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El plan se financiará con el presupuesto de la Agencia Tributaria, sin dotación económica específica

Lucía Abellán

"Tenemos medios muy importantes [en la Agencia Tributaria] para aplicar el plan". Con esta frase zanjó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el debate sobre la financiación de las más de 300 medidas contenidas en el plan de prevención del fraude. El responsable de Hacienda aseguró que la Agencia cuenta con 27.600 personas a su servicio y un presupuesto de 1.200 millones de euros, "más que el Ministerio de Justicia y más que el de Exteriores", explicó. La obligación de este organismo, en palabras de Fernández Ordóñez, es "utilizar bien esos recursos".

La mayor parte de las medidas incluidas en el plan son organizativas, aunque también habrá algunas que requieran cambios normativos, que se realizarán bien con una ley específica cuando sea necesario o por decretos ley. Con carácter general, el plan comenzará a aplicarse en 2005.

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En el aspecto organizativo, Hacienda quiere reforzar la colaboración policial, convencida de que las técnicas policiales son las más efectivas contra el fraude. Sin aclarar si se creará una policía fiscal específica, el ministerio quiere extender a otras áreas la cooperación mantenida en los últimos años con el Servicio de Vigilancia Aduanera, principalmente en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, pretende recurrir a este personal especializado y a otras fuerzas de seguridad para investigar el fraude en diferentes impuestos.

Fernández Ordóñez insistió en que es necesario introducir un cambio de mentalidad en la Agencia Tributaria y "pasar de la oficina a la calle". Eso implica potenciar la faceta investigadora del fraude en detrimento de la mera comprobación de datos.

Otro giro en la estrategia consistirá en primar el cobro de la deuda detectada. Hasta el momento, según los responsables de la Agencia, se ha puesto mucho énfasis en el fraude descubierto, pero la cantidad que llega a recuperarse es en muchos casos pequeña. Así, se reforzarán las medidas cautelares destinadas a asegurar el cobro de lo defraudado, con seguimiento, por ejemplo, del patrimonio del defraudador.

Antes de ser aprobado definitivamente, el borrador se somete desde ahora a información pública y su redacción final podrá incluir algunas de las sugerencias realizadas. El texto completo figura en la página de Internet de la Agencia Tributaria (www.aeat.es), con un apartado específico para sugerencias.

A la espera de analizar con detalle el documento, los inspectores lamentaron ayer que Hacienda haya presentado el borrador sin remitírselo previamente a ellos. "Esta forma de hacer las cosas indica el espíritu", señaló el presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, a Servimedia. Peláez trasladará al secretario de Estado de Hacienda una valoración más completa del proyecto mañana, en una reunión que mantendrán en el Ministerio de Hacienda.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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