Mas cree que PP y PSOE rechazan desvelar las balanzas fiscales
Las recientes declaraciones del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, que se ha mostrado partidario de publicar las balanzas fiscales autonómicas siempre que las comunidades autónomas consensúen antes una metodología común de cálculo, provocaron ayer las críticas de Convergència i Unió (CiU). El presidente de esta formación, Artur Mas, exigió "transparencia" al Gobierno sobre la diferencia entre lo que Cataluña aporta y lo que percibe del Estado, y acusó al PSOE y al PP de "ponerse de acuerdo para evitar que se publiquen" las balanzas fiscales.
Según el dirigente nacionalista, los argumentos utilizados por Pedro Solbes -que ayer fueron respaldados por el ministro de Industria y primer secretario del PSC, José Montilla,- son "excusas de mal pagador". Artur Mas, que esta semana ya había lamentado que tanto los gobiernos del PSOE como los del PP se hayan resistido a publicar las balanzas fiscales, exigió que se cumpla con el mandato del Congreso de los Diputados para que el Gobierno haga pública cuál es la aportación económica de cada territorio.
Mas también pidió que el resto de los partidos políticos, en particular el PSC, expliquen cuál es su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, después de que tanto CiU como ERC han hecho públicas las suyas. Estos dos partidos sostienen que Cataluña debe continuar siendo solidaria, pero han fijado un límite máximo a esta cuota de solidaridad. En el caso de CiU, este límite es equivalente al 2% del producto interior bruto (PIB) catalán, y en el de ERC, el tope es del 1,5%. Esquerra insiste en que debe reducirse el déficit fiscal a la mitad en el plazo de 10 años.
Pero ¿a cuánto asciende este déficit? El Gobierno catalán ya ha cumplido con el compromiso que adquirió en Miravet de encargar a un grupo de expertos que lo determine. La conclusión, un déficit fiscal estructural entre los años 1986 y 2001 del 7,6% del PIB catalán, y del 9,2% en el caso del año 2001, según el criterio del flujo monetario, que imputa el gasto público en el lugar donde se realiza.
