El hecho delictivo y el interés del menor

Unas recientes declaraciones del ministro de Justicia sobre los trabajos que se llevan a cabo para modificar la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), indicando que los mismos se dirigen a establecer una mayor "proporcionalidad" entre los delitos y la respuesta punitiva, llegando incluso al ingreso de determinados menores en la cárcel al cumplir los 18 años, ponen de relieve, a mi juicio, el error de concepto que en esta materia parece presidir los propósitos ministeriales; porque predicar la proporcionalidad en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores es desconocer la esencia del diferente tratamiento de los adultos (plenamente imputables) y los menores con una distinta imputabilidad (véase los arts. 19 y 69 del vigente código penal de 1995), y que por lo tanto han de tener un tratamiento penal distinto, y sobre todo, supone desatender los fundamentos en que se sustenta la LORPM, basada, entre otros textos, en lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, así como las reglas de Naciones Unidas y las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en orden a la consideración en estos procesos del llamado "interés del menor", es decir, la necesidad de determinar el castigo atendiendo no sólo al hecho delictivo, sino también a las circunstancias del autor del mismo, por lo que la comisión de un determinado hecho, por grave que pueda ser, no debería predeterminar, ni proponer, una respuesta que corresponda a los adultos plenamente imputables como es la cárcel.

Debemos reflexionar sobre la respuesta penal en general y a los menores en particular

Porque no nos engañemos, las propuestas avanzadas por el ministro suponen dar a los menores una respuesta punitiva y vindicativa cada vez mas próxima a la propia del derecho penal de adultos, para satisfacer las demandas de lo que la profesora Larrauri acertadamente llama el fenómeno de un emergente "populismo punitivo", abdicando de, o al menos relegando, los principios, al parecer políticamente incorrectos hoy día, pero evidentemente progresistas, que contiene el art. 25.2 de la Constitución Española. Afirmar, como se dice habitualmente en algunos medios como argumento, que la LORPM promueve la impunidad o que no da respuesta a la comisión de delitos muy graves, es tan falso, pues todos los delitos han sido juzgados y sancionados en tiempo breve, como olvidar que detrás de los comportamientos violentos de algunos sectores de la juventud, hay causas sociales -¿qué políticas públicas efectivas de igualdad se hacen en nuestros barrios con los sectores sociales necesitados de ayuda a la integración?-, sanitarias -¿dónde está la psiquiatría infanto-juvenil?- y educativas -¿cómo está la primaria y secundaria públicas?-, hijas todas de las políticas neoliberales del PP estos últimos años, y de la ausencia de valores como la solidaridad, al parecer no muy importantes hoy día para algunos sectores y desde luego proscritos de las parrillas de las televisiones públicas y privadas.

Pero la verdad es que, en contra de lo que se afirma, la LORPM castiga muy severamente, con hasta 13 años de privación de libertad y control por el Estado a personas que no han cumplido los 18, pero a los que el Estado, durante ese tiempo, debe proporcionar instrumentos de inserción social, laboral y de formación personal, como establece la LORPM en sus medidas.

Sin embargo, la reforma que se anuncia es para incrementar la respuesta punitiva, como modo de satisfacer el clamor (?) social, y a las víctimas, cuando a éstas hay que darles el calor solidario y el apoyo moral y material que precisen, pero no necesariamente parte en el castigo sobre todo en el modelo penal de menores, y todo ello, en lugar de analizar las causas y procurar que la propuesta del 25.2 de la Constitución sea verdaderamente posible, dotando de medios a las instituciones encargadas de la ejecución de la ley; y, además, todo esto, sin un previo análisis de la realidad de la ley en estos años, porque no se ha llevado a cabo una evaluación de sus resultados, que distan mucho de ser tan catastróficos como se pretende y que por el contrario ha facilitado la reintegración social de menores con delitos graves, lo que en vez de ser valorado positivamente ha sido denostado por los sectores sociales, que únicamente demandan mayor dureza penal, justo lo que parece que el Ministerio ahora se dispone a ofrecer.

Y si esto no basta, ¿qué se podrá hacer?. Probablemente, en esta línea punitiva, bajar la edad de intervención a edades más tempranas como los 12 años, para sustituir actuaciones de protección por actuaciones sancionadoras, o continuar incrementando la respuesta penal. Y aquí cabe otra reflexión, porque junto a la valentía del Gobierno socialista frente a la marea conservadora que se opone a reformas legales que reconocen derechos individuales, como el divorcio sin previa separación o el matrimonio (con todas las letras) de personas del mismo sexo, se entiende menos las dudas que parecen suscitar los valores constitucionales de reinserción social y de un derecho penal más humanista como el que contiene la LORPM, ante ese "populismo punitivo" que parece que va a conseguir dar continuidad a esa política penal tan conservadora que ha venido haciendo el Gobierno del PP en los últimos cuatro años de mayoría absoluta.

Confiemos en que, entre todos, y principalmente con la participación de aquellos colectivos sociales que trabajan en los barrios de nuestras ciudades con los menores y jóvenes que viven las situaciones más difíciles, a los que el Gobierno debería oír para no fallarles, seamos capaces de reflexionar sobre la respuesta penal en general y a los menores en particular, y podamos encontrar lo que el profesor Díez Ripollés, en una estupenda monografía, llama la "racionalidad de las leyes penales".

Félix Pantoja García es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Fiscal y ex fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.