeza de la desigualdad en el mundo.

La política tiene que aprender de la prueba y error, corregir el rumbo para buscar caminos de respuesta para evitar esta frustración creciente. Ni el populismo -de izquierdas o de derechas- ni el fundamentalismo neoliberal han servido para enfrentar los desafíos con éxito. Deberíamos añadir que los discursos políticos son los que menos cambian en un mundo cambiante a velocidad vertiginosa. Siguen tendiendo al antagonismo sin concesiones, desde posiciones previas, con prejuicios viejos, que impiden encontrar la senda del entendimiento en la definición de los intereses nacionales que deberían ser parte de amplios consensos.

Existe un problema de más y mejor democracia -lo que ahora llamamos calidad democrática- y de proyectos políticos consistentes para estimular el crecimiento económico con empleo. Para hacerlos sostenibles hay que aprovechar la energía, desarrollar las infraestructuras físicas, construir vivienda accesible y, sobre todo, cuidar la variable estratégica más importante para enfrentar el futuro: la educación y la salud de la gente.

Mejorar la eficiencia de la democracia no es, sustancialmente, un problema de costes, sino de voluntad política y de acuerdos, pero si no se hace no tendremos instrumentos para el desarrollo. Aún más, el aparato burocrático se convierte en lastre para el ejercicio de la libertad con seguridad y para el impulso de las iniciativas generadoras de riqueza.

Los sistemas democráticos, con excepciones, son poco incluyentes. La participación de las mujeres -más de la mitad de la población- es muy escasa en los puestos de responsabilidad, representativos y de designación, lo que desperdicia una parte sustancial del capital humano de la región. La exclusión por distintas vías de sectores amplios de la población es también una evidencia, como ocurre con la población indígena. Limitaciones no justificables para ser elegible, por titulación universitaria, o por edad, en sociedades con una pirámide poblacional muy joven o con escasas posibilidades de acceso a cualquiera a una educación superior contribuyen a la exclusión. El coste de la política, particularmente de las campañas, es, asimismo, un mecanismo de exclusión de mayorías. La distancia entre la condición de elector y elegible tiene que tender a reducirse si queremos el compromiso de todos con la democracia.

Muchos sistemas electorales parecen pensados para generar inestabilidad o para exigir pactos truculentos que dificultan la gobernanza. Se dice que el problema es el presidencialismo, aunque lo dudo. El problema suele ser que los presidentes electos tienen respaldos muy exiguos en los parlamentos, excesivamente fraccionados, y se producen choques insalvables de legitimidades democráticas en el desarrollo de las funciones ejecutivas y legislativas.

La seguridad física y la seguridad jurídica son elementos esenciales para el ejercicio de las libertades cívicas. Es imposible sentirse libres si la criminalidad organizada se extiende como amenaza constante para nuestra libertad de movimientos. Es difícil desenvolverse como ciudadanos si las leyes se interpretan o aplican con arbitrariedad o son incomprensibles y complejas para la mayoría. En este terreno también se necesitan reformas que implican acuerdos o consensos más allá de la posición que se ocupe en el espectro político o la representación que se ostente. Libertad con seguridad es una necesidad que exige un funcionamiento policial y judicial de mayor eficiencia. Más si se considera que justificación primera y última del Estado es garantizar este binomio.

Simplificar trámites y hacer transparentes las cuentas y las acciones públicas significa poner a las administraciones al servicio real de los ciudadanos. Ahorra dinero, evita corruptelas e impide que el monstruo burocrático se alimente de sí mismo y de la sociedad en lugar de servirla. No confundir el ejercicio imprescindible de la autoridad con el autoritarismo del que partimos es un paso decisivo en la madurez de la democracia.

Reformas políticas que per-mitan decisiones estratégicas en el terreno de la economía, con una fiscalidad que estimule el crecimiento con empleo y redistribuya ingreso mejorando servicios básicos de educación y salud. Si la fiscalidad es sólo recaudatoria, sin priorizar los objetivos nacionales para el desarrollo económico y social, tiende a distorsionar la inversión y la creación de riqueza.

Los acuerdos nacionales deberían hacer posibles políticas de medio y largo plazo para el desarrollo de las infraestructuras físicas, con frecuencia de carácter regional supranacional, para eliminar cuellos de botella al crecimiento sostenido de la economía. Se dice que en la región hay poco ahorro para este esfuerzo necesario, pero lo que ocurre es que hay poca capacidad de ahorro público y parte del ahorro privado -que sí existe- no encuentra cauces para proyectarse hacia inversiones en las infraestructuras.

Imaginemos Estados democráticos que mejoren la seguridad de los ciudadanos y faciliten sus iniciativas; que atiendan la educación y la salud básica de los ciudadanos y que ejerzan su capacidad regulatoria para atraer al ahorro privado y para canalizar el ahorro social hacia el desarrollo de las infraestructuras de carreteras, puertos, aeropuertos, agua y vivienda. Importaría menos que sus recursos públicos se concentraran en las funciones señaladas porque serían capaces de combinar lo público y lo privado al servicio del país y de la región.

Consideración aparte merece la energía, como variable estratégica para el desarrollo nacional y regional y para la relevancia internacional. En esta parte del continente hay energía de sobra, de la que no es renovable y de la renovable, pero está infrautilizada en algunos casos o no ha sido útil para el desarrollo social y económico de los pueblos. Poco importa si la explotación de los recursos es pública o privada, que ambas cosas son posibles. Lo que importa es que se proyecten a favor de los ciudadanos. Ni siquiera se trata del reparto de esa riqueza, en muchos casos no renovable, sino de su utilización para crear una fuente de riqueza permanente para las sociedades iberoamericanas.

El continente está lleno de potencialidad. De nuevo existe una etapa en que es previsible el crecimiento económico y también el mantenimiento de precios interesantes para materias primas abundantes y de valor estratégico. ¿Sería posible debatir serenamente, sin prejuicios, sobre el presente y el futuro de la región? Los actores están juntos. La obra puede dar comienzo.

Felipe González es ex presidente del Gobierno español.