El alcalde de Majadahonda declara ante el juez que las permutas de terrenos se ajustaron a la legalidad

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, prestó declaración ayer ante el juez en relación con la supuesta trama urbanística que el PSOE ha destapado en esta localidad. De Foxá, según asistentes al interrogatorio, "incurrió en contradicciones", si bien aseguró que las subastas de suelo público a través de la empresa municipal Pammasa se hicieron de acuerdo con la legalidad.

De Foxá declaró como imputado y durante varias horas. En el interrogatorio estuvieron el fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio, y el abogado que representa al PSOE en esta denuncia, Guillermo Agüillaume.

El juez investiga si ha habido un trato de favor en las subastas de suelo público que ha realizado este Ayuntamiento en los últimos años. Pammasa recibía parcelas municipales, o derechos de edificación sobre ellas, para edificar vivienda libre. Pammasa decidió intercambiar esos derechos de edificabilidad de vivienda libre con constructores privados que tenían otras parcelas donde estaban obligados a edificar vivienda protegida. El Ayuntamiento les liberaba de construir vivienda protegida a cambio de una compensación económica de 30.000 euros por cada piso protegido que no edificaban.

La subasta de tres parcelas de terreno hecha por Pammasa en 2003 centró parte del interrogatorio. En esa subasta, el Ayuntamiento permutó sus derechos para edificar casas de precio libre sobre esas tres parcelas por otros derechos sobre terrenos ajenos en los que sólo se podían levantar viviendas protegidas. Según el PSOE, esa subasta de suelo público hizo perder a las arcas municipales, en beneficio de intereses privados, en concreto de la firma Afar-4, en torno a 30 millones de euros. Afar-4 es propiedad de Antonio Cubo, amigo del ex alcalde de Majadahonda y ex secretario regional del PP, Ricardo Rometo de Tejada.

De Foxá defendió la legalidad de todo el procedimiento y se apoyó en la existencia de más de 48 informes técnicos favorables al mismo. En la subasta de 2003, el Ayuntamiento utilizó el procedimiento de la invitación previa y no pública. Concurrieron seis licitadores y todos, menos dos, hicieron la misma oferta. La subastas de suelo público no pueden ser restringidas, según el PSOE. El alcalde señaló que no le parecía "ilegal, siempre que no fuera para bajar el precio del remate", que cuatro de los licitadores se hubiesen puesto de acuerdo en sus pujas. Añadió que posteriormente supo que uno de ellos, cree "que Afar-4", le había comprado los derechos de edificación a los otros tres. De Foxá fue preguntado por el bajo precio -"ridículo", según el PSOE- con que Pammasa permutó esos derechos de edificación. El alcalde dijo que la valoración que figura en la denuncia del PSOE "es falsa". El fiscal le preguntó si es cierto que una vivienda de 100 metros cuadrados en Majadahonda, de precio libre, cuesta "70 millones de pesetas y 30 millones si es protegida". De Foxá dijo que era cierto.