Despotismo administrativo
Las sociedades han de administrarse. Es la política, según Aristóteles, la administración de los asuntos públicos (aunque, en ocasiones se adentre inopinadamente en lo privado). Cuanto más cercana al ciudadano, mejor; más ajustada será a las cosas y preocupaciones de la vida. Aunque, también, puede ser la más canalla; la que más interfiere en lo privado. Ocurre en pequeñas poblaciones: "Linde no hay más que una, y es la que marcó mi padre", pudiera ser un caso. Dramas locales que todos hemos conocido, y aún se dan. Hablo, en cualquier caso, de la gestión municipal, tan poco considerada en esta fase de la democracia en España. Cuanto más cercana, más sensible, estimo, y, a la vez, más espinosa.
Con Franco se celebraban los 20 años de paz, vade retro. Ahora (¿esto es radicalmente otra cosa?) celebramos las bodas de plata de nuestras autonomías y de nuestros ayuntamientos. Es lo justo. Las personas y familias que vivimos en este país nos sentimos identificadas y reconfortadas al hacerlo. Es algo que sí nos toca y lo celebramos, no aquella paz de degüello. Veinticinco años de ayuntamientos democráticos nos han cambiado la vida, el día a día. No hay más que mirar nuestro entorno cotidiano.
A la celebración de ese 25º aniversario acudió el Rey a Vitoria. Honra este hecho a los municipalistas, y honra especialmente a la instancia más alta del Reino. Municipalismo y Monarquía se encuentran al fin. Municipalismo que en España fue propugnado por el progresismo, y, luego, por la izquierda reformadora de los Indalecio Prieto y los Azaña. Aquel municipalismo exigía una autonomía respecto de las instancias gubernamentales, contra la propuesta de ley de 1840, en que Interior nombraría los alcaldes y el ayuntamiento resultaría un mero órgano consultivo. Tuvo como resultado la quizá primera gran revuelta liberal en el XIX frente a otros liberales, progresistas frente a moderados: María Cristina debió ceder la regencia a Espartero como consecuencia de aquella revuelta.
Hoy las cosas son muy distintas. Pero el fondo, en parte, permanece. Los ayuntamientos siguen sin gozar de autonomía. Ahora por falta de unos ingresos razonables. Y no los tienen porque no forman parte de ningún sistema bien articulado de redistribución de las haciendas públicas. A cambio, nos dan el catastrazo, y nos enfadan. Natural. En un sistema racional de finanzas públicas, se debiera contar con los ayuntamientos. No a través de un caritativo Fofim (del que dependía hasta hace poco el 90% de los presupuestos municipales en Álava; ayudas excesivas o carentes según dónde).
Y, hablando de autonomía y otros artilugios de administración de los asuntos públicos, de la política, quizá va siendo hora de asumir ¿y actuar en consecuencia? que el paisito es, con sus cuatro parlamentos, uno de los territorios en los que mayor injerencia gubernamental (lo que Tocqueville llamó "despotismo administrativo") se da. Tenemos, cierto, cuatro parlamentos. Uno, hace leyes, el Parlamento vasco; los demás, las Juntas, establecen normas forales (leyes, al fin y a la postre). Pero la vida ¿los dineros? va por otro lado. Según la LTH y la práctica cotidiana, tenemos un Consejo Vasco de Finanzas (confederación de ejecutivos establecido por ley y al que nadie controla), que decide las Aportaciones de cada provincia al Gobierno vasco y negocia los Conciertos (ambos, origen de duras tensiones), múltiples acuerdos sobre infraestructuras, empleo, planes de ordenación territorial, inversiones y fiscalidad sobre la instalación de empresas en el territorio, etc., de las que nunca tienen noticia las instancias legislativas. Con el tiempo se ha ido tejiendo una tupida red de acuerdos entre gobiernos que cumplen las funciones de un Ejecutivo confederal no sometido a control parlamentario alguno, si no es el de la simple ratificación.
Del mismo modo que se han confederado los Ejecutivos vascos (vieja práctica foral), deben hacerlo los Legislativos. ¿Comisiones interparlamentarias, algún equivalente al Consejo Vasco de Finanzas? Vicarios tiene La Cosa. Pero, antes o después, todo esto debe resolverse por el bien del ciudadano.
