Andalucía y la reforma de los estatutos
Si nos dejásemos llevar por los debates que impulsan la mayoría de los políticos andaluces, parecería que Andalucía es un país cuyas ratios de bienestar coinciden la media europea, donde hay pleno empleo y la marginalidad social se encuentra en mínimos históricos. Sin embargo, estamos en las antípodas de está situación idílica y la lista de problemas por resolver en nuestra comunidad sigue siendo interminable. Lo que pasa es que los representantes políticos andaluces, sean del color que sean, se dejan arrastrar sistemáticamente -hasta los que se confiesan nacionalistas- por el debate que se genera en Madrid y, una y otra vez, caen en la trampa.
Estas últimas semanas asistimos, estupefactos, al lamentable espectáculo que está dando buena parte de la clase política española y andaluza en torno al plan Ibarretxe, detrás del cual lo que único que se oculta -o más bien intentan ocultar algunos con aviesas intenciones- es la reforma del Estatuto de Guernica, impulsada por los partidos que conforman el Gobierno Vasco: PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, con el sorpresivo apoyo, o no, de tres parlamentarios abertxales.
Desde el PSA queremos aportar una gota de racionalidad, en medio de este océano de ruido que viene de Madrid azuzado por el españolismo del PP, para subrayar que el procedimiento utilizado es el recogido en el propio Estatuto Vasco, que es una ley orgánica aprobada por el Congreso de los Diputados y, por tanto, está ajustado a la legalidad. Tampoco es discutible su legitimidad, pues emana de la voluntad de los representantes del pueblo vasco, al ser aprobado -como contempla el Estatuto- por la mayoría absoluta de la cámara vasca. ¿A qué viene entonces tanta alarma? ¿No será que los grandes partidos estatales, y sus facciones más españolas, encuentran en este subasteo nacionalista la oportunidad de conseguir réditos políticos?
Queda claro que estamos ante un proceso de reforma legal y legítimo, que tiene perfectamente establecido su "iter" procedimental, por lo que una vez aprobado por el Parlamento vasco debe ser aprobado o rechazado por el Congreso. Hasta ahora es un procedimiento impecable, y denota un cambio de sensibilidad con respecto a la composición plural del estado español, que difiere mucho de la actitud intransigente de la derecha. Por ello, en el PSA entendemos que nadie debe rasgarse las vestiduras porque los pueblos que conviven en España quieran plantearse su futuro y su presente. Cualquiera otra visión de la situación llevaría a una concepción franquista del estado y chocaría con la visión de España que consagra la Constitución de 1.978.
Este ruido desmedido no tiene razón de ser y viene del "Santiago cierra España" que grita la derecha ultramontana, el PP, para levantar los fantasmas de la desmembración. Porque es necesario decirlo claro: no existe peligro de grave conflicto social ni de fractura territorial. Estamos ante un proceso legal que tendrá soluciones legales y salidas políticas. El PNV es un partido de orden, siempre lo ha sido, y su "plan" no deja de ser un órdago que intenta captar el voto abertxale y que, además, se ha visto debilitado por la oferta Batasuna /ETA de negociación y desarme, que ojalá sea fructífera.
Pero volvamos al centro de nuestro interés, Andalucía. ¿Puede afectarnos el Plan Ibarretxe?. Rotundamente no. Simplemente porque el proyecto de reforma del Estatuto Vasco, como hemos comprobado tras la exposición del lehendakari en el Congreso de los Diputados, no va a ser aprobado. Punto y final.
Si hablamos del contenido del plan Ibarretxe, y no del proceso ni de las reacciones alrededor suyo, tenemos que decir que pretende una estructura del estado asimétrica con una combinación confederal Euskadi-España inaceptable, porque inaceptable es para el PSA que los hechos diferenciales amparen situaciones de privilegio de unas comunidades o nacionalidades con respecto a otras, provocando discriminaciones en virtud de sistema de financiación o ámbito competencial. No olvidemos que la Constitución de 1978 ya recoge un concierto económico para Euskadi y Navarra que llevamos soportando veinticinco años.
Estamos ante los primeros escarceos del debate sobre la estructura territorial del estado, y el proceso de reforma vasco trae mas ruido que agua comparado con el catalán, que viene con un caudal intensísimo. En Cataluña llevan años trabajando sobre ello, se han rodeado de los mejores especialistas y su ponencia parlamentaria está desarrollándose desde hace meses, mientras en Andalucía, desgraciadamente, aún estamos en los prolegómenos.
El proyecto catalán será el que marque las diferencias y el que va a asentar la próxima estructura territorial del estado español, profundizando en la descentralización y en la autofinanciación, objetivos que el PSA comparte. El problema es que sus propuestas no son para todos, sino sólo para ellos y para algunos elegidos. La revisión de la Constitución va a ser el segundo intento de determinadas comunidades o nacionalidades para traducir sus hechos diferenciales lingüísticos o culturales en hechos diferenciales políticos o financieros y ahí, con todo el respeto, nos van a tener diametralmente en contra.
Andalucía se ganó a pulso el 28-F el derecho a llamarse nacionalidad histórica, a ser primus inter pares y nuestros gobernantes tienen la obligación de hacer valer el peso político de Andalucía en la Carrera de San Jerónimo y en las cúpulas de sus partidos. No podemos volver atrás, tenemos que estar en la vanguardia del proceso. Es necesario agilizar los trabajos sobre la reforma de nuestro estatuto, y que no sea un mero maquillaje, sino una reforma a fondo en el ámbito competencial, aunque para ello haya que plantear la federalización de la constitución.
No se trata de ir contra Euskadi o Cataluña, sino a favor de Andalucía. No se trata de desmembrar nada, sino de aumentar el bienestar de los andaluces y las andaluzas. Pero cuidado, debe haber espacio para otros debates dirigidos a la consecución de una gobernanza efectiva, que asegure la buena gestión de los recursos, la participación real de los ciudadanos en la toma de decisiones y, en resumen, la obtención de beneficios para sociedad.
Pedro Pacheco Herrera es secretario general del PSA
