Por una devolución justa e íntegra
Tener una edad como la mía, que es la de aquellos republicanos que integramos la llamada "quinta del biberón", implica haber sido espectador o actor de numerosos acontecimientos históricos. Por eso, cuando oigo hablar de los problemas de los "papeles de Salamanca" que todavía hoy colea inexplicablemente, no puedo menos que recordar vivamente las circunstancias trágicas de los primeros meses del año 1939, en que las fuerzas de ocupación -que así se autodenominaban- empezaron a crear ese problema. Quiero decir que no soy capaz de hablar de ello, ni de oír hablar, como de una simple cuestión técnica. También me choca la adopción por parte de los "blindadores" del almacén policial, hoy pomposamente llamado "Archivo General de la Guerra Civil de España", de la pintoresca expresión "unidad de archivo" que tanto nos suena a los catalanes a aquello de la "unidad de destino en lo universal".
La única "unidad" que existe en ese archivo, por lo que hace referencia a la documentación catalana reclamada, es la de su procedencia: toda ella es fruto de la expoliación que Cataluña sufrió al ser ocupada por Franco y su régimen. Es fruto, pues, de la política represiva franquista contra Cataluña de la posguerra inmediata. Fue una política que provocó que centenares de miles de personas tuvieran que huir al exilio; que docenas de miles de personas fueran detenidas y encarceladas; que se celebraran miles de consejos de guerra sumarísimos, con miles de ciudadanos condenados a muerte, más de tres mil de los cuales fueron ejecutados previo el preceptivo "enterado" del general Franco. Fue una ola represiva que vino acompañada por un intento de genocidio cultural contra Cataluña que algunos prefieren ignorar aun hoy. Y finalmente, culminó en la abolición del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que a su vez comportó la desaparición del Gobierno autónomo catalán y la incautación de esa parte de su documentación que los franquistas encontraron y que hoy está en Salamanca junto con gran parte de la documentación privada e institucional de la Cataluña republicana. Habiendo vivido ese periodo trágico de represión de la inmediata posguerra, no me cabe en la cabeza que alguien no abiertamente franquista y anticatalán pueda oponerse hoy a la devolución de los "papeles de Salamanca" a los archivos catalanes de donde nunca debieron salir.
Es interesante remarcar que en la "unidad" del archivo, en lo que se refiere a la documentacion catalana, se encuentran documentos privados que en el año 1936 fueron incautados por los anarquistas de la FAI al asaltar algunos domicilios, como en el caso del líder del partido de centro-derecha catalana, Lliga Catalana, y ex ministro de la Corona, Francesc Cambó, que volvieron a ser incautados por las tropas franquistas en 1939. Hasta ahora se ha seguido negando la devolución de estos documentos a los herederos del Sr. Cambó. Cambó hizo donación al Estado de varios cuadros destinados al Museo del Prado. Pero hasta hoy el Estado se ha negado a devolver a su hija los documentos privados de su padre. He aquí una situación escandalosa e inaceptable.
Durante años albergamos la esperanza de que con la recuperación del régimen democrático y autonómico se recuperaría también la documentación confiscada por el franquismo, mucha de la cual poco o nada tenía que ver con la guerra civil, siendo de épocas muy anteriores. ¿La podíamos recuperar toda? No lo sabíamos con seguridad porque algunos investigadores que habían conseguido trabajar en el archivo-almacén nos informaban del deficiente trato que recibía la documentación que era cualificada de "rojo-separatista" por los "guardianes" del recinto.
Hablando del trato deficiente hacia los archivos, no podré olvidar nunca que tras la muerte de Franco personajes como el ministro Rodolfo Martín Villa ordenaron la destrucción de los archivos de las organizaciones del "Movimiento". Así, en el año 1977, poco antes de celebrarse las primeras elecciones democráticas, se destruyó en Barcelona el gran archivo del Movimiento Nacional de la provincia, sito en la calle Mallorca, donde existía documentación muy importante sobre la represión sufrida por Cataluña por su orden.
Interesado desde siempre por la cuestión de la conservación de los archivos, cuando fui senador -el mes de diciembre de 1977- hice una interpelación al Gobierno de Suárez sobre la destrucción de los archivos, que, a pesar de la recuperación de un régimen democrático, continuaban produciéndose. Propuse la creación de una comisión que se ocupara de salvarlos y organizarlos. No tuvo éxito mi iniciativa.
Paralelamente, con motivo de ese mismo debate, como senador, me interesé por la documentación catalana existente en el almacén-archivo de Salamanca, mientras que Antoni de Senillosa, como diputado, también hacía gestiones en el mismo sentido con la aprobación explícita de Fraga Iribarne. Los dos hablamos con los ministros de Cultura de ese periodo, Ricardo de la Cierva y Soledad Becerril. Ambos expresaron su opinión que sería justo que esa documentación fuera devuelta a la recién recuperada Generalitat. Y que así se haría.
Por tanto, este tema de los "papeles de Salamanca" lo arrastramos desde 1978, hace, pues, más de veinticinco años. Ante esta evidencia, es lógico que no podamos esperar más. Por eso pido que no se admitan más demoras en la actuación de la comisión creada y espero que la decisión final que deba tomar el Gobierno español sea la devolución íntegra de todo lo que se expolió. Para conseguir que se haga justicia, confío plenamente en el criterio y en la tarea realizada por la admirable Comissió de la Dignitat, que con tanta tenacidad y objetividad defiende el derecho no sólo de los expoliados, sino de todos los que queremos y amamos la democracia, la ética archivística y el respeto entre los pueblos. El apoyo de centenares de intelectuales y catedráticos de todo el mundo lo avala.
Josep Benet es historiador.
