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Columna
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'Seny' y 'rauxa' de Pasqual Maragall

Antón Costas

¿Por qué se ha producido tanto escándalo y se han vertido tantas descalificaciones personales y políticas hacia Pasqual Maragall por su referencia al 3%? No puede ser por que descubriese algo que no conociésemos ya. Tampoco puede ser por el hecho de que un político de primera fila como él se haya atrevido a decir en público que el rey está desnudo, porque, en ese caso, no ha sido el primero. Recuerden cuando en su época de ministro de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, Josep Borrell reunió en su despacho a los presidentes de las grandes constructoras españolas y les dijo que se había acabado el 5%; nadie le criticó ni se escandalizó, sino todo lo contrario. Aun cuando el problema siguió existiendo.

Echándole un poco de cinismo a la cosa, casi nos podríamos alegrar porque, de creer a Pasqual Maragall, en Cataluña sólo se cobre el 3% y no el 5%, dando razón a aquellos que piensan que aquí cuidamos más el bolsillo. Aunque también es posible que la referencia al 3% responda a alguna razón cabalística profunda que hace de esa cifra un número mágico para Cataluña; de ahí el tripartito, TV-3 o Canal 33. Pero, bromas aparte, el hecho es que tenemos un problema de corrupción que recorre la vida pública catalana y daña la reputación de los políticos y la imagen de Cataluña. Eso nadie parece dudarlo.

Aun cuando la corrupción no sea una práctica generalizada, la falta de transparencia en las decisiones públicas hace que los ciudadanos y las empresas crean mayoritariamente en su existencia. Además, esto propicia que aparezcan enjambres de pillos y "conseguidores" que dedican sus energías, conocimientos y tiempo a aprovecharse en beneficio propio, convenciendo a las empresas de que la mejor manera de obtener una licencia, recalificar un terreno o lograr una licitación de obra pública es pagando una comisión que ellos se encargarán de hacer llegar a los políticos o altos funcionarios que han de tomar las decisiones.

Recuerdo cómo, hace ya bastantes años, un amigo me comentó su interés en desarrollar cierta actividad económica que requería la obtención de una licencia por parte de una institución reguladora estatal. Me dijo que un conocido despacho que se dedicaba a tramitar estos asuntos le había pedido una buena cantidad de dinero como comisión para entregar a los responsables de ese organismo y obtener la licencia. Me sorprendió lo que me contaba porque, entre otros motivos, conocía a algunos de los responsables de la institución reguladora. Le recomendé que llevase directamente él la documentación a la ventanilla del organismo público. Así lo hizo, y al poco tiempo recibió la licencia para desarrollar la actividad que quería sin pagar más que las tasas administrativas oficiales. Si hubiese pagado la comisión, nadie le hubiese podido convencer de que no había sido para sobornar a los funcionarios y políticos, sino que se la había quedado el pillo de turno.

La corrupción y la falta de transparencia en las decisiones públicas tienen efectos devastadores sobre el liderazgo político democrático y la calidad de los funcionarios, así como sobre el funcionamiento de la economía. De la misma forma que en la vida económica existe la llamada Ley de Gresham, que sostiene que cuando en una economía circulan dos monedas de desigual valor al final la moneda mala acaba desplazando de la circulación a la buena, en la vida política existe una ley similar que hace que la corrupción y la falta de transparencia acaben expulsando de la vida política y de la dirección de los partidos a la gente más honesta y eficaz y que, al final, se queden en la política las personas más corruptas e ineficientes.

Por otro lado, la corrupción y la falta de transparencia afectan al crecimiento económico y al bienestar social. Ésta es una relación que hoy está muy bien establecida por la investigación económica que se ha llevado a cabo en los últimos años. Tanto es así que existe un movimiento internacional orientado a crear instituciones para impulsar la transparencia, y algunos organismos internacionales y multinacionales condicionan ya sus créditos y fondos a que los países se comprometan a mejorar la transparencia pública.

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Como es lógico, no existen datos ciertos sobre nuestro nivel de corrupción, pero sí se puede afirmar que hoy existe en la sociedad catalana una amplia sospecha de corrupción, y que esta percepción está relacionada con la falta de transparencia de la vida política y la financiación de los partidos.

No va a ser fácil abordar este problema. En parte, aunque no sólo, porque los dirigentes de CiU corren el riesgo de enrocarse de tal forma en una defensa a ultranza de su labor de gobierno que en realidad puede acabar siendo una defensa de los pillos y deshonestos que en el pasado se han aprovechado en su nombre. Quizá una manera de facilitar que se aborde este problema sea reconocer que ese 3%, como metáfora de una práctica más amplia, no afecta a un único partido, y a partir de ahí hacer dos cosas: primera, dejar la investigación del pasado a los jueces y a la comisión parlamentaria creada; y segunda, impulsar, desde el Gobierno y el Parlament, un cambio profundo de la legislación administrativa y de la financiación de los partidos para dar transparencia a la vida pública catalana.

Para llevarlo adelante se necesita un liderazgo político que combine seny y rauxa. Porque sin rauxa, las cosas permanecerán como están o empeorarán. Pero sin seny, el riesgo es acabar rompiendo los huevos sin conseguir que cuaje el soufflé. Mi impresión es que, hoy por hoy, ese perfil sólo lo puede encarnar Pasqual Maragall. Las llamadas, a veces despectivamente, "maragalladas" son la manifestación de esa combinación de seny y rauxa. Si es así, benditas "maragalladas".

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