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Reportaje:

Delincuentes con placa

46 funcionarios de la policía y la Guardia Civil fueron detenidos en 2004 por casos de corrupción

La muerte de un policía en Vicálvaro el pasado fin de semana destapó un turbio asunto de mafia policial que preocupó a las autoridades. El agente muerto intentaba cometer un secuestro por cuenta de unos delincuentes colombianos. El policía no trabajaba solo y, al parecer, según van dando cuenta las investigaciones, contaba con la colaboración de al menos otro compañero. La noticia tenía ese carácter siniestro que ofrecen aquellas informaciones en las que los policías actúan como delincuentes profesionales.

Ambos policías llevaban una doble vida y necesitaban unos ingresos extra para financiarla, un hecho que se puede explicar fácilmente: con 180.000 pesetas al mes de sueldo (1.081 euros), es demasiado complicado atender a otros gastos. ¿Sospecharon algo sus compañeros? "A toro pasado, ahora parece que todo el mundo recuerda circunstancias sospechosas alrededor de ellos, pero nadie denunció", afirma un miembro de la Unidad de Asuntos Internos. Uno de los policías llegó a estar expedientado por una falta disciplinaria, pero nadie consiguió detectar que ambos se habían convertido en delincuentes con placa y pistola. Ahora ya es tarde.

Hay 83 agentes en las unidades de Asuntos Internos, cuando serían necesarios 140

"Mala selección, peor formación y bajo salario, igual a más corrupción"

"Lo más importante es que no damos cuenta a nadie de nuestras investigaciones"

Las estadísticas oficiales sobre funcionarios policiales juzgados por corrupción no son elevadas. Dan cuenta de 18 policías juzgados en 2004 (sobre un colectivo de 49.000 funcionarios) y 28 guardias civiles (sobre 69.000). Apenas registran un leve incremento respecto al año anterior. Son cifras que no permiten hablar de un problema serio de corrupción. Sin embargo, ¿son eficaces las unidades de asuntos internos? ¿Hay garantías de que el sistema sea capaz de detectar casos graves de corrupción?

Sobre ese punto, los expertos policiales reconocen que hay que mejorar el sistema, sobre todo por los riesgos que supone el enorme incremento de la delincuencia organizada en España en los últimos cinco años. Las posibilidades de que las mafias traten de contaminar a funcionarios policiales son cada vez más evidentes y sobre ese punto hay documentos de Europol que alertan de ese peligro. Ante esa amenaza creciente, las dotaciones de las unidades dedicadas a investigar los casos de corrupción policial no son suficientes o no gozan de una total autonomía, caso de la Guardia Civil.

El número de policías destinados a las unidades de Asuntos Internos de la policía asciende a 83 funcionarios, cuando el catálogo de plantillas efectuado en 2002 señalaba que serían necesarios para este trabajo alrededor de 140 agentes. En cuanto a la Guardia Civil, su servicio de asuntos internos está peor dotado. El instituto armado no da cifras sobre efectivos dedicados a estas tareas, pero los sindicatos advierten de que es una cantidad muy inferior a la dedicada por la policía y además cuestionan su imparcialidad: algunas unidades trabajan en las propias comandancias territoriales y sólo atienden denuncias efectuadas por jefes de unidad. ¿Quién denuncia si hay un mando implicado? "En una institución tan jerarquizada, siempre hay un mando superior a otro", responde una fuente de la Guardia Civil.

Las unidades de asuntos internos son una realidad relativamente reciente en los cuerpos policiales españoles. La unidad de la Guardia Civil se creó en 1991 y la de la policía unos años antes. Ambas nacieron como consecuencia de graves problemas de corrupción en ambos cuerpos. La policía vivió sus años más negros a mediados de los 80, cuando se destapó el caso Nani y el caso Banesto. Ambos estaban ligados a la actuación de un grupo de agentes de la Brigada Provincial de Madrid. Esos agentes tenían un sentido muy particular de la eficacia policial: torturaron a un delincuente (Santiago Corella, alias El Nani) hasta matarle y luego hacer desaparecer su cadáver, e incluso organizaban y participaban en un gran atraco, en este caso una sucursal de Banesto, para luego implicar a otros delincuentes en el suceso.

La Guardia Civil vivió su particular via crucis con el caso Roldán y la guerra sucia contra ETA. Luego estalló otro gran escándalo en 1992 por el caso UCIFA, una unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico. Varios agentes y mandos de la Guardia Civil fueron acusados y condenados por desviar droga para pagar a confidentes y organizar operaciones de narcotráfico para luego aumentar sus estadísticas.

Aquellos fueron los casos más graves y su denuncia sirvió para modificar algunas conductas nocivas instaladas en los cuerpos de seguridad. Pero el mapa de la delincuencia organizada en España era entonces muy diferente al actual. Ahora los riesgos son más altos y ningún cuerpo policial está libre de un gran escándalo, a pesar de las cifras oficiales. "Mala selección, peor formación y bajo salario, igual a más corrupción", advierte José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del sindicato policial SUP, preocupado por las consecuencias futuras del incremento de plantillas a que se está viendo sometida la policía para paliar su escasez de efectivos. Para Fornet, los bajos sueldos, claramente por debajo de los policías locales o autonómicos, además de un régimen laboral que prohíbe el pluriempleo, no son el mejor atractivo para los jóvenes.

"Donde antes formábamos a 900 policías por año, ahora sacamos a más de 4.000. Los criterios de selección no son los mismos porque hay un estado de necesidad y una masificación", comentaba una fuente de Interior, quien reconoció que, no hace mucho tiempo, se descubrió que uno de los alumnos tenía antecedentes penales. "Las academias se están poblando de jóvenes de extrema derecha y de gente que no sabremos cómo se va a comportar cuando le den una placa y una pistola", apunta un comisario con gesto de preocupación. "Quizás estemos sacando malos policías a la calle", dice un colega suyo, "pero ahora no hay otra manera de aumentar una plantilla que es escasa y se estaba quedando muy vieja".

Ante esta perspectiva poco halagueña, aunque las estadísticas no sean preocupantes, sí se reconoce una necesidad de incrementar la unidad de asuntos internos e incluso de reforzar su independencia y hacerla depender de la subdirección general operativa y no de la división de personal.

En un local de Madrid, tras una estrecha puerta sin vestigios de membrete alguno, sin nada a su alrededor que delate que se trata de un departamento oficial, está la sede de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Dentro, el decorado cambia radicalmente: los despachos son modernos y están bien iluminados. "No somos gente antipática ni oscura", advierte un inspector, sabedor de que hay un estereotipo sobre el investigador de asuntos internos. "Al principio, investigábamos a policías que abusaban de las bajas psicológicas o que hacían pluriempleo. La gente decía de nosotros que nos dedicábamos a perseguir taxistas porque ese era uno de los oficios que más hacían algunos policías fuera de sus horas de trabajo".

"Con el tiempo, nuestro trabajo está más dedicado a la corrupción. Nosotros atendemos denuncias por vía oficial, por vía particular o por cuenta propia. Y lo más importante es que no damos cuenta a nadie hasta que el asunto está ya muy avanzado. Somos autosuficientes para todo, para hacer nuestros viajes, intervenciones telefónicas o vigilancias. Ésta es una unidad central que se desplaza por toda España. Exigimos a nuestros miembros integridad, discreción y profesionalidad".

Todos los agentes son de libre designación. "No somos policías que investigan a compañeros", matiza el agente. "Somos policías que investigan como cualquier policía, pero operamos contra un delincuente que tiene un condicionante: conoce nuestras técnicas de investigación". Les han prometido más efectivos. El año pasado trataron 90 casos y llevaron al juzgado 18. El año nuevo les ha deparado una desagradable sorpresa en Vicálvaro. Nadie supo denunciar a tiempo.

Un sindicato anticorrupción

El caso Roldán propició la creación del primer sindicato en la Guardia Civil, llamado en sus orígenes Coproper y ahora denominado Asociación Unificada de Guardias Civiles. En sus estatutos, el sindicato señala como uno de sus fines el de cooperar "desinteresadamente en la averiguación y esclarecimiento de acciones de tipo corrupto en el seno de la institución, ejerciendo en dichos casos la acción popular". A diferencia de otros sindicatos policiales, éste toma iniciativas en dicho sentido por encima incluso de la unidad de asuntos internos.

La prueba de ello es que dicho sindicato presentó una demanda a principios de diciembre ante la Audiencia Nacional según la cual pone en conocimiento del juez la existencia de un grupo mafioso dedicado al narcotráfico en la misma comandancia de Melilla y con ramificaciones en otras comandancias del sur de España, caso de Almería.

La demanda detalla los nombres de 15 guardias civiles, entre agentes de la escala básica y mandos de dicha comandancia. En el texto de la demanda se manifiesta "la existencia de una red de corrupción organizada y perfectamente jerarquizada en dicha Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Melilla, dedicada, al menos, al tráfico de estupefacientes mediante el aprovechamiento de la condición de guardias civiles de sus miembros (...) Nos relata, igualmente, la conexión de estos funcionarios corruptos con las mafias y redes de Melilla y las que se encuentran al otro lado de la frontera en Marruecos. Además, nos indica las conexiones y el trabajo conjunto de varios de los querellados con otros componentes del cuerpo de la Guardia Civil, que realizan las mismas funciones de represión del narcotráfico, en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería y pone de manifiesto cómo todos ellos llevan a cabo su actividad delictiva en otras provincias...". La demanda detalla con gran precisión hechos y operaciones donde, presuntamente, miembros de la guardia civil actuaban en connivencia con los narcos.

El asunto ha merecido alguna respuesta airada de los mandos en Melilla, pero el sindicato amenaza con ir hasta el fondo. El sindicato se queja de que el sistema impuesto en la Guardia Civil, además de escasamente dotado, carece de autentica autonomía y tiene dificultades para investigar aquellos casos en los que estén implicados mandos policiales. La propia Guardia Civil reconoce que Asuntos Internos actúa a requerimiento de los jefes de unidades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de enero de 2005

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