El Gobierno chileno indemnizará a las víctimas de Pinochet estremecido por "tanto horror"

El presidente de Chile, Ricardo Lagos, que se declaró estremecido, anunció un conjunto de medidas de reparación para cerca de 28.000 personas torturadas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y dio a conocer el Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que describe el "horror" de la política institucional del Estado de Chile, dirigida a mantener sojuzgada mediante el terror a la población. Muchos trabajaron ayer a media máquina en Chile leyendo en Internet el informe, en especial su capítulo quinto, sobre las torturas, una entrada al infierno de las cárceles de Pinochet.

Lagos dijo que los relatos de los testimonios de las víctimas "estremecen". Su lectura, añadió, "me ha conmovido como les conmoverá a ustedes; he sentido muy de cerca la magnitud del sufrimiento, la sinrazón de la crueldad extrema, la inmensidad del dolor". Sin eufemismos, afirmó carecer de respuesta para "explicar tanto horror", aunque sí para entender por qué hubo 30 años de silencio antes de conocer esta realidad del Chile de Pinochet: "Sin duda, por el miedo".

De los 35.000 testimonios entregados a la comisión, que presidió un obispo católico, ésta aceptó 28.000 y revisará la situación de los 7.000 casos que no calificaron. La primera reparación para las víctimas ha sido que se sepa la barbarie que sufrieron. Como los daños persisten hasta hoy y fueron cometidos por agentes del Estado, el Gobierno anunció medidas de reparación. Entre ellas, la creación de un Instituto de Derechos Humanos, otras simbólicas de reconocimiento sin "producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas", afirmó Lagos, e individuales, con una pensión mensual equivalente a 144 euros, cuyo coste será de 60 millones de dólares anuales, estudios y salud gratuitos para las víctimas.

Con tono descriptivo, el informe, de más de 1.300 páginas, narra casos que ilustran los métodos de tortura, sin identificar el nombre de las víctimas en cada caso ni tampoco el de sus torturadores, que serán conocidos dentro de 50 años, aunque incorpora una lista de todos los que declararon a la comisión. Critica a la Corte Suprema por abdicar en la dictadura de su misión de impedir los abusos, "con funestas consecuencias", y también a la prensa, porque favoreció el clima de impunidad, aunque recuerda que hubo 230 periodistas, de medios de izquierda, que sufrieron prisión política.

El informe, que puede encontrarse en la web oficial del Ejecutivo (www.gobiernodechile.cl), señala que las torturas fueron practicadas por las fuerzas armadas, las policías y los aparatos represivos de la dictadura, aunque la responsabilidad es "de una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época".

Los testimonios señalaron 1.132 recintos donde se practicaron torturas y el informe identifica a 802 en todo el país, aquéllos de uso más prolongado. "Se torturó en forma sistemática para obtener información, castigar y gobernar por el miedo", sostiene el informe.

Catálogo del horror

El catálogo del horror de la dictadura remite a las oscuridades del alma humana. Entre los métodos que señala el informe están las palizas reiteradas, lesiones corporales deliberadas, aplicación de electricidad, amenazas a parientes, colgamientos en posiciones dolorosas, simulacros de fusilamiento, violencia sexual, agresiones sexuales con animales, prácticas de ruleta rusa, presenciar torturas y ejecuciones de otros detenidos, asfixia seca, con bolsas en el rostro, y húmeda, en toneles con líquidos, exposición a temperaturas extremas... Muchos quedaron con secuelas permanentes.

Un hombre detenido en una zona campesina relata que el interrogatorio iba precedido de martillazos que destrozaron las uñas de cada uno de sus dedos. A una mujer, detenida en el regimiento Tucapel, mientras le aplicaban electricidad en la vagina, pezones y oídos, le llenaron su boca con excremento de animal. "Yo andaba con la regla, y así y todo también fui violada en tres oportunidades", contó. A otra mujer, detenida en el regimiento Arica de La Serena, además de violarla, ponerle pentotal, darle palizas y aplicarle electricidad, le colocaron en el suelo "con las piernas abiertas, y ratones y arañas fueron instalados y dispuestos en la vagina y ano".

La mayoría de las reacciones en el oficialismo fueron de solidaridad con las víctimas y crítica a quienes no han asumido su responsabilidad. En las organizaciones de las víctimas y abogados de derechos humanos, aunque se reconoció la importancia del informe, hubo reproches al monto de la reparación y a que no se dieran a conocer los nombres de los torturadores.

Entre los militares, el documento encontró en mejor pie al Ejército, cuyo jefe, general Juan Emilio Cheyre, afirmó estar dispuesto a trabajar por la reconciliación, en el tono de su declaración previa, cuando reconoció la responsabilidad de su institución en los crímenes. En cambio, los jefes de la marina y fuerza aérea no se pronunciaron. La derecha quiso eludir el impacto, y el líder del partido que estuvo más cercano al pinochetismo afirmó que los civiles que participaron en el gobierno militar "no tienen de qué arrepentirse ni avergonzarse".