Devolución
Me alarmo ante los excesos demagógicos de quienes se conformaron en la transición con lo poco de sí que dio ésta para el abigarrado conjunto de víctimas de la Dictadura, cuando observo que sacan las uñas mucho después de cuando todo esto debió zanjarse. Y me irrita todavía más profundamente que la derecha democrática española y, con ella, la valenciana se esconda en una difusa nominalidad legal para desdecirse del compromiso que en su día adoptaron las Corts Valencianes.
La primera utilidad de los documentos requisados por los vencedores al paso de la ocupación del territorio valenciano fue servir de prueba documental para condenar a miles y miles de personas por el simple hecho de haber tenido cargos políticos de elección democrática, cuando no para fabricar cuantas circunstancias pudiesen invocarse para conseguir condenas.
Con el tiempo, conocimos que, además, el archivo salmantino constituía un auténtico botín de guerra donde permanecía la amenaza latente de buscar en él nombres para impedir, con los informes que se confeccionaban sobre los mismos, la vuelta a España de exiliados que ni siquiera fueron procesados en la posguerra. En tiempos mucho más recientes, y ya en democracia, no obstante, esa documentación sirvió para que muchos investigadores tuviéramos la oportunidad de buscar entre sus copiosas carpetas, detalles olvidados de grupos políticos o de publicaciones locales del periodo republicano.
El problema suscitado desde diferentes ámbitos con las peticiones de devolución de la documentación a autonomías o ayuntamientos, a actores políticos y sindicales y a actores individuales (a veces, reivindicadas por los propios familiares) planteaba, en principio, sólo un problema de dispersión documental, algo que la tecnología puede remediar fácilmente (guardando copia de todo), para que, en todo caso, el archivo no pierda coherencia, tanto como testimonio de lo que fue el infame botín, como para que los investigadores no tengan que desplazarse a varios archivos si su investigación lo exige.
Pero el asunto de ahora mismo no es precisamente ése, porque con la aprobación de la ley que permite devolver los papeles incautados entonces en Catalunya a la Generalitat catalana, que es hoy, como entonces, el Gobierno territorial legítimo que gestiona los archivos públicos propios, la decisión unánime de las Corts Valencianes instando a la devolución del patrimonio valenciano incautado y todavía preso en Salamanca no puede ser ahora escamoteada con excusas técnicas de poca entidad y menor traza.
Nuestro autogobierno no es regalo de nadie, y su doble legitimidad (la foral, perdida por la fuerza de las armas, y la democrática, avalada por una más que solvente mayoría de valencianos contemporáneos) le faculta para reivindicar lo propio para siempre, y recuperar aquel botín de guerra debería ser un motivo de unión y no de excusas sospechosas de mala conciencia.
Recuerdo, a propósito de esta devolución, y con la nostalgia de quienes no tienen por qué arrepentirse, cuando preparé minuciosamente -hace de eso casi ¡treinta años!- la recuperación (es decir, ir a por ellas, sin permiso, claro, y jugándonos el tipo) de las banderas arrebatadas al ejército del Arxiduc en Almansa, y la cosa no prosperó, porque no hallé colla suficiente ni apoyo de quien debía (...), y se me ocurre que para el próximo 25 d'abril sería un buen regalo del presidente Camps a esta pequeña patria, traerlas con acuerdo previo de las Corts incorporado.
